La diputada federal del Partido del Trabajo, Martha Aracely Cruz Jiménez, busca llevar ante la Secretaría de Gobernación las amenazas que, según denunció, ha recibido después de cuestionar decisiones del gobierno de Oaxaca y participar en gestiones relacionadas con el conflicto político de San Juan Mazatlán.
La legisladora solicitó una audiencia con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para exponer lo que considera un escenario de riesgo y solicitar atención ante la falta de confianza que, afirmó, mantiene hacia funcionarios estatales.
Cruz Jiménez aseguró que ha recibido mensajes en redes sociales con advertencias de que podrían “levantarla” y causarle daño. Como respaldo de su denuncia, dijo conservar capturas de pantalla de las publicaciones.
La diputada sostuvo que actualmente se siente desprotegida y cuestionó la respuesta de las autoridades encargadas de garantizar su seguridad.
AMENAZAS TRAS SU PARTICIPACIÓN EN EL CONFLICTO DE SAN JUAN MAZATLÁN
El origen del conflicto que la legisladora relaciona con las amenazas está vinculado, entre otros asuntos, con su intervención en San Juan Mazatlán, municipio indígena de la región Mixe donde persiste una disputa por el reconocimiento de autoridades municipales.
Cruz Jiménez afirmó que decidió acompañar las gestiones de autoridades electas que buscan acceder a recursos federales correspondientes al municipio.
Uno de los personajes centrales del litigio es Esteban Santiago Aguilar, quien se ostenta como presidente municipal electo y ha reclamado el reconocimiento de su triunfo. El conflicto ha derivado en movilizaciones y bloqueos carreteros, entre ellos uno registrado en junio sobre la carretera Transístmica.
La controversia también ha llegado a instancias electorales, donde se han presentado recursos relacionados con la elección municipal.
PONE BAJO LA LUPA EL MANEJO DE RECURSOS
Además de la disputa política, la diputada ha cuestionado la administración de recursos federales destinados a los municipios oaxaqueños.
Según sus señalamientos, los recursos involucrados en el caso de San Juan Mazatlán rondarían los 130 millones de pesos, aunque el monto y su ejercicio requieren ser acreditados mediante información oficial y mecanismos de fiscalización.
Cruz Jiménez también cuestionó la operación de los comisionados municipales en Oaxaca y advirtió que la falta de reglas claras sobre sus atribuciones y mecanismos de vigilancia podría generar espacios para posibles irregularidades.
Entre los recursos que mencionó se encuentran participaciones y aportaciones federales correspondientes a los ramos 28 y 33, destinados a diferentes necesidades y servicios municipales.
El señalamiento plantea una cuestión de fondo: quién administra los recursos de una comunidad cuando existe una disputa sobre el reconocimiento de sus autoridades y qué controles existen para garantizar que el dinero público llegue a su destino.
ACUSA PRESIONES Y SEÑALA A FUNCIONARIOS ESTATALES
La diputada también afirmó que durante las gestiones relacionadas con San Juan Mazatlán se registraron reuniones canceladas o modificadas con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.
De acuerdo con su versión, además habría recibido presiones para dejar de acompañar las demandas de las autoridades municipales.
En este contexto, Cruz Jiménez responsabilizó públicamente al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y al gobernador Salomón Jara Cruz, de cualquier agresión que pudiera sufrir.
Se trata de acusaciones formuladas por la legisladora que deberán ser investigadas y, en su caso, sustentadas ante las autoridades correspondientes. Hasta ahora, el señalamiento por sí mismo no acredita la participación de los funcionarios mencionados en las amenazas.
TAMBIÉN HA CUESTIONADO AL GOBIERNO DE JARA
Las advertencias que denuncia Cruz Jiménez se producen después de una serie de confrontaciones políticas con la administración estatal.
Durante 2026, la legisladora y otra integrante del Partido del Trabajo han señalado presuntos casos de nepotismo, corrupción e intimidación en Oaxaca, además de cuestionar las condiciones de seguridad en el estado.
En febrero, Cruz Jiménez también pidió la intervención de autoridades federales por un caso relacionado con presunto maltrato a menores bajo cuidado del DIF Oaxaca, al considerar que sus denuncias no habían recibido una respuesta adecuada a nivel estatal.
Estos antecedentes explican el contexto político en el que ahora solicita la intervención de la Secretaría de Gobernación, pero no permiten establecer por sí mismos quién estaría detrás de las amenazas que asegura haber recibido.
CUESTIONA RESPUESTA DE SEGURIDAD
Cruz Jiménez señaló que en algún momento se le ofreció seguridad debido al contexto de violencia que enfrenta Oaxaca, pero afirmó que perdió la confianza en funcionarios estatales.
También relató que elementos de la Guardia Nacional tuvieron un primer contacto con ella, aunque posteriormente, según su versión, dejaron de responder sus llamadas y mensajes.
La situación plantea interrogantes sobre los protocolos de protección para funcionarios y representantes populares que denuncian amenazas, particularmente cuando sostienen que las instituciones estatales no les generan confianza.
Por ello, la diputada pretende exponer directamente su caso ante Gobernación y solicitar que se evalúe el nivel de riesgo en el que se encuentra.
“YO NO ME VOY A CALLAR”
Pese a las amenazas que asegura haber recibido, Cruz Jiménez afirmó que continuará con sus denuncias y que no abandonará el acompañamiento a las autoridades municipales que soliciten su intervención.
“Yo no me voy a callar”, sostuvo la legisladora.
Ahora corresponderá a las autoridades federales determinar si existen elementos que permitan acreditar las amenazas, identificar a los responsables y establecer las medidas de protección necesarias.
Más allá de la disputa política, el caso coloca nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de quienes participan en conflictos municipales y denuncian posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.
Mientras no exista una investigación que determine responsabilidades, las acusaciones deberán mantenerse bajo el principio de presunción de inocencia; pero las amenazas denunciadas tampoco deberían ser minimizadas, particularmente en un estado donde los conflictos políticos y comunitarios han derivado en episodios de violencia.
