Una detención en la Séptima Sección de Juchitán terminó en una jornada de tensión que incluyó un enfrentamiento, bloqueos en la carretera Transístmica y la detención de nueve personas.
El conflicto comenzó durante la tarde del martes, cuando elementos de la Policía Estatal detuvieron a un trabajador de una empresa financiera en las inmediaciones del Mercado de Mariscos.
De acuerdo con familiares, vecinos y compañeros del detenido, el hombre se dedicaba al cobro de préstamos y llevaba dinero relacionado con esa actividad. Los inconformes sostienen que los agentes interpretaron la posesión del efectivo como un posible caso de cobro de piso.
Cuando otra persona intervino para cuestionar la detención, también fue asegurada.
LA MOVILIZACIÓN ESCALÓ
Familiares, vecinos, amigos y mototaxistas acudieron al C4, en El Espinal, para exigir información y la liberación de los detenidos.
La protesta derivó en un enfrentamiento con policías. Los manifestantes denunciaron el uso de gas pimienta y presuntas agresiones físicas. Posteriormente, el número de personas detenidas aumentó hasta nueve.
Ante la falta de acuerdos, los inconformes trasladaron la protesta a las principales vialidades y bloquearon el crucero de Juchitán, Canal 33 y el punto conocido como IMECA, provocando afectaciones en la carretera Transístmica.
Después de aproximadamente cinco horas de movilización, ocho personas recuperaron su libertad, mientras otra permaneció bajo custodia, según los manifestantes.
LIBERADOS DENUNCIAN GOLPES
Tras recuperar su libertad, algunos de los detenidos denunciaron haber sido agredidos durante su aseguramiento y traslado.
Frente a sus familiares, señalaron que fueron golpeados en la cara y distintas partes del cuerpo presuntamente con la culata de armas de fuego. También aseguraron que recibieron patadas mientras permanecían en el piso y que les fueron sustraídos celulares y carteras.
Los afectados mostraron lesiones que atribuyeron al uso de la fuerza policial.
Sin embargo, estas acusaciones todavía deben ser investigadas y acreditadas. Hasta el momento no existe una resolución oficial que determine responsabilidades por las presuntas agresiones.
Los inconformes anunciaron que presentarían las denuncias correspondientes para que se investigue la actuación de los elementos involucrados.
LA AUTORIDAD ASEGURA QUE HUBO DROGA
La versión oficial sobre la primera detención es distinta.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante el operativo fueron aseguradas dosis de presunta droga y que la persona detenida estaría relacionada probablemente con diversos hechos delictivos registrados en la región.
En su comunicado, la dependencia señaló:
“La persona detenida será puesta a disposición de la autoridad competente, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho.”
La autoridad también sostuvo que mantendrá el operativo de seguridad en Juchitán y municipios de la región.
“La actuación de los cuerpos de seguridad se desarrolla con apego a los protocolos establecidos y pleno respeto a los derechos humanos.”
La dependencia agregó que cualquier inconformidad relacionada con la intervención policial deberá ser presentada ante las instancias correspondientes para su revisión.
DDHPO ABRE QUEJA POR POSIBLES ABUSOS
Ante los señalamientos de golpes y malos tratos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició una queja de oficio para investigar lo ocurrido.
El organismo informó que un equipo multidisciplinario acudirá a Juchitán para entrevistar a las posibles víctimas y recabar información sobre las detenciones.
También realizará valoraciones médicas y psicológicas.
La Defensoría advirtió que:
“Cualquier acto de violencia, abuso de autoridad o trato cruel, inhumano o degradante en contra de una persona detenida debe ser investigado de manera pronta, imparcial, exhaustiva y con perspectiva de derechos humanos”.
El organismo señaló que dará seguimiento a las diligencias y determinará las acciones correspondientes conforme a los resultados de la investigación.
SEGURIDAD, PERO TAMBIÉN RENDICIÓN DE CUENTAS
El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de las corporaciones de seguridad en Juchitán, donde habitantes han expresado en distintas ocasiones preocupación por la violencia y los operativos policiales.
El punto central ahora será esclarecer qué ocurrió durante la primera detención, si existió sustento legal para el aseguramiento y si el uso de la fuerza empleado posteriormente se ajustó a los protocolos.
La existencia de presunta droga deberá ser acreditada ante la autoridad competente, mientras que las denuncias de golpes, robo de pertenencias y malos tratos deberán ser sometidas a una investigación independiente y sustentadas con pruebas.
Por otra parte, la propia autoridad estatal sostuvo que mantendrá su postura de cero impunidad y legalidad. En tanto, la Defensoría ya inició las diligencias para determinar si hubo posibles violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, el caso deja así dos exigencias simultáneas: garantizar la seguridad en una región golpeada por la violencia y evitar que los operativos terminen en abusos contra ciudadanos detenidos.
