La violencia registrada durante agosto en Oaxaca vuelve a colocar bajo escrutinio el discurso oficial sobre la reducción de los homicidios y, particularmente, la estrategia de seguridad implementada en Juchitán.
Mientras el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, ha sostenido que el estado avanza hacia mejores condiciones de seguridad y que el denominado Plan Juchitán está dando resultados, una serie de hechos violentos recientes muestran un escenario mucho más complejo.
El contraste no se limita al número de víctimas. También alcanza la manera en que algunos homicidios aparecen —o no— en los registros oficiales, una situación que genera interrogantes sobre la precisión de las estadísticas utilizadas para medir la violencia en la entidad.
CUATRO MUERTOS Y UN REPORTE OFICIAL SIN HOMICIDIOS
La noche del viernes 7 de agosto, un ataque armado ocurrido en Juchitán dejó dos hombres muertos. Posteriormente, durante la persecución de los presuntos responsables, perdieron la vida otros dos involucrados.
De acuerdo con la información disponible, estos últimos resultaron ser menores de edad.
El episodio dejó un saldo de cuatro personas fallecidas, pero el problema estadístico surgió al día siguiente: el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no contabilizó homicidios para Oaxaca en esa jornada.
De haberse incorporado los cuatro casos al registro correspondiente, Oaxaca habría aparecido entre las entidades con mayor número de víctimas de homicidio ese día, junto con Colima en segundo lugar y solamente por debajo de Michoacán, según los datos referidos.
La discrepancia abre una pregunta que va más allá de una cifra: ¿cómo se está construyendo el registro de la violencia en Oaxaca y cuánto tiempo pasa entre un asesinato y su incorporación a las estadísticas oficiales?
No necesariamente toda diferencia estadística implica ocultamiento deliberado. Puede existir rezago, reclasificación o errores en el proceso de integración de los datos. Sin embargo, cuando los números oficiales no coinciden con hechos ampliamente reportados, la explicación resulta indispensable para evitar que las estadísticas terminen alejándose de la realidad que enfrentan las comunidades.
OCHO DÍAS DESPUÉS, DOS MASACRES SACUDEN OAXACA
El viernes 14 de agosto volvió a quedar marcado por la violencia.
Ese día se registraron al menos siete homicidios en diferentes hechos, incluidos dos ataques colectivos ocurridos prácticamente de manera simultánea.
En San Pedro Amuzgos, región de la Sierra Sur, hombres armados ingresaron a una vivienda de la colonia Leyes de Reforma y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior.
Tres personas —entre ellas una mujer— murieron en el lugar.
Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para establecer el móvil e identificar a los responsables. Hasta el momento del reporte no se habían informado detenciones.
TRES ASESINADOS EN ZANATEPEC
Ese mismo día ocurrió otro ataque en Santo Domingo Zanatepec, en el Istmo de Tehuantepec.
Sujetos armados irrumpieron en un centro social y dispararon contra varias personas cuando disfrutaban de una fiesta. El resultado fue de tres personas asesinadas y una lesionada.
Entre las víctimas mortales se encontraban dos hermanos.
Nuevamente, la magnitud del hecho contrastó con el registro estadístico difundido posteriormente, pues el SESNSP reportó tres homicidios para Oaxaca, pese a que los acontecimientos documentados apuntaban a un número mayor de víctimas.
Si se consideran los tres asesinatos de Amuzgos y los tres de Zanatepec, solamente esos dos ataques representan seis personas privadas de la vida en una misma jornada, a las que se suma al menos otra víctima de un hecho distinto.
“NOSOTROS NO OCULTAMOS VÍCTIMAS NI CIFRAS”
El contraste adquiere mayor relevancia por las declaraciones realizadas previamente por Jesús Romero López al referirse a la situación de seguridad en Juchitán.
El funcionario afirmó de manera contundente:
“Nosotros no ocultamos víctimas ni cifras, porque son vidas y son familias las que se ven afectadas.”
Romero López reconoció además que la violencia había registrado un nuevo repunte en la zona y lo relacionó con las confrontaciones entre grupos criminales.
“Particularmente en este mes hemos tenido el desarrollo de un pico nuevamente, derivado pues de detenciones de células delictivas y grupos criminales que se están confrontando por el control de este espacio.”
La declaración resulta relevante porque el propio funcionario admitió la existencia de un periodo de incremento de la violencia, aunque defendió que la tendencia general del homicidio había disminuido.
“Es una batalla permanente lograr la paz de Juchitán.”
Y agregó:
“Los delitos no son los mismos que había antes y lo puedo comprobar. Hay un descenso.”
El problema es que los acontecimientos posteriores obligan a mirar esas cifras con mayor cautela y a distinguir entre una reducción estadística y una pacificación efectiva y sostenible.
ROMERO ADMITE QUE LOS HOMICIDIOS EXISTEN Y HABLA DE REACOMODOS CRIMINALES
Este lunes, durante una conferencia de prensa y al ser cuestionado sobre la violencia desatada durante el fin de semana, Romero López defendió nuevamente la estrategia de seguridad, pero reconoció que los homicidios continúan y que existen movimientos y confrontaciones entre grupos delictivos.
