Lo que comenzó como una jornada más de trabajo terminó con un negocio destrozado, pérdidas económicas y una familia atemorizada. La dueña de la Tortillería Nayeli, en Juchitán, denunció públicamente un presunto abuso de autoridad durante un operativo que atribuye a personal de la Fiscalía de Oaxaca.
La mujer, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, aseguró que el inmueble fue intervenido durante la madrugada del jueves y que, además de los daños ocasionados, fueron sustraídos dinero en efectivo, herramientas, equipos y otros artículos utilizados para mantener en funcionamiento el establecimiento.
Su testimonio fue difundido por el medio digital Pluma Digital. Donde mostró parte de las afectaciones que, según su denuncia, quedaron después de la intervención.
La denunciante aseguró que hasta el momento no conoce con claridad el motivo del operativo ni por qué se produjeron los daños que encontró al llegar a trabajar.
“ENTRARON SIN UNA ORDEN”, DENUNCIA LA AFECTADA
La mujer relató que el jueves, alrededor de las cinco de la mañana, llegó al establecimiento como lo hacía habitualmente, pero encontró una escena completamente distinta.
“Tenemos tres días que no hemos trabajado, pues la verdad no se vale lo que nos hicieron, entraron sin una orden, no nos dieron motivo”, afirmó.
Aclaró que no cuestiona que las autoridades realicen investigaciones cuando existen elementos para hacerlo. Pero consideró injustificable que durante una diligencia se hayan destruido bienes que, aseguró, fueron adquiridos con años de trabajo.
“Yo comprendo si tienen que hacer su trabajo, incluso hasta yo no tendría problemas si tuvieran que revisar o hacer algo, pero por qué destrozar lo que con sacrificio uno trata de comprar para salir adelante”, expresó.
La denunciante sostuvo que la tortillería tiene más de 15 años de funcionamiento. Y que vecinos de la zona pueden dar cuenta de la actividad laboral que desarrolla.
DENUNCIA PÉRDIDA DE HERRAMIENTAS, DINERO Y EQUIPO
Entre los objetos que, según su testimonio, fueron dañados o sustraídos se encuentran termos, básculas, papel, herramientas, refacciones, un esmeril, un calentador de gas, mangueras, un regulador y equipo de videovigilancia.
También aseguró que fue retirado dinero correspondiente a las ventas de un día anterior.
“Robaron, no solo destrozaron”, afirmó. “Se robaron termos, se robaron el dinero de la cuenta anterior, se llevaron el teléfono de la tortillería, se llevaron básculas nuevas”.
La mujer también denunció que fueron dañadas cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas.
“Hasta las cámaras de los vecinos rompieron”, señaló.
Uno de los aspectos que más cuestionó fue la destrucción de objetos que, de acuerdo con su versión, no tendrían relación con una eventual investigación.
“Si revisaron y no encontraron nada, ¿por qué tenían que llevarse mi producto? Hasta las herramientas para arreglar la máquina se llevaron eso”, reclamó.
Estas acusaciones forman parte de su denuncia y deberán ser esclarecidas mediante una investigación formal que determine qué ocurrió durante la diligencia y quiénes participaron.
UNA TORTILLERÍA PARALIZADA Y SEIS TRABAJADORES SIN INGRESOS
El impacto de la intervención, según la afectada, no se limita a los daños materiales.
La suspensión de actividades dejó sin ingresos a quienes dependen directamente del negocio. La mujer señaló que son seis trabajadores y que de la tortillería dependen varias familias.
“Llevo tres días sin trabajar, he tenido pérdidas, perdí a mis clientes”, explicó llorando.
La situación se agravó porque el establecimiento distribuye tortillas a taquerías, tiendas y otros negocios de la zona. Al no poder producir, algunos clientes tuvieron que buscar otros proveedores.
“Perdí a casi todos mis clientes porque llevo tres días sin trabajar, nadie puede esperar”, lamentó entre sollozos.
A ello se suma, según su relato, el temor de algunos compradores y clientes a verse relacionados con el establecimiento después de lo ocurrido.
“Otros de los que me dejaron son por miedo, por miedo a que según por lo que pasó se vean ellos involucrados”, sostuvo.
