La renuncia de Dámaso Castro Zaavedra a la Vicefiscalía General de Sinaloa puso fin a su separación temporal del cargo, pero no a los cuestionamientos que pesan sobre su trayectoria como funcionario de procuración de justicia. Su salida se produjo el pasado 5 de noviembre, después de concluir una licencia de seis meses sin goce de sueldo, solicitada en medio de acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó la renuncia durante una entrevista con medios de comunicación. Explicó que Castro Zaavedra presentó formalmente su separación de la institución una vez concluido el periodo de licencia.
Aunque el funcionario ya no forma parte de la Vicefiscalía, su salida deja pendiente una interrogante de mayor alcance: qué consecuencias tendrán los señalamientos internacionales contra servidores públicos que, desde sus responsabilidades institucionales, tenían la obligación de combatir las actividades delictivas.
SEÑALAMIENTOS QUE LO APARTARON DEL CARGO
La separación de Castro Zaavedra comenzó en mayo de 2026, cuando solicitó una licencia sin goce de sueldo para atender los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la acusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York, el exvicefiscal habría recibido pagos mensuales de aproximadamente 11 mil dólares entre 2021 y septiembre de 2024, a cambio de proporcionar protección a integrantes de Los Chapitos y filtrar información sobre operativos de seguridad.
El expediente judicial sostiene que esa colaboración habría permitido a integrantes del grupo criminal anticiparse a las intervenciones de las autoridades, trasladar objetos y destruir posibles evidencias antes de los cateos y acciones policiales.
En las presuntas listas de pagos atribuidas a la organización criminal, Castro Zaavedra habría aparecido identificado con la clave «Culiacán Regio», con una cantidad cercana a los 200 mil pesos mensuales.
Estos datos forman parte de los señalamientos contenidos en el expediente estadounidense y, por tanto, deben entenderse como imputaciones pendientes de acreditación judicial, no como hechos que demuestren por sí mismos su responsabilidad penal.
LA VICEFISCALÍA CONTINÚA SIN TITULAR DEFINITIVO
Desde que Castro Zaavedra solicitó licencia, el despacho de la Vicefiscalía General quedó bajo la responsabilidad de José Roberto Quiñónez Coronado, quien fue designado el 5 de mayo.
Sánchez Kondo confirmó que Quiñónez Coronado continúa desempeñándose como encargado del despacho, incluso después de la renuncia del anterior titular.
Hasta el momento, no se ha establecido una fecha para designar a una persona que ocupe formalmente la titularidad de esa área.
La situación mantiene abierta la discusión sobre la conducción de una de las instancias encargadas de la investigación de delitos en Sinaloa, particularmente en un contexto marcado por la violencia y los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades de seguridad y justicia.
DIEZ FUNCIONARIOS BAJO LA MIRADA DE ESTADOS UNIDOS
El caso de Castro Zaavedra forma parte de una acusación más amplia presentada el 29 de abril de 2026 por el Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Entre los nombres señalados aparecen el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el empresario y exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, así como exmandos policiales y autoridades municipales.
La acusación sostiene que los involucrados habrían participado en una presunta estructura de protección al Cártel de Sinaloa.
Los cargos generales mencionados incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como asociación delictuosa para poseer ese tipo de armamento.
En el caso de Juan Valenzuela Millán, alias «Juanito», comandante de la Policía Municipal de Culiacán, también se agregaron imputaciones relacionadas con un secuestro con resultado de muerte.
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS MANTIENEN RUTAS JUDICIALES DISTINTAS
Mientras las autoridades estadounidenses sostienen sus acusaciones, en México la investigación ha enfrentado dificultades para reunir elementos suficientes que permitan avanzar conforme a los requisitos legales nacionales.
En julio de 2026, David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, reconoció que la investigación no había alcanzado el parámetro probatorio mínimo exigido por el derecho mexicano para proceder.
Esta declaración evidenció la diferencia entre los señalamientos formulados en Estados Unidos y las condiciones jurídicas que deben cumplirse para ejercer acciones penales en México.
Por otra parte, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó en mayo el bloqueo preventivo de cuentas bancarias de las diez personas señaladas. Sin embargo, aclaró que esa medida administrativa no representa una declaración de culpabilidad y que los afectados pueden ejercer los recursos legales correspondientes.
La Fiscalía General de la República también precisó que la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición requiere condiciones jurídicas específicas y no equivale a una orden de entrega inmediata.
CASTRO ZAAVEDRA RECHAZÓ LAS ACUSACIONES
El 26 de mayo de 2026, Dámaso Castro Zaavedra acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde se presentó para atender los requerimientos relacionados con la investigación.
Al salir, rechazó los señalamientos en su contra y manifestó su inocencia ante los medios de comunicación.
Su situación contrasta con la de otros funcionarios mencionados en el mismo expediente. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo, en la garita de Nogales, Arizona.
En tanto, la supuesta entrega de Enrique Díaz Vega en Nueva York fue mencionada en reportes periodísticos, aunque no se había confirmado oficialmente en la información disponible.
UNA RENUNCIA QUE NO CIERRA EL CASO
La salida de Castro Zaavedra representa el cierre de una etapa administrativa, pero no resuelve las preguntas sobre los presuntos vínculos entre servidores públicos y estructuras del narcotráfico.
Más allá de quién ocupe ahora la Vicefiscalía, el asunto coloca nuevamente bajo escrutinio la confianza ciudadana en las instituciones responsables de investigar y perseguir los delitos.
Cuando los señalamientos alcanzan a funcionarios encargados de procurar justicia, la exigencia social no se limita a conocer sus renuncias o separaciones del cargo. También implica esperar investigaciones independientes, pruebas verificables y procedimientos transparentes que permitan establecer responsabilidades sin vulnerar el debido proceso.
Por ahora, Dámaso Castro Zaavedra dejó la Vicefiscalía, pero los señalamientos que motivaron su separación siguen formando parte de un proceso judicial y político cuyo desenlace permanece pendiente.
