La inseguridad se ha convertido en uno de los costos más pesados para quienes mantienen abierto un negocio en México. Durante 2025, alrededor de 1.4 millones de establecimientos fueron víctimas de al menos un delito, lo que significa que uno de cada cuatro negocios enfrentó algún tipo de agresión contra su patrimonio, sus trabajadores o sus operaciones.
La extorsión, el robo hormiga y el asalto o robo de bienes y dinero encabezaron la lista de delitos que golpearon al sector productivo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El problema no se limita a las pérdidas ocasionadas por los delincuentes. Las empresas también tuvieron que destinar recursos para proteger sus instalaciones, mercancías y personal, en un escenario donde la inseguridad obliga a modificar la manera de operar y representa una carga adicional para mantener los negocios en funcionamiento.
En total, se contabilizaron aproximadamente tres millones de delitos contra establecimientos durante 2025. Las pérdidas económicas y los gastos destinados a medidas de protección alcanzaron los 115 mil 100 millones de pesos.
EXTORSIÓN, EL DELITO QUE MÁS GOLPEA A LOS NEGOCIOS
La extorsión se posicionó como la principal amenaza para las unidades económicas, con aproximadamente 787 mil casos registrados y una tasa de mil 467 delitos por cada 10 mil establecimientos.
Un dato particularmente preocupante es que 91 por ciento de estos ilícitos se cometió mediante llamadas telefónicas, una modalidad que permite a los delincuentes amenazar a comerciantes y empresarios sin necesidad de presentarse físicamente en sus establecimientos.
El robo hormiga ocupó el segundo lugar, con una tasa de 954 delitos por cada 10 mil negocios, mientras que el asalto o robo de bienes y dinero registró 885 casos por cada 10 mil unidades económicas.
En conjunto, estos tres delitos concentraron 59 por ciento de los ilícitos contabilizados por la encuesta.
También preocupa el crecimiento de los fraudes y los delitos informáticos. Entre 2023 y 2025, la tasa de fraude pasó de 522 a 633 casos por cada 10 mil establecimientos, mientras que los delitos informáticos aumentaron de 150 a 180.
Estas cifras reflejan que las amenazas contra las empresas ya no se limitan a los robos físicos: también se extienden a llamadas intimidatorias, engaños y ataques relacionados con sus operaciones digitales.
INSEGURIDAD: UNA FACTURA DE 115 MIL MILLONES DE PESOS
El impacto económico de la delincuencia alcanzó los 115 mil 100 millones de pesos durante 2025, equivalente a 0.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Aunque la cifra fue inferior a los 124 mil millones de pesos estimados en la edición 2023 de la encuesta, el monto sigue representando una carga considerable para el sector empresarial.
Cada establecimiento víctima enfrentó un costo promedio de 44 mil 560 pesos, al sumar las pérdidas ocasionadas por los delitos y los gastos realizados para prevenir nuevas agresiones.
De ese total, 58 mil 900 millones de pesos fueron destinados a medidas de protección, cantidad equivalente a 51.2 por ciento del costo económico de la inseguridad.
En otras palabras, una parte importante de los recursos que podrían destinarse a ampliar negocios, contratar personal, mejorar instalaciones o adquirir mercancías termina utilizándose para intentar evitar que los delincuentes afecten las operaciones.
LAS EMPRESAS MEDIANAS, ENTRE LAS MÁS VULNERABLES
La victimización no afectó por igual a todos los establecimientos. Las empresas medianas registraron la mayor proporción de negocios afectados, con 51.9 por ciento.
En las grandes empresas, el porcentaje fue de 48.4; en las pequeñas, de 41.5, mientras que los micronegocios registraron 25.1 por ciento.
Sin embargo, las grandes compañías enfrentaron una mayor frecuencia de delitos. Cada empresa grande víctima padeció, en promedio, 4.3 ilícitos durante el año, casi el doble del promedio nacional de 2.2 delitos por establecimiento afectado.
Por actividad económica, el Comercio encabezó la incidencia, con 30.5 por ciento de sus unidades económicas víctimas de algún delito.
Le siguieron los Servicios, con 22.9 por ciento, y la Industria, con 18.8 por ciento.
Los datos muestran que el problema alcanza tanto a pequeños comerciantes como a grandes compañías, aunque las dimensiones de las pérdidas y la capacidad para enfrentar los gastos de protección son distintas.
