Tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Oaxaca está de luto. Fue en nuestra ciudad en marzo de 2001 cuando un importante grupo de académicos, activistas de la sociedad y editores, auspiciados y alentados por EL IMPARCIAL, suscribieron la Declaración de Oaxaca, en el marco de un seminario nacional sobre derecho de la información y reforma democrática, convocado por distintas organizaciones.
La Declaración de Oaxaca constituyó un precedente nacional porque la participación social representó la mejor garantía de que la confección de una ley de acceso a la información pública tendría como parámetro de referencia el ciudadano, quien es, al final de cuentas, la razón de ser de la organización del Estado. Si el conjunto de ciudadanos no defiende su derecho como mandante difícilmente alguien habrá de hacerlo.
Con la apertura de información las democracias se consolidan, los Estados generan confianza y los ciudadanos son quienes tienen el poder de su gobierno.
En la era del acceso a la información que se inició formalmente hace 23 años en Oaxaca, académicos y organismos no gubernamentales signaron un documento a favor de una Ley de Acceso a la Información, bajo la premisa de que nada podría entenderse sin esta movilización que desde la misma sociedad se engendró: plasmar como derecho fundamental la apertura de la información impulsada por el Grupo Oaxaca.
La transparencia es un indicador de avance democrático. Se expresa en la capacidad de los gobiernos de informar honesta y claramente a la ciudadanía sobre su quehacer, la forma en la que gastan los recursos públicos y los resultados que obtienen. Pero también se refleja en el compromiso por encontrar fórmulas que armonicen, en beneficio del interés público, el derecho de acceso a la información y las posibles causas de reserva.
Hoy se ha asestado un golpe mortal contra todos los esfuerzos para hacer realidad que la información pública le pertenece a las personas; se cancela la posibilidad de cumplir la obligación de entregar a las personas la información que posee el Estado y sus procesos que deben ser ágiles, sencillos y a costos mínimos.
Órganos autónomos
Uno de los principales argumentos que suelen esgrimirse para la desaparición de órganos autónomos es el costo que representan para el Estado. Los críticos sostienen que estos organismos duplican funciones de otras instituciones y aumentan el gasto público. No obstante, esta perspectiva ignora el valor que estos entes aportan a la sociedad. Aunque el mantenimiento de organismos autónomos puede tener un costo, su eliminación podría resultar mucho más cara en términos de pérdida de confianza, inestabilidad y deterioro de las instituciones democráticas.
La desaparición de órganos autónomos implica también la concentración de poder en manos del gobierno, lo que puede debilitar los pesos y contrapesos necesarios en una democracia funcional. Sin estos organismos, el Ejecutivo podría tomar decisiones sin las restricciones que imponen instituciones independientes, facilitando la toma de decisiones unilaterales y dejando a la sociedad en una posición de vulnerabilidad frente al poder del Estado.
Se extinguen siete órganos autónomos como son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Además de lo anterior, se tiene contemplado la eliminación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
La desaparición de órganos autónomos en un sistema democrático representa una preocupación significativa, ya que estos organismos, por definición, actúan de manera independiente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los órganos autónomos se encargan de funciones clave como la transparencia, la protección de derechos, la regulación económica y la organización de elecciones, entre otras.
