Ampliar la presencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano y extender su participación en operaciones contra el crimen organizado era uno de los objetivos que perseguía el gobierno de Donald Trump, de acuerdo con una investigación del diario estadounidense The New York Times.
La estrategia contemplaba llevar a agentes estadounidenses más allá de las labores tradicionales de inteligencia y capacitación: buscaban participar en operativos de seguridad junto con corporaciones mexicanas e impulsar la creación de una unidad de fuerzas especiales en Chihuahua.
La revelación exhibe el alcance que habría adquirido la colaboración entre funcionarios estadounidenses y autoridades estatales mexicanas, en un momento marcado por las presiones de Washington para endurecer la lucha contra los grupos criminales y por las advertencias del gobierno de Claudia Sheinbaum sobre el respeto a la soberanía nacional.
El reportaje, titulado El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México, señala que la agencia estadounidense encontró en Guillermo Arturo Zuany Portillo, entonces fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, un enlace para desarrollar sus actividades en la entidad.
De acuerdo con el periódico, la colaboración se extendió durante más de seis meses e incluyó capacitación policial, intercambio de información, acompañamiento de misiones y participación de agentes estadounidenses en intervenciones contra presuntos integrantes del crimen organizado.
CHIHUAHUA, EL PUNTO DE PARTIDA PARA EXTENDER LAS OPERACIONES
La investigación señala que el acercamiento comenzó durante el otoño de 2025, cuando Zuany presentó a un agente de la CIA ante integrantes de la Policía Estatal de Chihuahua.
Durante esa reunión, el entonces funcionario explicó que el representante estadounidense tenía la intención de impulsar la creación de una nueva unidad de fuerzas especiales.
El proyecto representaba una ampliación de las actividades de la agencia en México, pues no se limitaría a compartir información de inteligencia o proporcionar cursos a los policías, sino que contemplaba una relación más directa con las corporaciones estatales.
Según cuatro funcionarios mexicanos citados por The New York Times, los agentes estadounidenses comenzaron a capacitar a elementos de seguridad y posteriormente acompañaron algunas operaciones.
La presencia de personal de la CIA habría sido constante durante varios meses, con participación en tareas de coordinación y asesoramiento operativo.
AGENTES DE ESTADOS UNIDOS PRETENDÍAN PARTICIPAR EN OPERATIVOS
Uno de los aspectos más delicados de la investigación es que los agentes de la CIA presuntamente no se limitaron a observar o capacitar a los policías mexicanos. También habrían participado en misiones portando armas largas, equipo táctico y prendas con insignias del estado de Chihuahua para pasar inadvertidos.
Entre los episodios documentados aparece un operativo para detener a un presunto jefe de un grupo criminal que se encontraba en un bar. Zuany y varios agentes estadounidenses habrían contribuido a dirigir la intervención; sin embargo, cuando las corporaciones llegaron al establecimiento, el objetivo ya se había retirado.
El resultado provocó inconformidad entre los agentes estadounidenses, según dos funcionarios mexicanos consultados por el periódico.
Otro caso ocurrió durante el ingreso de policías a una casa de seguridad. En esa intervención, un agente de la CIA habría utilizado su rifle para proporcionar cobertura desde el exterior, mientras los elementos mexicanos ingresaban al inmueble.
Posteriormente, otro agente revisó dispositivos electrónicos asegurados y estuvo presente durante el interrogatorio de uno de los detenidos.
Estos episodios muestran que el esquema de colaboración descrito por el diario estadounidense habría rebasado el intercambio convencional de información entre agencias de seguridad.
UN EXFISCAL MEXICANO FACILITÓ EL ACERCAMIENTO CON LA CIA
La investigación identifica a Guillermo Arturo Zuany Portillo como una pieza central para establecer la relación entre los agentes estadounidenses y las corporaciones policiales de Chihuahua.
El exfuncionario habría acompañado a los integrantes de la CIA durante sus actividades y facilitado su acercamiento con mandos de seguridad estatales.
Otro dato revelado por el periódico es que Zuany recuperó su visa estadounidense después de colaborar con la agencia, según testimonios de funcionarios de ambos países.
El asunto adquiere mayor relevancia porque el exfiscal también era investigado por el FBI por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Zuany, por su parte, rechazó los señalamientos sobre su conducta y aseguró al diario que siempre se había conducido con ética y profesionalismo.
LA MUERTE DE DOS AGENTES DE LA CIA EXPUSO LAS OPERACIONES
La presencia de personal estadounidense en Chihuahua salió a la luz después de un operativo realizado en abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, relacionado con la localización y desmantelamiento de instalaciones clandestinas para la producción de drogas sintéticas.
Durante el regreso de un convoy ocurrió un accidente carretero en el que murieron cuatro personas: dos agentes estadounidenses y dos integrantes de las corporaciones mexicanas.
El hecho provocó cuestionamientos sobre la participación de los extranjeros, las condiciones bajo las cuales desarrollaban sus actividades y, principalmente, quién había autorizado su presencia en territorio nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal no tenía conocimiento ni había autorizado la participación de agentes estadounidenses en ese operativo.
La controversia abrió una investigación sobre posibles irregularidades cometidas por funcionarios estatales y sobre los mecanismos utilizados para facilitar la colaboración con la CIA.
EL CASO ESCALA: FGR Y FISCALÍA DE CHIHUAHUA BUSCAN AL EXFUNCIONARIO
La polémica también alcanzó el terreno judicial. Este martes 10 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Chihuahua cuentan con órdenes de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo.
“Sé que las dos fiscalías cuentan con orden de aprehensión en contra de esta persona”, declaró durante la conferencia matutina presidencial.
El funcionario evitó proporcionar mayores detalles y señaló que corresponderá a las fiscalías informar sobre las investigaciones.
De acuerdo con reportes periodísticos, Zuany promovió un amparo indirecto que impide, por ahora, ejecutar la orden de captura estatal.
La situación jurídica del exfiscal y las investigaciones sobre los funcionarios que habrían facilitado las operaciones estadounidenses forman parte de un caso que todavía tiene aspectos pendientes por esclarecer.
SOBERANÍA MEXICANA, EN EL CENTRO DEL DEBATE
La revelación sobre los planes de expansión de la CIA coloca nuevamente sobre la mesa la relación de seguridad entre México y Estados Unidos.
Washington ha presionado para que México intensifique las acciones contra los cárteles, mientras Donald Trump ha planteado públicamente la posibilidad de adoptar medidas más agresivas contra estas organizaciones.
Sin embargo, la cooperación bilateral tiene límites legales. La presencia de agentes extranjeros, su participación en actividades operativas y el eventual uso de armas en territorio mexicano requieren autorización y supervisión de las autoridades competentes.
El caso de Chihuahua deja preguntas que no pueden resolverse únicamente con el argumento de combatir al crimen organizado: ¿quién autorizó la participación de la CIA?, ¿qué otras actividades desarrollaron sus agentes en México?, ¿hasta dónde pretendía llegar Washington con esta estrategia y qué controles existían sobre sus operaciones?
La investigación de The New York Times apunta a que el gobierno de Trump buscaba ampliar la presencia operativa de la CIA en México, utilizando a Chihuahua como escenario para desarrollar un esquema de colaboración más profundo.
Ahora corresponde a las autoridades mexicanas esclarecer si esas actividades contaron con autorización legal, quiénes participaron y si hubo funcionarios que permitieron operaciones extranjeras al margen de los mecanismos institucionales.
