La política económica del Gobierno Federal ha frenado diversas inversiones en el país, afectando principalmente a los proyectos eólicos y poniendo en riesgo la operación de nuevos parques en la región del Istmo.
Durante los primeros meses del 2019, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló la licitación de la línea directa de transmisión eléctrica desde el sur de Oaxaca al centro del país, acción que dejó en claro que la federación no apuesta por la energía limpia.
Años previos a la llegada de las transnacionales a la región del Istmo, ex funcionarios del Gobierno del Estado arrendaron tierras a nombre de las empresas que representaban en esos momentos, obligando a los propietarios de las mismas a firmar bajo el engaño de otorgarles grandes beneficios por ello.
Políticos istmeños, sobre todo los de aquellos municipios en donde serían instalados los proyectos eólicos, se disputaron con ferocidad las candidaturas para las alcaldías a sabiendas de las grandes ganancias que ofrecían en esos momentos las empresas eólicas.
Las autoridades municipales de Santo Domingo Ingenio, Unión Hidalgo, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, y Juchitán fueron los principales beneficiados, al recibir varios millones de pesos como pago por los permisos por el cambio de uso de suelo y de construcción, principalmente.
Recursos que recibieron de manera directa y que no fueron comprobables ante la federación y el estado, por lo que el destino de los mismos aun se desconoce en su mayoría.
Las autoridades municipales, propietarios de predios, dirigentes políticos y funcionarios del Gobierno del Estado, han jugado un papel importante durante las consultas ciudadanas, lo que he permitido que las empresas transnacionales instalen sus parques eólicos en el Istmo sin problema alguno.
El engaño
Para calmar las voces de rechazo, los representantes de las empresas eólicas anunciaron que implementarían proyectos de beneficio social, por lo que parte de las ganancias por la generación de energía eléctrica serían destinadas para obras en los municipios en donde tienen presencia.
Los dueños de las tierras ubicadas en Santo Domingo Ingenio y Juchitán, -entre ellos los integrantes del Comité Regional de Propietarios de los Parques Eólicos del Istmo “Chiguezee”- exigieron a los representantes de las empresas eólicas la entrega directa de los recursos de los proyectos de Beneficio Social.
Argumentando que los aerogeneradores se encuentran instalados en sus tierras y no en las del municipio, por lo que el pueblo no tiene derecho a recibir recurso alguno.
Luego de diversas acciones de presión, los propietarios de los predios lograron que las empresas eólicas cedieran, por lo que actualmente reciben un beneficio económico extra que se suma a los pagos por arrendamiento.
Las empresas eólicas están obligadas a pagar y reparar a los arrendadores de las tierras daños a cercos, afectaciones a los caminos de terracería, la muerte de animales y otras situaciones que se generen en el momento.
Por su parte, integrantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, detectaron la firma de contratos leoninos que beneficiaban solamente a las empresas eólicas, dejando a los campesinos en la indefensión, sobre todo aquellos que no pertenecen a la organización de propietarios de predios.
Luego de diversos procesos legales y amparos, lograron que las autoridades encargadas del proceso legal ordenaran la cancelación de los contratos firmados con las empresas eólicas por violar los derechos de los propietarios de las tierras.
Con la llegada de los parques eólicos, se dio el nacimiento de organizaciones que se oponen a la instalación de los mismos, lo que ha provocado enfrentamientos con resultados funestos por la muerte y lesiones de un sinnúmero de personas.
En San Dionisio del Mar, los integrantes de la Asamblea del Pueblo en Defensa del Territorio, obligaron a la empresa “Mareña Renovable” a desistir de instalar aerogeneradores en la Barra de Santa Teresa.
Además de no permitir la elección de sus autoridades municipales desde hace más de tres trienios, a quienes culpan de ser cómplices de las transnacionales.
Esto luego de que durante la última administración municipal priista recibieron varios millones de pesos por el cambio de uso de suelo y permisos, por lo que hasta la fecha tienen en su poder las instalaciones del palacio municipal.
En la agencia municipal Álvaro Obregón, los integrantes de la misma Asamblea del Pueblo tampoco permitieron la instalación de aerogeneradores en sus tierras y se han opuesto a diversos proyectos, entre ellos la construcción de una carretera hacia la comunidad de Santa María del Mar, población que se ubica en la Barra de Santa Teresa y se encuentra incomunicada desde hace más de diez años debido a un conflicto limítrofe con San Mateo del Mar y por la instalación de un proyecto eólico en sus tierras.
Los beneficios que otorgan las empresas eólicas solamente son para un pequeño porcentaje de la población, lo que ha permitido que en la región del Istmo existan nuevos ricos y un poco más de millonarios como lo han expresado los
“antieólicos” en sus asambleas.
En el 2018 en la región del Istmo se contaba con 1200 aerogeneradores instalados en 21 parques eólicos, los cuales se encuentran a cargo de 11 empresas, quedando pendientes por entrar en funciones otros parques más.
