El operativo realizado el 7 de marzo de 2025 en Oaxaca por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) no solo fue cuestionado por la opinión pública, sino que ahora ha sido oficialmente señalado como violatorio de derechos humanos.
Con base en material audiovisual, testimonios y peritajes médicos y psicológicos, la DDHPO documentó un conjunto de acciones ilegales que afectaron a cinco integrantes de una familia. La agresión incluyó a personas adultas mayores y a un periodista que cubría los hechos.
Violaciones acreditadas por la Defensoría
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la Recomendación 09/2025, en la que se acreditan las siguientes violaciones:
1. Inviolabilidad del domicilio.
2. Integridad y seguridad personal.
3. Uso indebido de la fuerza pública.
4. Retención ilegal.
5. Violaciones a la libertad de expresión
Caso emblemático: periodista Álvaro Cuitláhuac López
El periodista Álvaro Cuitláhuac López, quien transmitía el operativo en vivo, fue detenido de manera violenta y sin justificación legal por agentes encapuchados. Fue golpeado, incomunicado y liberado horas después sin explicación clara ni documentación de su arresto.
El hecho se suma a una creciente preocupación por el hostigamiento a periodistas en Oaxaca.
La respuesta institucional: evasiva y sin claridad
La Fiscalía emitió un comunicado posterior en el que señala que el operativo “respondía a un mandato judicial”, sin aportar detalles ni fundamentos legales. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando reparación, justicia y garantías de no repetición.
DDHPO exige reparación y medidas correctivas
Entre las medidas solicitadas por la Defensoría están:
1. Compensación económica a las víctimas.
2. Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.
3. Capacitación obligatoria en derechos humanos para agentes de la AEI y MP.
4. Disculpa pública oficial de la FGEO
5. Garantías de no obstaculización al ejercicio periodístico
Opinión: la violencia institucional no puede normalizarse
Este caso revela un patrón preocupante: uso excesivo de la fuerza, allanamientos sin orden judicial y criminalización del periodismo. Mientras la Fiscalía responde con ambigüedad, la sociedad civil exige transparencia y rendición de cuentas. Si no se actúa con firmeza, el mensaje que se envía es que los derechos pueden ser suspendidos por decisión unilateral de una autoridad armada.
