Es en razón a la “Defensoría de las Audiencias” que el gobierno federal propone hoy en México.
En 1767 el rey Carlos III de España decretó que los jesuitas fueran expulsados de todos los dominios de su corona. Esto, por supuesto incluía a la Nueva España (hoy México) en donde se emitió un bando con la orden de que los Jesuitas fueran expulsados.
“El marqués de Croix, virrey de la Nueva España, hace venir a su presencia al impresor Antonio de Hogal; lo conduce a un balcón del Palacio Virreinal [hoy Palacio Nacional] , y le entrega allí los originales de un bando mientras le dice:
“Este bando se imprime ahora mismo en la casa de usted bajo el concepto de que si se divulga su contenido antes de su publicación el día de mañana, lo mando a ahorcar en este mismo balcón”.
“El bando ordenaba la inmediata salida de los jesuitas y estaba rubricado con esta frase: De una vez por lo venidero deben saber los súbditos del Gran Monarca que ocupa el trono, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir y opinar en los altos asuntos de gobierno”. (Cit. Luis González y González: “El siglo de las luces”.)
El territorio novohispano estaba regido por el “Despotismo Ilustrado”, que comenzó a principios del siglo XVIII (1700-1701), se consolidó con las reformas de Carlos III a partir de 1759 y concluyó en las primeras décadas del siglo XIX, hacia 1808-1821, con la crisis de la monarquía española.
El “Despotismo Ilustrado” fue una forma de gobierno que combinó el poder absoluto del rey (‘el despotismo’) con las ideas de racionalización, ciencia y progreso de la Ilustración.
Su máxima era “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Lo que significaba: Centralización del poder; restar poder a los virreyes locales, a la Iglesia católica y a los poderes corporativos.
Dividió el territorio novohispano en intendencias para mejorar el control fiscal; incrementó de forma alarmante la recaudación de impuestos y fomentó la minería y el comercio libre entre colonias. Desplazó a los grupos locales y criollos de los altos cargos de gobierno a favor de funcionarios españoles. Pero sobre todo: Obedecer y callar.
Esta reflexión se orienta al famoso bando que nos muestra cómo la historia no es esa tía buena que todo lo ve y todo lo perdona: la historia no olvida. Y está el apotegma de Heródoto, padre de la historia, quien dijo: “Quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo”.
Y es así. A los mexicanos –como a muchos en el mundo- conseguir las libertades ha costado mucho esfuerzo, con frecuencia enormes sacrificios en ideas y vidas. Por siglos en México se ha querido construir un país de libertades y derechos, el problema es que son los gobiernos y sus gobernantes los que quieren decidir en qué consisten esas libertades y esos derechos, no el pueblo soberano.
Es el caso de la libertad de expresión, la base de todas las libertades; la esencia humana de la inteligencia, de la reflexión, del pensamiento, la palabra, la imprenta: la libertad en sí y para sí.
Por la libertad de expresión han muerto muchos mexicanos en más de dos siglos; por esta libertad muchos fueron a la cárcel; otros fueron asesinados o enviados a mazmorras o a los humillantes viajes de rectificación. Ha sido una lucha permanente entre quienes defienden esta libertad de expresión con quienes tienen el poder político o económico.
Es cierto que a pesar de todos los avatares, a pesar de todos los pesares, la libertad de expresión sigue siendo uno de los factores de identidad del ser humano; su derecho humano a decir lo que piensa y lo que opina y lo que debe saber y discurrir.
Por este derecho han ocurrido confrontaciones históricas, pero siempre ha predominado la voluntad individual y colectiva por saber lo que pasa y lo que ocurre, porque es parte de la democracia y el derecho para construir mejores rutas de vida y de igualdad y de justicia.
Ya se anuncia un modelo de “Defensoría de las audiencias”. Una defensoría que dice que el gobierno protegerá a los mexicanos de la libertad de expresión. De su propia libertad y derecho.
Una propuesta que quiere hacer pensar a los ciudadanos que deben ser defendidos por el gobierno para que éste, según su criterio, decida qué sí o qué no es verdad o mentira; qué debe escuchar o conocer el mexicano y castigo para quienes digan lo que “no conviene al ciudadano”, aunque todo esto sugiere que lo que busca es protegerse en sus hechos de gobierno.
No es nuevo. El reproche desde el gobierno que ya es reiterativo, refiere que “hay campañas de la derecha, de la ultraderecha, de los conservadores, de los enemigos de la transformación”, aunque no sea cierto y las críticas provengan, incluso, de la izquierda mexicana no institucionalizada.
Esta acusación se transforma ahora en “Defensoría de las Audiencias”, como si esas audiencias no supieran discernir entre verdad o mentira, entre falso o cierto… Como si no tuviera su propio criterio, su inteligencia y su propia decisión para decidir qué sí le conviene y qué no.
Especialistas advierten que esta propuesta otorga un preocupante margen de discrecionalidad en vista de que la autoridad intervendría indirectamente en la evaluación de contenidos y un evidente peligro en contra de la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de pensamiento.
Advierte esta propuesta de gobierno sobre criterios de “veracidad” de la información y la separación rígida entre opinión e información, lo que permitiría al órgano regulador –el mismo gobierno– decidir en base a criterios subjetivos.
La libertad de expresión es propiedad soberana de la audiencia, de los ciudadanos, de los medios, de los informadores y profesionales del periodismo. Y sólo, únicamente, serán el ciudadano y los medios de información y comunicación los que garantizarán la probidad, ética y certeza de su información y opinión. Ni más, ni menos.
