Una mujer identificada como Guadalupe “N” quedó en prisión preventiva tras ser señalada por su probable participación en una red de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada, investigación en la que también está involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La detención representa un nuevo avance en una investigación federal que comenzó con el hallazgo de decenas de ferrotanques con combustible presuntamente subdeclarado y que posteriormente llevó a las autoridades a seguir una ruta de transporte ferroviario y revisar operaciones comerciales relacionadas con la importación de hidrocarburos.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República formuló la imputación contra Guadalupe “N”; sin embargo, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la determinación sobre una eventual vinculación a proceso quedó pendiente.
Mientras se desarrolla esa etapa, la mujer fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México.
LA SEÑALAN COMO APODERADA DE UNA EMPRESA INVESTIGADA
La investigación federal ubica a Guadalupe “N” como presunta apoderada legal de Ingemar S.A. de C.V., compañía que forma parte de las indagatorias por el supuesto ingreso irregular de hidrocarburos al país.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Ruffo Appel aparece relacionado con esa empresa como accionista y secretario del Consejo de Administración.
La compañía fue constituida en 2018 y posteriormente amplió sus actividades corporativas para incluir operaciones vinculadas con almacenamiento, importación, exportación y transporte de hidrocarburos, así como servicios relacionados con infraestructura ferroviaria.
La vinculación empresarial forma parte de la investigación, pero será el proceso judicial el que determine el grado de responsabilidad que corresponda a cada una de las personas señaladas.
UNA RED DETECTADA ENTRE FERROTANQUES
El caso comenzó a tomar forma después del hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila.
Las autoridades realizaron inspecciones, tomaron muestras y practicaron diversos dictámenes. Según la investigación federal, los contenedores transportaban combustible cuyo volumen habría sido declarado muy por debajo de su capacidad real.
A partir de ese hallazgo, las autoridades ampliaron sus pesquisas hacia operaciones similares detectadas en San Luis Potosí y Nuevo León.
El patrón encontrado permitió a los investigadores reconstruir parte de la ruta ferroviaria presuntamente utilizada para trasladar el combustible y posteriormente cruzar información relacionada con facturas, cartas porte, pedimentos, registros corporativos y documentación ferroviaria.
EL POSIBLE DAÑO FISCAL CRECIÓ DURANTE LA INVESTIGACIÓN
Uno de los elementos que ha cobrado mayor relevancia en el expediente es la magnitud económica que las autoridades atribuyen a las operaciones investigadas.
El cálculo inicial del daño habría superado los 100 millones de pesos, relacionado con el contrabando detectado en aproximadamente 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025.
Sin embargo, las diligencias posteriores llevaron a la Fiscalía a ampliar considerablemente esa estimación.
De acuerdo con la investigación, se detectaron más de 4 mil operaciones presuntamente irregulares durante el primer semestre de 2025, cuyo impacto económico podría superar los 4 mil millones de pesos.
La diferencia entre ambas cifras muestra cómo el expediente se ha ampliado a partir del análisis de nuevas operaciones y documentos.
YA SON NUEVE LAS PERSONAS DETENIDAS
Con la captura de Guadalupe “N”, el número de personas detenidas dentro de esta investigación llegó a nueve, según la información difundida por la Fiscalía General de la República.
Ocho de ellas ya habrían sido vinculadas a proceso, entre ellas Ernesto Ruffo Appel y otros siete imputados, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Ruffo Appel permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México, mientras continúa la investigación complementaria.
La situación jurídica de Guadalupe “N”, en cambio, todavía está pendiente de definición debido a la duplicidad del término constitucional solicitada por su defensa.
LA INVESTIGACIÓN AÚN DEBE ACREDITAR RESPONSABILIDADES
El expediente muestra una investigación que ha ido creciendo desde el hallazgo de los primeros ferrotanques hasta el seguimiento de empresas, rutas ferroviarias y operaciones comerciales.
Sin embargo, los señalamientos de la Fiscalía deben distinguirse de las responsabilidades que eventualmente sean acreditadas ante un juez.
La prisión preventiva tampoco constituye una sentencia. Guadalupe “N” mantiene su derecho a la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso y, posteriormente, establecer las responsabilidades que correspondan.
El caso mantiene bajo investigación una presunta estructura de contrabando de hidrocarburos cuyo alcance económico, de acuerdo con las autoridades federales, podría superar los 4 mil millones de pesos.
