Uno de los factores claves para que la pandemia de Covid-19 no haya podido contenerse en el país, pero particularmente en Oaxaca, es la apatía ciudadana para aplicarse las medidas de prevención. Como lo hemos publicado en nuestras páginas, de manera gráfica, adultos y jóvenes transitan por las calles, mercados, parques o plazas, sin hacer uso del cubrebocas o lo hacen de manera incorrecta. Operadores de taxis foráneos y autobuses urbanos, que están emplazados a cumplir con la sana distancia y la obligada fumigación de sus unidades, lo han echado en saco roto. Hay quienes cumplen con la sana distancia al interior de las unidades de pasaje urbano, pero en el caso de los taxis que llevan y traen pasajeros de manera colectiva, simplemente ignoran las restricciones. Y lo hacen de manera abierta, ante la ausencia de filtros sanitarios.
Desde el domingo pasado, un día antes de entrar en semáforo naranja, el gobernador Alejandro Murat aplaudió la responsabilidad y disciplina con la que la ciudadanía de las regiones del Istmo de Tehuantepec y de la Cuenca del Papaloapan, había asumido la aplicación de las medidas sanitarias y el aislamiento total voluntario, a las que días antes les había convocado para enfrentar la pandemia, reducir el número de contagios, y con ello poder avanzar en el semáforo de riesgo epidemiológico establecido por las autoridades sanitarias de la Federación. Y ello ocurrió a raíz de que tanto Juchitán de Zaragoza, como Tehuantepec y Salina Cruz en el Istmo, así como Tuxtepec, en la Cuenca, habían registrado un incremento considerable en los contagios y defunciones a causa de este virus.
En el mensaje, el ejecutivo estatal lanzó el reto: “40 días por Oaxaca”, para que todas y todos los oaxaqueños usemos cubrebocas de manera correcta y permanente en espacios públicos y al interactuar con otras personas, además de seguir ejerciendo las medidas de higiene y prevención como el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y, de ser posible, quedarse en casa. Esperamos que la sociedad cumpla, habida cuenta de que está probado, incluso por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Panamericana de Salud (OPS), lo han reconocido, que es la única forma en la que se pueden evitar más contagios y muertes. En Oaxaca ya rebasamos los 10 mil 900 contagios y nos acercamos a los 1 mil decesos, que no es poca cosa, sino una situación preocupante. A aquello que las autoridades han apelado, es a acotar la apatía ciudadana.
Inoperancia y corrupción
En la más absoluta discrecionalidad, dado que no se publicitó alguna agenda previa, compareció, el pasado inicio de semana, ante el Congreso del Estado, el Fiscal Especial Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas. Ahí dio a conocer que existen más de 4 mil 900 denuncias y casos de presunta corrupción. Sin embargo, de nueva cuenta abordó el asunto de la falta de presupuesto y personal, dejando entrever la constante durante su cargo: arremeter en contra de la Fiscalía General del Estado, a quien señala de no otorgarle el recurso necesario para su operatividad. Es importante subrayar que ésa ha sido la dinámica de dicha Fiscalía desde su creación a la fecha. En lo que se refiere a resultados la cuestión está a la vista: no hay detenciones, ni consignaciones ni, mucho menos, procesos resarcitorios, de lo que se culpa a que no hay jueces especialistas en extinción de dominio. Se trata de la parte institucional y de una Fiscalía que, se presume, debe tener autonomía, presupuesto y operatividad propia, no como apéndice de otra dependencia.
Son de todos ya conocidas las dependencias que están hoy en día en el ojo del huracán por presuntos actos de corrupción. Nada nuevo aportamos con repetir siglas y datos. Lo que hay que destacar es que ni la Fiscalía ni los organismos ciudadanos, como es el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, han dado pie con bola. Hay que recordar que, desde el pasado, el castigo al saqueo del erario público se fijó como tarea pendiente, pero se quedó a medias. Se detuvo sí, a ex funcionarios del gobierno anterior, de los cuales sólo uno está privado de la libertad, sin que Fiscalía u otros órganos hayan ido al fondo del asunto. Ni el gobierno de Gabino Cué (2010-2016) ni en lo que va del de Alejandro Murat, se ha cumplido a la ciudadanía en la detención de los responsables de corrupción y peculado. En estos temas, que involucran a servidores públicos, la impunidad campea.
De ahí que más que quejas, lo que se espera es que con los recursos que tiene la Fiscalía creada para tal efecto, opere. No es ni profesional ni ético en tareas de gobierno –y eso va para todos los niveles- culpar a los demás, ya sean anteriores o de al lado, de los errores y la ineficiencia actual. El pueblo oaxaqueño espera resultados no ficciones ni promesas. Existen las instancias de auditoría, supervisión y control, que pueden desentrañar las irregularidades y consignarlas posteriormente a las instancias competentes.