El secretario sostuvo que los operativos desplegados por la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Defensa y la Marina han permitido realizar detenciones de integrantes de células delictivas, así como decomisos de drogas, armas y otros objetos relacionados con actividades criminales.
Según explicó, estas acciones estarían relacionadas con una tendencia favorable en los indicadores de violencia letal.
“Los datos de este año tienen una tendencia favorable.”
Romero López destacó particularmente el comportamiento registrado durante julio.
“Tan solo en julio se registraron 56 víctimas, la cifra más baja del 2026.”
Sin embargo, también admitió que el descenso estadístico no significa que el problema haya desaparecido.
“¿Hay homicidios? Sí hay, …no los podemos negar.”
EL GOBIERNO ATRIBUYE EL REPUNTE A REACOMODOS ENTRE GRUPOS
Romero López explicó que las recientes agresiones estarían relacionadas, en parte, con los movimientos generados después de detenciones de integrantes de organizaciones criminales.
Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en la región de la Costa, donde, según su versión, después de detenciones de alto impacto se habría producido una articulación de otros grupos hacia Putla Villa de Guerrero.
El funcionario relacionó estos movimientos con el asesinato de tres personas ocurrido en un domicilio.
“Es decir, son reacomodos, son situaciones de nuevas competencias que generan entre células delictivas y situaciones que vulneran la estabilidad de estos municipios y de estas zonas.”
La explicación oficial plantea así un escenario en el que las acciones de seguridad estarían provocando movimientos dentro de las estructuras criminales, con nuevos enfrentamientos por espacios de control.
Pero esta interpretación también deja abierta otra interrogante: si las detenciones y decomisos están provocando reacomodos violentos, ¿cuánto tiempo será necesario para que esas acciones se traduzcan en una disminución efectiva de los ataques contra la población?
EL ISTMO, UNA ZONA QUE PREOCUPA AL GOBIERNO
El propio secretario reconoció que el incremento de homicidios ocurrido durante los últimos días en el Istmo representa un motivo de preocupación para las instituciones de seguridad.
“En el caso del Istmo, señalar también que tenemos una tendencia, veníamos sosteniendo una tendencia muy positiva, pero el incremento de homicidios registrados durante los últimos días es preocupante para todas las instituciones.”
Romero López atribuyó nuevamente este comportamiento a las detenciones de alto impacto que se han realizado en la región, aunque insistió en que el Gobierno no está minimizando los hechos violentos.
“No estamos minimizando ningún hecho en ninguna de las regiones del Estado.”
El funcionario aseguró que los resultados del Plan Juchitán y de Oaxaca Segura han permitido reducciones en otros delitos.
“Los resultados del Plan Juchitán y Oaxaca Segura, aquí los pueden observar tan solo en un delito, en los demás tenemos descensos del 40%, pero aún persisten los grupos delictivos que buscan generarle daño a la población.”
La propia admisión de que los grupos criminales continúan operando constituye uno de los principales desafíos para una estrategia que busca consolidar la seguridad en el Istmo.
EL PROBLEMA NO ES SOLO LA CIFRA: ES LA CONFIANZA
La discusión sobre las estadísticas no debería reducirse a determinar si existe o no una intención de ocultar homicidios.
El verdadero problema es que cualquier inconsistencia en los registros oficiales termina afectando la confianza pública.
Si un ataque deja cuatro muertos y el registro correspondiente aparece sin homicidios; o si una jornada con al menos siete víctimas termina contabilizada con tres, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió durante el proceso de registro.
Puede tratarse de una diferencia temporal, una reclasificación, una falla de captura o un criterio estadístico distinto. Pero cualquiera de esas posibilidades debe explicarse.
De lo contrario, las llamadas cifras negras —aquellos delitos o víctimas que no aparecen oportunamente en las estadísticas— terminan distorsionando la dimensión real del problema.
LA PACIFICACIÓN TODAVÍA ENFRENTA SU PRUEBA MÁS DIFÍCIL
El propio Romero López ha reconocido que el proceso no está concluido.
“No hemos concluido la primera fase.”
Esa afirmación adquiere especial peso frente a los acontecimientos recientes.
La estrategia de seguridad todavía tendrá que demostrar que puede traducirse en algo que las familias puedan percibir cotidianamente: menos asesinatos, menos ataques armados, mayor capacidad de prevención y una respuesta efectiva ante quienes generan violencia.
Porque la paz no se mide únicamente por el número de detenidos o decomisos anunciados. También se mide por la posibilidad de que una familia pueda salir de casa sin temor a quedar atrapada en un enfrentamiento.
Y mientras las cifras oficiales y los hechos registrados en las calles sigan sin coincidir plenamente, la narrativa de una Oaxaca cada vez más segura seguirá enfrentando una pregunta incómoda: ¿qué tan lejos está realmente la pacificación que se anuncia de la realidad que viven sus habitantes?
El propio discurso oficial reconoce que existen homicidios, que persisten células delictivas, que el Istmo atraviesa un repunte preocupante y que los reacomodos criminales pueden generar nuevos episodios de violencia.
Por ello, el verdadero desafío no será solamente sostener una tendencia estadística favorable, sino conseguir que esa disminución sea visible en las calles, verificable en los registros y, sobre todo, perceptible para las familias que viven en las regiones donde la violencia continúa golpeando.