NUEVE DE CADA DIEZ DELITOS NO LLEGAN A UNA INVESTIGACIÓN
Uno de los hallazgos más delicados de la encuesta es la enorme cantidad de delitos que no llegan a las autoridades.
El INEGI estimó que 91.8 por ciento de los ilícitos cometidos contra establecimientos, alrededor de 2.8 millones de casos, no fueron denunciados o no derivaron en la apertura de una carpeta de investigación.
Solamente 9.9 por ciento de los delitos fue denunciado. De estos, 82.3 por ciento dio lugar a una carpeta de investigación ante las fiscalías estatales.
Pero incluso cuando los empresarios deciden acudir ante las autoridades, las posibilidades de obtener una resolución siguen siendo limitadas.
De los 245 mil delitos denunciados que contaron con una carpeta de investigación, 75.4 por ciento permanecía sin avances o continuaba en trámite. Esto representa alrededor de 185 mil casos sin una resolución registrada.
La cifra evidencia uno de los principales obstáculos para combatir la delincuencia contra los negocios: no basta con denunciar si las investigaciones no avanzan y los responsables no enfrentan consecuencias.
DESCONFIANZA Y MIEDO FRENAN LAS DENUNCIAS
¿Por qué los empresarios prefieren no denunciar? La encuesta encontró que las razones relacionadas con las autoridades concentraron 58.9 por ciento de las respuestas.
Entre los principales motivos apareció la pérdida de tiempo, mencionada por 35.3 por ciento de los establecimientos consultados.
También figuraron el temor a sufrir nuevas extorsiones, los trámites largos o complicados, la desconfianza en las instituciones y las experiencias negativas previas.
Por otra parte, entre las razones ajenas a las autoridades, que representaron 40.3 por ciento de las respuestas, 16.2 por ciento consideró que el delito no tenía suficiente importancia para denunciarlo.
Este panorama refleja un problema que va más allá de las estadísticas: para numerosos comerciantes, denunciar puede representar tiempo perdido, trámites complicados e incluso el temor de convertirse nuevamente en víctimas.
GUANAJUATO, MORELOS Y TABASCO, ENTRE LOS ESTADOS CON MAYOR PREOCUPACIÓN
La percepción de inseguridad también se encuentra extendida entre las unidades económicas del país.
A escala nacional, 57.1 por ciento de los establecimientos, alrededor de tres millones, consideró que la delincuencia y la inseguridad fueron los problemas que más afectaron sus actividades.
Además, 71.2 por ciento percibió como insegura la entidad donde desarrolla sus operaciones, equivalente a aproximadamente 3.8 millones de negocios.
Guanajuato encabezó la lista de entidades donde los establecimientos identificaron la delincuencia como uno de sus principales problemas, con 71.3 por ciento.
Le siguieron Morelos, con 70.3 por ciento, y Tabasco, con 69.9 por ciento.
En contraste, Yucatán registró la proporción más baja, con 29.1 por ciento; seguido de Durango, con 37.5, y Nayarit, con 42.2 por ciento.
En cuanto a la prevalencia delictiva, Baja California presentó la tasa más elevada, con 3 mil 965 víctimas por cada 10 mil unidades económicas. Querétaro ocupó el segundo lugar, con 3 mil 875, y Chihuahua el tercero, con 3 mil 579.
Otro dato que preocupa es la seguridad durante el traslado de mercancías: transportar productos por carreteras o autopistas fue la actividad que generó mayor percepción de inseguridad, señalada por 54.8 por ciento de las empresas.
LA INSEGURIDAD TAMBIÉN FRENA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Los resultados de la ENVE 2026 muestran que la delincuencia no solamente afecta las finanzas de las empresas mediante robos y extorsiones. También modifica sus decisiones de inversión, incrementa sus gastos de operación y deteriora la confianza para desarrollar actividades comerciales.
Que uno de cada cuatro establecimientos haya sido víctima de algún delito significa que la inseguridad forma parte de la realidad cotidiana de millones de unidades económicas.
El desafío para las autoridades no consiste únicamente en incrementar los operativos o anunciar estrategias de seguridad. También implica mejorar la capacidad de investigación de las fiscalías, facilitar las denuncias, proteger a quienes se atreven a reportar una extorsión y garantizar que los delitos no queden sin consecuencias.
Mientras las empresas tengan que destinar millones de pesos a protegerse y una proporción tan elevada de los delitos permanezca sin denuncia o sin avances judiciales, la inseguridad seguirá representando un obstáculo para la inversión, el empleo y el crecimiento económico de México.
