El cultivo de agave se extiende por estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Oaxaca, entre otros, donde la creciente demanda de la industria tequilera ha impulsado una expansión desordenada de la superficie sembrada, advirtieron en el foro Situación actual de la producción del agave en México.
Los participantes señalaron que, aunque esta industria genera ventas superiores a los 2 mil millones de dólares anuales y alrededor de 70 mil empleos, los campesinos son quienes menos se benefician.
El precio del agave sufrió un desplome histórico, al pasar de “35 pesos por kilogramo en 2022 a apenas un peso en 2026”, pese a que años atrás registró incrementos constantes, al subir de “17 pesos por kilogramo en 2017 a 30 pesos en 2021”.
Durante el foro se presentó una propuesta integral para crear la Ley de Aprovechamiento Sostenible del Agave, cuyo objetivo sería regular toda la cadena productiva, desde la siembra y el cultivo hasta la industrialización y comercialización de productos como tequila, mezcal, sotol, bacanora, pulque y demás bebidas con denominación de origen o indicación geográfica.
Entre las principales medidas se planteó, están facultar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para coordinar las políticas de desarrollo sostenible de la cadena del agave, crear la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible del Agave, como organismo público descentralizado encargado de coordinar las políticas del sector, integrar una junta directiva con participación de las secretarías de Agricultura, Hacienda, Economía, Medio Ambiente y Bienestar, así como representantes de productores e industriales.
COMITÉS REGIONALES
También, establecer comités regionales de producción y calidad del agave, crear el Sistema Nacional de Información de la Agroindustria del Agave, con registros de productores, industriales, comercializadores, exportadores e importadores, crear un Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Agave para impulsar innovación y competitividad, constituir un fondo de aportaciones tripartitas entre el Gobierno Federal, industriales y organizaciones de productores.
