La investigación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, continúa extendiéndose y ahora alcanzó a otra integrante de la estructura municipal. Rosa Alejandra N., quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar del Ayuntamiento, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento.
La determinación fue emitida por un juez de Control, luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, relacionados con la presunta participación de la funcionaria en hechos posteriores al homicidio del exedil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
La imputada fue detenida el pasado 29 de octubre en Uruapan, mediante una orden de aprehensión. Tras la audiencia, el juez determinó imponerle prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
El nuevo procesamiento representa otro movimiento relevante en un expediente que ha involucrado a servidores públicos, integrantes de corporaciones policiales y presuntos miembros de una organización criminal.
LOS VÍNCULOS FAMILIARES, BAJO LA LUPA DE LA FISCALÍA
Entre las líneas de investigación que rodean a Rosa Alejandra N. se encuentran sus presuntos vínculos familiares con personas relacionadas con el caso.
De acuerdo con la información del expediente, su hijo Alejandro N. se desempeñaba como policía municipal y formaba parte del equipo de escoltas de Carlos Manzo.
El hombre también fue detenido y señalado por su probable responsabilidad bajo la figura de comisión por omisión. Posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México.
También aparecen mencionados Christian N., alias El Vikingo, y Alexis N., identificado con el sobrenombre de El Brilloso, sobrinos de la funcionaria y relacionados con las investigaciones.
Sin embargo, las responsabilidades individuales deberán determinarse mediante los procesos judiciales correspondientes. Los señalamientos de la Fiscalía no equivalen por sí mismos a una sentencia condenatoria.
34 PERSONAS DETENIDAS POR EL ASESINATO DE CARLOS MANZO
El expediente ha sumado detenciones de personas presuntamente relacionadas con la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio.
Entre ellas destaca Samuel N., exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, a quien las autoridades señalan por presuntamente proporcionar información sobre los movimientos del entonces presidente municipal al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
También figura Alejandro N., quien formaba parte del equipo de seguridad del exalcalde y enfrenta señalamientos por su posible responsabilidad en los hechos.
En las investigaciones relacionadas con la estructura criminal aparece Ramón Ángel N., alias El R1, identificado como presunto líder de la organización conocida como Los Rs, vinculada al CJNG. Las autoridades lo señalan como posible autor intelectual del asesinato.
Otro de los detenidos es Jorge Armando N., alias El Licenciado, a quien se atribuye presuntamente la coordinación del ataque perpetrado durante el Festival de las Velas. De acuerdo con las investigaciones, habría recibido una oferta de dos millones de pesos por su participación.
UNA INVESTIGACIÓN QUE SIGUE ALCANZANDO A SERVIDORES PÚBLICOS
La vinculación a proceso de la exsecretaria del Bienestar vuelve a colocar bajo escrutinio los posibles nexos entre personas vinculadas al Ayuntamiento de Uruapan y quienes habrían participado en el asesinato de Carlos Manzo.
El caso también plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad que rodeaban al exalcalde y el posible uso de información interna para facilitar el ataque.
Aunque las autoridades reportan 34 personas detenidas, el número de capturas no significa que todas tengan la misma responsabilidad ni que la investigación esté concluida.
Por ahora, Rosa Alejandra N. permanecerá en prisión preventiva mientras la Fiscalía reúne más elementos para esclarecer los hechos que se le atribuyen.
A casi un año del asesinato, la exigencia central sigue siendo conocer quiénes planearon el crimen, cómo se facilitó su ejecución y hasta dónde llegaron las posibles redes de colaboración dentro de las estructuras de seguridad y gobierno municipal.
