La construcción de la Presa Mujer Solteca volvió al centro del debate público luego de que, este martes, durante la conferencia de prensa del Gobierno de Oaxaca, se cuestionara la existencia de un supuesto amparo que habría detenido el proyecto hidráulico impulsado para atender necesidades de abastecimiento de agua en la región.
La interrogante surgió tras la difusión de información sobre un recurso legal promovido por un activista ambientalista, quien habría señalado presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de la obra y posibles afectaciones al entorno natural.
Ante los cuestionamientos, el consejero jurídico del Gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero, afirmó que las acciones legales promovidas hasta ahora no han logrado suspender de manera definitiva los trabajos.
LAS SUSPENSIONES PROVISIONALES NO SIGNIFICAN LA CANCELACIÓN DE LA OBRA
Durante su explicación, el funcionario sostuvo que existe una diferencia jurídica entre una suspensión provisional y una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo.
Según detalló, cuando una persona presenta una demanda ante un juez federal argumentando posibles violaciones a sus derechos o afectaciones derivadas de una obra pública, es común que se otorguen medidas provisionales mientras se analiza el caso.
“Los jueces federales tienen que creer lo que les están diciendo bajo dos figuras jurídicas, lo que es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora y de manera automática, al admitir un amparo indirecto, conceden la suspensión provisional”.
Sin embargo, explicó que posteriormente se desarrolla una audiencia incidental en la que las autoridades señaladas como responsables presentan información y documentación para sustentar la legalidad del proyecto.
ASEGURAN QUE EXISTEN CONSULTAS Y PERMISOS
De acuerdo con la versión expuesta por el consejero jurídico, durante las audiencias se ha acreditado que la obra cuenta con procedimientos previos y autorizaciones necesarias para su desarrollo.
“Ahí ya el juez se entera de qué se trata, de una obra donde les dicen que ya hubo consultas, el INPI las hizo a nivel federal, tienen los permisos correspondientes”.
Con base en esos elementos, afirmó que los juzgados federales han rechazado otorgar suspensiones definitivas contra la construcción.
“Han ido negándoles las suspensiones definitivas, pues se ha acreditado en las audiencias incidentales”.
Las declaraciones buscan responder a versiones que circulan en distintos espacios públicos sobre una supuesta cancelación o paralización del proyecto.
EL DEBATE AMBIENTAL Y SOCIAL SIGUE ABIERTO
Aunque las autoridades sostienen que la obra cumple con los requisitos legales, el caso refleja una discusión más amplia que suele acompañar a proyectos de infraestructura de gran escala: el equilibrio entre el desarrollo de obras consideradas estratégicas y las preocupaciones ambientales o comunitarias.
Los recursos promovidos por activistas y ciudadanos evidencian que persisten cuestionamientos sobre los posibles impactos ecológicos, los procesos de consulta y la participación social en la toma de decisiones.
Si bien el Gobierno estatal insiste en que las instancias judiciales han validado la continuidad de la obra, los sectores críticos consideran que el debate no se limita únicamente a la legalidad del proyecto, sino también a sus consecuencias ambientales y sociales a largo plazo.
“NO ESTÁN PARADOS LOS TRABAJOS”
Vásquez Sagrero fue enfático al señalar que, hasta el momento, la construcción continúa desarrollándose.
“Entonces no están parados los trabajos de la obra”.
Asimismo, argumentó que la legislación en materia de amparo contempla restricciones para otorgar suspensiones definitivas cuando se trata de proyectos que pueden considerarse de interés colectivo o social.
“Un juez federal no te puede conceder una suspensión definitiva cuando se afecta el interés colectivo, cuando es una obra de interés social, como en este caso”.
Finalmente, con estas declaraciones, el Gobierno de Oaxaca busca cerrar la controversia sobre una presunta cancelación de la presa; sin embargo, la discusión pública sobre el proyecto y sus impactos continúa vigente entre distintos sectores de la sociedad.