PRESENTÓ DENUNCIA, PERO ESPERA LA INSPECCIÓN
Después de lo ocurrido, la mujer acudió ante la Fiscalía para presentar una denuncia y solicitar que se esclareciera el motivo de la intervención.
De acuerdo con su testimonio, recibió un documento con sello del Ministerio Público y posteriormente acudió al área de agencias de investigación. Donde le indicaron que debía realizarse una diligencia para verificar los daños.
Sin embargo, aseguró que habían transcurrido tres días sin que agentes acudieran al establecimiento para levantar evidencias.
“Yo fui… a poner mi demanda para que me dijeran cuál es el motivo del por qué realizaron todo este daño en mi negocio”, relató.
Posteriormente agregó:
“Estoy esperando a que vengan los agentes de investigación estatal aquí, pero no han venido”.
La demora que denuncia representa uno de los puntos centrales del caso, debido a que el paso del tiempo puede complicar la documentación de los daños y la preservación de posibles evidencias.
“YO LO ÚNICO QUE QUIERO ES PROTECCIÓN”
Más allá de las pérdidas económicas, la mujer aseguró sentirse vulnerable y con temor de que la situación vuelva a repetirse.
La incertidumbre, dijo, le impide trabajar con tranquilidad. Además le genera preocupación por la seguridad de su familia.
“Yo lo único que quiero es una orden o algo que me proteja y digan que yo no he hecho nada malo y que ya nunca volverán a ingresar a este lugar”, manifestó.
También cuestionó que quienes deberían garantizar la seguridad de la ciudadanía sean señalados precisamente por una persona que afirma haber sido víctima de una intervención irregular.
“Se supone que están para cuidar y proteger a la ciudadanía, entonces ellos son quienes están haciendo cosas malas”, expresó.
Finalmente, resumió su petición en una frase:
“Yo lo único que quiero es protección y seguridad para mí y para mi familia”.
EL CASO GENERA INDIGNACIÓN EN REDES SOCIALES
Después de que el testimonio fuera difundido, usuarios de redes sociales expresaron indignación y exigieron que se investigaran los hechos.
Algunos comentarios pidieron identificar a los responsables y castigar cualquier conducta irregular. Mientras otros plantearon dudas sobre si quienes realizaron el operativo realmente pertenecían a la Fiscalía.
Estas reacciones, sin embargo, corresponden a opiniones de usuarios y no constituyen pruebas sobre la responsabilidad de servidores públicos o particulares. Estas fueron alguno de lo externado:
“Hoy son estas personas, mañana podemos ser nosotros, YA BASTA.”, “Dios bendiga a esta familia y que el Señor deje caer su brazo para que haga justicia, que nada quede impune.”, “Lamento mucho lo sucedido a esta persona, mi admiración y respeto por ella, no me queda más que decirle que no deje de luchar.”, “No es justo.”, “Justicia que no quede impune”, “Para qué tanto operativo si sigue la corrupción”.
El caso coloca nuevamente sobre la mesa la importancia de que cualquier cateo o diligencia ministerial se realice conforme a las reglas legales, con respeto a los derechos de las personas y con mecanismos claros de rendición de cuentas.
UNA DENUNCIA QUE ESPERA RESPUESTAS
La afectada sostiene que no se opone a las investigaciones de las autoridades. Lo que exige, según su propio relato, es conocer por qué fue intervenido su establecimiento, bajo qué condiciones se realizó la diligencia y quién responderá por los daños y objetos que asegura haber perdido.
Por ahora, la denuncia pública expone dos problemas distintos: las presuntas irregularidades cometidas durante el operativo y la falta de una respuesta rápida para documentar las afectaciones.
Corresponderá a las autoridades competentes determinar qué ocurrió, si existió una orden judicial, quiénes participaron en la diligencia y si hubo alguna conducta constitutiva de delito o responsabilidad administrativa.
Mientras tanto, la Tortillería Nayeli permanece sin operar, y la mujer que sostiene que fue víctima de estos hechos enfrenta pérdidas económicas y el temor de regresar a trabajar.
“Jamás imaginé que yo iba a ser una de las víctimas”, dijo.
Finalmente, su reclamo no es solamente por las máquinas, las herramientas o el dinero que asegura haber perdido. También exige algo más básico: certeza sobre lo ocurrido, protección para su familia y acceso efectivo a la justicia.
