La denuncia por el presunto envenenamiento de perros y gatos en situación de calle en la colonia Simona Robles, de Juchitán de Zaragoza, escaló de una investigación por posible maltrato animal a una disputa pública que ya involucra denuncias penales, señalamientos en redes sociales y exigencias de organizaciones protectoras para que se presenten pruebas.
Mientras la autoridad ministerial investiga de oficio la denuncia pública sobre los animales, la secretaria de Mujeres de Oaxaca, Rogelia González Luis, presentó a su vez una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Por lo que considera actos de difamación relacionados con el caso.
La funcionaria sostiene que su nombre fue involucrado a partir de la difusión de capturas de una conversación privada de WhatsApp con vecinos de la colonia. En contraste, organizaciones de rescate animal y usuarios de redes sociales han cuestionado que, hasta ahora, no se hayan hecho públicas pruebas que permitan esclarecer completamente qué ocurrió con los perros. Así como cuál fue el destino de los animales presuntamente esterilizados o dados en adopción.
FISCALÍA YA INVESTIGA EL POSIBLE ENVENENAMIENTO
El caso comenzó a tomar relevancia a partir de denuncias públicas sobre perros y gatos que presuntamente habrían sido envenenados en la colonia Simona Robles.
Ante estos señalamientos, la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación de oficio y desplegó personal especializado para realizar trabajos de campo y recopilar elementos que permitan determinar qué ocurrió.
Hasta el momento, la autoridad no ha confirmado oficialmente que los animales hayan muerto como consecuencia de envenenamiento intencional. Ni ha señalado a una persona como responsable.
La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, la causa de muerte o afectación de los animales, la posible utilización de sustancias tóxicas y si existe evidencia de una acción deliberada.
ROGELIA GONZÁLEZ PRESENTA DENUNCIA POR DIFAMACIÓN
En medio de la polémica, Rogelia González Luis informó que acudió ante la Fiscalía estatal para presentar una denuncia contra quien o quienes resulten responsables de los señalamientos que, afirma, han afectado su imagen.
“Informo a la opinión pública que se ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), contra quien o quienes resulten responsables”.
La funcionaria aseguró que las acusaciones difundidas en redes sociales constituyen una campaña en su contra y advirtió que no permitirá que su nombre sea utilizado para generar ataques.
“No permitiré que el anonimato ni las redes sociales sean utilizados para orquestar campañas de odio, linchamiento mediático o difamación con intereses particulares”.
González Luis también sostuvo que los señalamientos han puesto en riesgo su integridad, honorabilidad y seguridad.
AFIRMA QUE UNA CONVERSACIÓN FUE SACADA DE CONTEXTO
La secretaria de Mujeres había difundido previamente un comunicado en el que explicó que una conversación de WhatsApp con vecinos de la colonia Simona Robles fue, a su juicio, descontextualizada.
Según su versión, el intercambio estaba relacionado con una propuesta para realizar una campaña de esterilización de perros en situación de calle. Así como con acciones encaminadas a atender la problemática de los animales en la zona.
Las capturas de pantalla de esa conversación comenzaron a circular en redes sociales y fueron utilizadas por usuarios para cuestionar su participación en el caso.
González Luis sostiene que la difusión parcial del diálogo buscó perjudicar su trayectoria pública y sus más de tres décadas de trabajo.
Sin embargo, el debate no se ha limitado a la autenticidad o interpretación de los mensajes. También ha surgido una pregunta que permanece sin respuesta pública: ¿existen documentos, fotografías, registros veterinarios o evidencias que acrediten la esterilización y adopción de los animales mencionados?
ORGANIZACIONES PIDEN QUE SE PRESENTEN PRUEBAS
La controversia también alcanzó a organizaciones dedicadas al rescate y protección animal.
El colectivo Yoonirula, de Juchitán, ha solicitado que se presenten evidencias que permitan comprobar que los perros fueron efectivamente esterilizados y posteriormente entregados en adopción, como se ha argumentado públicamente.
Hasta ahora, de acuerdo con la información proporcionada, ni la funcionaria ni los vecinos señalados han presentado públicamente documentación suficiente que permita comprobar de manera independiente esas acciones.
Este punto resulta relevante porque la existencia de una campaña de esterilización o adopción podría aportar contexto para entender qué ocurrió con los animales, pero no sustituye una investigación pericial sobre los casos de presunto envenenamiento.
En otras palabras, demostrar que algunos perros fueron esterilizados o adoptados no resolvería por sí mismo la pregunta central sobre si otros animales fueron envenenados y quién habría sido responsable.
REDES SOCIALES CONVIERTEN EL CASO EN UNA DISPUTA PÚBLICA
El caso ha generado una fuerte confrontación en redes sociales.
Por un lado, simpatizantes de la funcionaria consideran que las acusaciones difundidas en su contra carecen de sustento y respaldan su decisión de recurrir a las autoridades.
Del otro, usuarios y grupos de protección animal cuestionan que las explicaciones ofrecidas hasta ahora no estén acompañadas de pruebas suficientes. Por otra parte, demandan información verificable sobre el destino de los perros.
El problema es que, en medio de la confrontación digital, las acusaciones y las defensas públicas han avanzado más rápido que la evidencia disponible.
Las capturas de pantalla, publicaciones y testimonios difundidos en redes pueden orientar una investigación´. Pero, no sustituyen los dictámenes periciales ni las pruebas que deberán ser integradas formalmente a las carpetas de investigación.
DOS INVESTIGACIONES QUE DEBERÁN ACLARAR LOS HECHOS
El caso ahora tiene al menos dos vertientes. La primera corresponde a la investigación relacionada con el presunto envenenamiento de perros y gatos, en la que la Fiscalía deberá determinar si efectivamente se cometió un delito y quiénes serían los responsables.
La segunda se relaciona con la denuncia presentada por Rogelia González Luis por los señalamientos que considera difamatorios.
Ambos procesos deberán avanzar con base en evidencia y no únicamente en versiones difundidas públicamente.
La Fiscalía ha señalado que realizará las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Además, determinará las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.
LA PREGUNTA QUE SIGUE SIN RESPUESTA
Más allá de la disputa política, personal y mediática que se ha generado, el punto central continúa siendo el mismo: qué ocurrió con los animales de la colonia Simona Robles.
Si hubo envenenamiento, será necesario establecer cómo ocurrió, qué sustancia fue utilizada y quién pudo haberla suministrado. Si los animales fueron retirados, esterilizados o entregados en adopción, también deberán existir elementos que permitan acreditar esas acciones.
Mientras esas pruebas no sean presentadas, cualquier conclusión definitiva resulta prematura.
En resumen, la Fiscalía tiene la responsabilidad de esclarecer el posible envenenamiento y también deberá investigar la denuncia presentada por la funcionaria. La resolución de ambas vertientes dependerá de los datos de prueba que logren obtenerse, no de la presión ejercida en redes sociales.
