Por lo visto, no solamente en el gobierno federal se ha generado mucha confusión en torno a la información del avance de la pandemia Covid-19, sino también en nuestra entidad. El domingo pasado, desde San Juan Ozolotepec, a donde acudió a evaluar los daños del sismo de 7.4 grados del pasado 23 de junio y llevar ayuda a los damnificados, el gobernador Alejandro Murat subrayó que Oaxaca sigue en semáforo rojo, pues los contagios y decesos, como ya hemos mencionado, no nos dan tregua. Sin embargo, adelantó que, para el pasado primero de julio se tenía prevista la apertura escalonada de pequeños negocios. Se entiende que la situación de la micro, pequeña y mediana empresa es, ciertamente desesperada. No hay dinero para el pago de rentas e impuestos; menos para liquidar a los trabajadores que se han quedado cesantes. Es pues, un arma de dos filos, pues si bien por un lado se hace un nuevo llamado a seguirse quedando en casa para evitar la diseminación del virus, por la otra, se prevé ya la apertura de negocios.
Desde el fin de semana pasado rebasamos los cinco mil contagios y los 560 decesos. No obstante, los insistentes llamados de las autoridades sanitarias, hay munícipes que insisten en seguir llevando a cabo sus fiestas patronales, poniendo en riesgo a la población. Como mencionamos el pasado miércoles: hay un crecimiento preocupante de contagios, pues la pandemia ha agarrado parejo. El domingo anterior falleció de Covid-19, el presidente municipal de San Baltasar Chichicapan, Florencio Sangermán. El lunes, el edil de Santa Lucía del Camino, uno de los municipios con mayor número de contagios y muertes, Dante Montaño Montero, dio a conocer en su cuenta de Twitter, haber dado positivo y estar bajo resguardo. A pesar de este panorama tan preocupante, pequeños negocios en el Centro Histórico empezaron abrir desde el pasado miércoles.
Desde hace al menos tres semanas, propietarios de bares y antros han exigido la apertura de sus negocios. Con justa razón. Ya no tienen para mantenerlos vigentes y seguir pagando impuestos. Pero entienden también que pueden convertirse en focos de contagios. Los operadores del transporte turístico han marchado por calles de la capital para pedirle al gobierno apoyo. Ya no pueden más, con hoteles, playas y restaurantes cerrados, además, por una insignificante afluencia de visitantes del país y el extranjero, que se pueden contar con los dedos.
Urgen especialistas
Los funcionarios públicos de la actual administración pueden ser expertos en ciertas áreas del conocimiento, pero no son todólogos. Tiene que dedicarle parte importante de su tiempo y conocimientos a los ámbitos de competencia administrativa que tienen en el gobierno. Para tareas de campo tienen que delegar en mandos menores, las atribuciones que, en otras circunstancias estarían bajo su responsabilidad directa. A lo que vamos es a esto. De los daños que generó el sismo de 7.4 grados, del pasado 23 de junio, se han contabilizado más de diez mil viviendas afectadas, además de centenas de edificios públicos. Incluso en la capital oaxaqueña, hay casonas coloniales, templos de los Siglos XVI al XVIII y otros edificios que resultaron averiados, como la Catedral de la Sierra en San Juan Ozolotepec.
Los daños ocasionados por el siniestro no se pueden evaluar desde la perspectiva y “a ojo de buen cubero” del funcionario, sino de expertos en estructuras y profesionales de la construcción. Desde los sismos de septiembre de 2017, grupos, colegios y organizaciones de ingenieros civiles, ofrecieron sus servicios –inclusive sin costo alguno- al gobierno estatal, para evaluar los daños y proponer alternativas tanto de rehabilitación como de demolición y nueva construcción. Nadie los fumó. Ese complejo de sabelotodo que existe en ciertos segmentos gubernamentales, es lo que prevalece, aunque muchos estén conscientes de su ignorancia. Y ello se da porque abogados, economistas o licenciados en administración están a cargo de dependencias que tienen como objetivo la construcción de vivienda, obras carreteras u otras. Claro que hay excepciones. Pero son muy contadas.
No estaría mal que, para las tareas de reconstrucción, el gobierno de Alejandro Murat convocara a colegios u organizaciones civiles de ingenieros o arquitectos, que las hay en Oaxaca y muchas, para sumarse a las tareas de evaluación de los daños en las zonas siniestradas. Tenemos la certeza de que muchos habrán de responder. Hay que olvidarse ya de las licitaciones de obras y de aquellos que sólo ven en la tragedia su beneficio personal o de grupo. Es urgente convocar a los organismos de la sociedad civil, como son justamente los colegios de ingenieros civiles, a esta tarea que, insistimos, no es atributo de advenedizos o inexpertos, sino de aquellos que conocen el tema. Es necesaria y obligada la participación de la sociedad civil, para apoyar a nuestros hermanos damnificados.
