El saneamiento de los ríos Atoyac y Salado tomará varios años, probablemente décadas, de acuerdo con lo señalado por la secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, Karime Unda Harp.
De acuerdo con la funcionaria, ya se sentaron las bases para el saneamiento de los ríos Atoyac y Salado, y por lo cual se han emitido 20 informes para dar cumplimiento a la sentencia de amparo que ordena su rescate, así como a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto.
Además, expuso que se han efectuado reuniones con unas 450 autoridades municipales y agrarias de los más de 60 municipios que abarca la sentencia de amparo ganada por la asociación civil Litigio Estratégico Indígena.
LLEVARÁ DÉCADAS
Al ser cuestionada por los diputados de la 66 Legislatura local, Unda Harp señaló que el saneamiento de los ríos no es una tarea que se pueda concretar en pocos años, como se ha visto con otros ejemplos de afluentes en el país y en el mundo, donde se ha requerido de hasta 7 décadas.
Por ello, señaló que en esta administración comenzó el rescate y se espera que las próximas continúen las labores.
Los ríos Atoyac y Salado son dos afluentes de los Valles Centrales de Oaxaca que por varios años, incluso décadas, han sido contaminados por la actividad humana en su paso por esta región de Oaxaca.
Aunque desde el 2018 existe una sentencia de amparo con la que el Poder Judicial de la Federación obliga a los tres órdenes de gobierno a rescatarlos, aún no se concretan sus saneamientos.
CONTAMINACIÓN A PESAR DE LA PROTECCIÓN LEGAL
Incluso, persiste su contaminación en medio de las acciones de rescate que, obligada por el amparo, ha emprendido la administración estatal.
Según el Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Oaxaca, una de las problemáticas principales de la cuenca del Río Atoyac es la acumulación diaria de basura, pues se estima que diariamente se vierten 146 toneladas de materia orgánica, 62.8 toneladas de sólidos suspendidos y 14 kilogramos de metales pesados.
Este río y el Salado tienen la protección federal desde el año 2018, cuando tras un juicio de amparo promovido por la asociación civil Litigio Estratégico Indígena.
