La violencia contra periodistas en Oaxaca vuelve a encender las alarmas. A pocos días del asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, una nueva amenaza de muerte fue denunciada públicamente en la región del Istmo de Tehuantepec, ahora contra Rey David Jiménez García, director del medio Salina Cruz Sin Censura.
El comunicador informó que recibió una llamada telefónica en la que un hombre lo habría intimidado directamente y le advirtió sobre posibles consecuencias si continuaba con su actividad periodística.
El mensaje, de acuerdo con la denuncia pública realizada por Jiménez García, fue contundente:
“Si sabes que somos aquí gente del Cromo y de aquí del presidente, o qué rollo, ya te comió la lengua cabrón, nada más ándate por la sombrita porque ya la muerte te susurra al oído cabrón”.
La amenaza ocurre en un contexto especialmente delicado para la prensa oaxaqueña, luego del asesinato de Alejandro Leyva Aguilar. Hecho que ha incrementado la preocupación entre periodistas de la entidad por su seguridad y por las condiciones en las que ejercen su profesión.
UNA AMENAZA DIRECTA Y UN MENSAJE DE INTIMIDACIÓN
La llamada denunciada por Rey David Jiménez no se limitó a una advertencia genérica. El mensaje hizo referencia a personas vinculadas, según quien realizó la llamada, con “el Cromo” y con “el presidente”.
Sin embargo, hasta el momento, la información disponible no permite establecer quién realizó la llamada. Quién ordenó la amenaza o si las personas mencionadas tienen alguna participación en ella.
Por esa razón, uno de los principales retos de una eventual investigación será identificar el origen de la comunicación, determinar la identidad de quien habló con el periodista y establecer si detrás de la intimidación existe algún actor político, grupo de poder o particular.
La gravedad del mensaje radica en que no se trata únicamente de una confrontación verbal: contiene una advertencia explícita de muerte dirigida contra un comunicador en ejercicio de su profesión.
EL PERIODISMO DEL ISTMO, BAJO PRESIÓN
El caso vuelve a colocar al Istmo de Tehuantepec en el centro de la discusión sobre las condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo.
Los comunicadores de la región trabajan en un entorno donde convergen conflictos políticos, sociales y comunitarios. Además de intereses económicos y disputas locales. En ese escenario, las amenazas pueden convertirse en un mecanismo de presión para limitar la cobertura informativa.
El problema de fondo no es únicamente la seguridad personal de un periodista. Cuando un comunicador es intimidado para que deje de informar, también se restringe el derecho de la población a conocer lo que ocurre en su comunidad.
Por ello, la investigación de este tipo de casos debe determinar no solamente quién hizo la llamada, sino también qué información o trabajo periodístico pudo haber motivado la intimidación.
SINMCO EXIGE INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN
Tras conocer la denuncia, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) condenó públicamente las amenazas y exigió una respuesta inmediata de las autoridades.
La organización sostuvo que el ataque pretende “silenciar su labor periodística y vulnerar la libertad de expresión en la región del Istmo de Tehuantepec”.
El sindicato pidió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) iniciar las investigaciones correspondientes y utilizar herramientas tecnológicas y periciales para identificar el origen de la llamada.
También solicitó la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Así como de las autoridades de seguridad estatales, para implementar medidas destinadas a proteger al periodista y a su familia.
PIDEN INVESTIGAR CUALQUIER POSIBLE LÍNEA POLÍTICA
El pronunciamiento sindical también elevó el nivel de la denuncia al pedir que se investigue cualquier posible relación entre la amenaza y actores políticos.
El SINMCO señaló que respalda el señalamiento público realizado por el periodista respecto del presidente municipal Daniel Méndez Sosa y pidió que las autoridades ministeriales investiguen cualquier línea relacionada con servidores públicos que pudieran intentar utilizar el poder para intimidar a la prensa.
No obstante, se trata de un señalamiento que deberá ser investigado y acreditado por las autoridades competentes. Hasta que exista una investigación que determine responsabilidades, no puede afirmarse que el presidente municipal o algún integrante de su administración haya participado en la amenaza.
La exigencia central es precisamente que ninguna línea de investigación sea descartada de antemano y que las autoridades determinen quién está detrás de la intimidación.
DESPUÉS DE UN ASESINATO, OTRA ALERTA
La denuncia de Rey David Jiménez adquiere una dimensión todavía mayor debido al reciente asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar.
La sucesión de hechos ha generado preocupación entre integrantes del gremio periodístico, particularmente porque una amenaza de muerte aparece nuevamente en el escenario mientras permanece presente el impacto del homicidio de otro comunicador.
En este contexto, las autoridades enfrentan el desafío de evitar que las amenazas sean tratadas como simples conflictos entre particulares y determinar oportunamente si constituyen agresiones relacionadas con el ejercicio periodístico.
La falta de resultados ante este tipo de denuncias puede contribuir a un escenario de mayor vulnerabilidad para los comunicadores y generar un efecto de autocensura.
“NO SE MATA LA VERDAD MATANDO PERIODISTAS”
El SINMCO aseguró que dará seguimiento jurídico y en materia de derechos humanos al caso. Además afirmó que no dejará solo al periodista ni a su medio.
En su pronunciamiento, el sindicato lanzó un mensaje que resume la dimensión del problema:
“¡No se mata la verdad matando periodistas!”
La frase adquiere especial relevancia frente a una amenaza que, de confirmarse como un ataque relacionado con el ejercicio periodístico, no sólo afectaría a Rey David Jiménez y a su familia, sino que representaría una agresión contra la libertad de expresión.
Ahora corresponde a las autoridades investigar la llamada, identificar a los responsables y determinar si existe una conexión con las actividades periodísticas del comunicador.
En un estado marcado por agresiones contra periodistas, la diferencia entre una amenaza ignorada y una amenaza investigada puede ser determinante.
