El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, habría sido facilitado desde su propio entorno. A más de un año de los hechos, las investigaciones han permitido detener a 34 personas y detectar que algunos de los presuntos involucrados formaban parte de su círculo cercano, conocían sus actividades y tenían acceso a información sobre sus desplazamientos y medidas de seguridad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló este martes que colaboradores del presidente municipal presuntamente aprovecharon la confianza que tenían con él para proporcionar información a integrantes de una organización criminal. Lo que habría facilitado la agresión que terminó con su vida.
Durante la conferencia matutina presidencial, el funcionario explicó que las investigaciones identificaron posibles filtraciones desde el entorno personal, laboral y de seguridad del alcalde. El caso apunta a una posible traición que habría dejado vulnerable a Manzo frente a sus agresores.
COLABORADORES HABRÍAN FILTRADO INFORMACIÓN SOBRE SUS MOVIMIENTOS
Uno de los nombres señalados por García Harfuch es Samuel “N”, quien trabajaba de cerca con Carlos Manzo y participaba en un grupo de comunicación utilizado para organizar su agenda privada.
De acuerdo con las indagatorias, el colaborador habría proporcionado información en tiempo real a integrantes de una organización criminal sobre las actividades del presidente municipal.
El secretario de Seguridad explicó la gravedad de estos hallazgos:
“Uno de los aspectos delicados que han revelado las investigaciones es que entre los involucrados en este crimen se encuentran personas cercanas del círculo de Carlos Manzo, que conocían sus rutinas, tenían información sobre sus actividades, movimientos y condiciones de seguridad y utilizaron esa cercanía para favorecer a sus agresores”.
El funcionario también señaló que se identificaron posibles vínculos entre integrantes del equipo de seguridad del alcalde y miembros del grupo delictivo que habrían facilitado información sobre sus desplazamientos durante el evento en el que ocurrió el ataque.
Estos señalamientos colocan el foco de la investigación no solamente en quienes ejecutaron el homicidio, sino también en las personas que presuntamente proporcionaron información para facilitarlo.
IDENTIFICAN A PRESUNTOS AUTORES INTELECTUALES Y MANDOS CRIMINALES
Entre las detenciones consideradas relevantes por las autoridades destaca la de Ramón “N”, alias “R1”, capturado el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco.
El detenido fue identificado como líder de una célula delictiva afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.
Además, contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado. Su captura derivó posteriormente en cinco cateos realizados en distintos municipios de Jalisco.
Otro arresto relevante ocurrió el 8 de noviembre de 2026 en Zapopan. Donde fue detenido Rafael “N”, conocido como “R2”, identificado como mando de la célula criminal denominada Los Rs, con operaciones en Jalisco y Michoacán.
El sujeto, considerado generador de violencia, resultó herido durante un enfrentamiento con las autoridades.
Según el balance presentado por García Harfuch, las acciones contra esta estructura criminal también permitieron sumar otras 20 detenciones, además de órdenes de aprehensión por homicidio calificado y procedimientos relacionados con solicitudes de extradición a Estados Unidos.
EXTORSIÓN AL CAMPO: 188 DETENIDOS Y OPERATIVOS CONTRA REDES CRIMINALES
Durante la presentación de resultados, García Harfuch también informó sobre las acciones emprendidas para combatir la extorsión en Michoacán. Particularmente contra productores y comerciantes del sector agrícola.
El funcionario reportó la detención de 188 personas relacionadas específicamente con este delito.
En las regiones productoras de limón y aguacate, donde las extorsiones representan una amenaza para las actividades económicas, las autoridades contabilizaron 42 detenidos entre octubre de 2025 y 2026.
Entre los nombres mencionados en el informe se encuentran Marco Antonio “G”, César Alejandro “G”, Cristian “N”, Eulalio “A”, Osvaldo “G”, Jhon Mario “G” y Alfonso “N”.
Como parte de las medidas para atender las denuncias, se estableció un protocolo de actuación entre las autoridades, unidades especializadas y corporaciones federales, con participación de la Defensa, Marina y fiscalías.
También se habilitaron operadores específicos para atender a Michoacán mediante la línea 089, además de capacitar personal en manejo de crisis y negociación.
MÁS DE MIL 400 DETENIDOS EN MICHOACÁN EN UN AÑO
El balance general de seguridad presentado comprende el periodo del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026.
Durante esos 12 meses, las autoridades reportaron:
- 1,424 personas detenidas.
- 860 armas de fuego aseguradas.
- 127,588 cartuchos decomisados.
- 3,743 cargadores asegurados.
- 19,617.8 kilogramos de drogas incautadas.
- 16 laboratorios clandestinos desmantelados.
- 12 áreas de concentración intervenidas.
- 37 órdenes de cateo ejecutadas.
- 164 acciones operativas realizadas.
- 13 órdenes de extradición ejecutadas.
Las cifras reflejan el despliegue de las fuerzas federales y estatales en Michoacán, una entidad donde persisten problemas de violencia, extorsión y disputas entre organizaciones criminales.
LA PREGUNTA QUE SIGUE ABIERTA: ¿QUIÉN FACILITÓ EL ASESINATO DE CARLOS MANZO?
Aunque las 34 detenciones representan avances en la investigación del homicidio, los señalamientos sobre la posible participación de personas cercanas al alcalde abren una dimensión especialmente delicada del caso.
La investigación deberá establecer qué información fue filtrada, quiénes tuvieron acceso a ella, cómo llegó a manos de los presuntos responsables y cuál fue el grado de participación de cada persona señalada.
También será necesario esclarecer si las posibles complicidades se limitaron a proporcionar información o si existió una coordinación más amplia para facilitar el ataque.
Por ahora, las autoridades sostienen que el círculo cercano de Carlos Manzo habría sido utilizado para obtener datos estratégicos sobre sus movimientos y condiciones de seguridad. Sin embargo, la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados deberá acreditarse ante los tribunales.
El asesinato del alcalde de Uruapan no solamente exhibe la capacidad de operación de las organizaciones criminales en Michoacán, sino también los riesgos que representan las posibles filtraciones de información desde las propias estructuras de confianza de los funcionarios.
