Este fin de semana una veintena de operadores jurisdiccionales, entre magistrados y jueces, estuvimos dos días en Puebla como asistentes al Congreso Internacional de Actualización Probatoria organizado por la el Poder Judicial de Puebla, la Universidad de Girona y la Red Mexicana de Estudios sobre la Prueba.
Fueron dos días de intensa actividad académica donde abrevamos de las nuevas investigaciones en materia de razonamiento probatorio hechas por los expertos en el tema, tanto de México como de otros países como España, Brasil y Argentina.
Y es que los juzgadores, para tomar decisiones, nos valemos fundamentalmente de dos cosas: normas jurídicas y hechos.
Las normas jurídicas se aplican a los casos concretos que conocemos y los hechos se prueban.
Técnicamente no es que trabajemos con hechos; trabajamos con enunciados que describen hechos que pueden ser falsos o verdaderos. Y los juicios tratan, en buena medida, de demostrar ante el juez esa correspondencia de los que las partes dicen con la realidad.
Estaremos todos de acuerdo en que los jueces no sabemos qué pasó respecto de los asuntos que juzgamos porque no estuvimos ahí cuando los hechos ocurrieron.
Ni tampoco lo saben los abogados. Solamente lo saben quienes los vivieron y eventualmente uno o varios testigos. Puede incluso haber videograbaciones de cámaras de seguridad públicas o privadas.
Y el juez tiene que decidir con “las pruebas” que las partes le presentan.
Y tomar decisiones sobre la prueba no es o no debe ser cosa de corazonadas o intuiciones.
Hay testigos que mienten; hay otros que creyendo sinceramente que están diciendo la verdad están declarando falsamente, porque la ciencia ya demuestra que la memoria “traiciona” y tiene trampas.
Y esto solo por citar uno de los múltiples problemas que existen en torno al trabajo de los jueces de decidir respecto de los hechos de los casos.
Nuestros jueces, para poder hacer posible eso que llamamos justicia, deben ser racionales y actuar razonablemente; libres de prejuicios, sesgos o predisposiciones.
Y eso, entre muchas otras cosas, es lo que hace que el del juez sea un trabajo técnico, objetivo y argumentado.
Esta es la parte que contraviene aquello de que juzgar no es gran ciencia. Porque el juez para hacer profesionalmente su trabajo debe saber nuclearmente tres cosas: argumentar, interpretar y valorar racionalmente la prueba.
A esto fuimos a Puebla: a escuchar a los expertos mundiales para actualizar nuestros conocimientos en beneficio de la impartición de justicia y de Oaxaca.
Sabemos de sobra que en esto, como en muchas otras cosas, se han implementado en México y en Oaxaca reformas de primer mundo para una realidad que no es del primer mundo.
Sabemos que trabajamos en medio de grandes carencias, que parecen ser la maldición de casi todos los poderes judiciales y de todas las fiscalías.
Somos conscientes de que una justicia perfecta e infalible no se consigue con cursos y conferencias.
Pero el trabajo de un juez y un magistrado se reduce a una sola cosa: estudiar:
Estudiamos los expedientes, estudiamos las audiencias, estudiamos la ley, estudiamos la jurisprudencia, estudiamos la doctrina.
Y por si fuera poco, tenemos la obligación de estudiar cuestiones que en apariencia no tienen nada que ver con el derecho: psicología, neurociencia, antropología, sociología; y ahora inteligencia artificial.
*Magistrado presidente de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
