A casi un año de que el gobierno estatal informó sobre el área que comprende la reserva ecológica y área natural protegida del Cerro del Crestón, además de la digitalización del anexo del decreto del 14 de noviembre de 1992 en la materia, el cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó este martes el levantamiento del veto que desde 2021 mantenía suspendidos los trámites de alineamiento, apeo, construcción y otros en esta reserva.
La propuesta de la regiduría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, a cargo de la concejal, Surisadai Sánchez Hernández, fue avalada por 15 votos a favor y uno en contra, del regidor Martín Vázquez Villanueva. En esta se propuso dejar sin efecto los puntos de acuerdo CDUOPTT/CEMA/01/2010, 001/CU/2021 (aprobado el 18 de noviembre de 2021) y PM/PA/65/2022 (del 2 de junio de 2022).
Durante su exposición y ante los cuestionamientos del regidor Vázquez Villanueva, la concejal Surisadai Sánchez defendió su propuesta al argumentar que se han realizado diversas mesas de trabajo entre el ayuntamiento y el gobierno estatal para aplicar las leyes en materia de ordenamiento territorial y otras. Lo anterior a fin de regularizar “44 de estas calles, colonias y parajes”.
Durante la pasada administración municipal, la propuesta de levantar este veto había quedado en revisión en comisiones unidas, pero pendiente de su dictamen y votación en cabildo.
A raíz de la digitalización de la zona de reserva ecológica Cerro del Crestón-Cruz Blanca-Fortín, autoridades municipales de Oaxaca señalaron en 2024 que alrededor de 7 mil personas en 67 colonias habitan dentro del polígono, varias de ellas en áreas ya urbanizadas y otras sin certeza jurídica y sin servicios básicos.
Además de que, según dijo en su momento el consejero jurídico del gobierno estatal, Geovany Vásquez Sagrero, persisten los intereses de inmobiliarias en esta área decretada el 14 de noviembre de 1992, pero que hasta casi 32 años después fue delimitada.
En septiembre de 2024, al dar a conocer la delimitación del polígono, el gobierno estatal señaló que se trata de 1,230 hectáreas. Esto a pesar de que en un diagnóstico del 2020 hecho por la Comisión Nacional Forestal se había dicho que son más de 2,300 hectáreas las que comprende la reserva.
Aun cuando el gobierno estatal delimitó el polígono y ha asegurado que es para dar certeza jurídica a las personas que ahí habitan, algunos comuneros del ejido Guadalupe Victoria y de la agencia Pueblo Nuevo se han manifestado, pues consideran que se les restringen sus derechos y se les impondrán condiciones. Por ello han reiterado su exigencia por eliminar el decreto.
