Dos gobernadores cortados por la misma tijera.
Uno señalado como déspota, el otro acusado de protección a los grupos criminales.
Súbitamente Puebla se convirtió en un foco de atención a nivel nacional. Oaxaca por su parte es el nuevo epicentro de los grupos delincuenciales y del narcotráfico.
En Puebla todo pasa y diría el clásico, hasta la ciruela pasa.
Ocurren suicidios extraños, alcaldes que participan en los grupos de la delincuencia, gobernantes prepotentes que denuncian abusos empresariales, acusándolos de saquear al estado
Acusaciones contra alcaldes que incumplen con su trabajo y son exhibidos públicamente. Abusos de autoridades, amagos a empresarios que son advertidos que si no ceden sus terrenos, serán expropiados. Presencia del crimen organizado.
Todo esto sucede con una administración estatal que no cumple siquiera con dos años de gobierno y ya está calificada como el peor gobierno de los últimos 50 años.
Alejandro Armenta es vanidoso, superficial, controversial y quiere ser hasta simpático comparando las calles con los cráteres de la guerra de Israel con Palestina.
Sus caprichos son rechazados por la población, pero él insiste en ellos y denuncia que las autoridades locales intentan frenar sus planes de desarrollo.
La descomposición es enorme, la decepción crece entre la población, el gobernador, Alejandro Armenta, se muestra autoritario, prepotente, incapaz de reconocer los errores de su administración y de su equipo y mucho menos aceptar el bache en que cayó los primeros meses de su gobierno.
Y al hablar de baches no nos referimos a los miles de ellos que hay desplegados por toda la capital del estado y otros municipios que dejan evidencia del poco apego al cumplimiento de sus ofertas y de la dotación de servicios.
La obstinación del gobernador por sembrar a los candidatos a diputados federales, alcaldes, diputados locales y otras autoridades que irán a las urnas el próximo 6 de junio, podrían ocasionar un revés grande al partido gobernante y, principalmente al gobernador que se irá quedando solo.
En Oaxaca, el gobernador es responsable del crecimiento de la violencia e inseguridad y hasta es señalado como protector de los grupos delincuenciales.
El diputado Benjamín Robles acusó una y otra vez al gobernador Salomón Jara a quien describió como un “usurpador” de la gubernatura después de la consulta de revocación de mandato.
Según Robles, la permanencia de Jara en el cargo carece de legitimidad, por lo que su partido (PT) insistirá en impugnar los resultados del ejercicio ante las autoridades correspondientes.
Ahora a Salomón Jara se le caen sus operadores políticos, con la detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano y la renuncia de Emilio Montero, titular del Instituto Estatal de Educación Pública del estado. Pero antes de ello el gobernador y otras autoridades fueron señalados por el periodista, Alejandro Leyva, como responsable de lo que pudiera ocurrirle y sucedió, el periodista fue asesinado y el crimen sigue en la oscuridad.
Como sucede comúnmente en los tiempos modernos, el blindaje de los gobernadores es demasiado amplio y no sucede nada con ellos.
