Con el rostro endurecido por el dolor y la indignación, Marcelina Noemí Gómez, madre del pequeño Fernandito, de tan solo 5 años, denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte por exigir justicia tras el secuestro y asesinato de su hijo a manos de una familia de prestamistas en el municipio de La Paz, Estado de México.
En una conferencia de prensa acompañada por sus hermanos, Alfredo y Cecilia Gómez, así como por la activista Fabiola Villa, de la organización “Amor y Rabia”, Noemí solicitó protección del gobierno mexiquense luego de ser amenazada por presuntos elementos de la Policía de Género local y allegados a los agresores.
“Me dijeron que si no quitaba a mi abogada, me iba a pasar algo. Que incluso yo podría ir a la cárcel”, declaró entre lágrimas Marcelina Noemí.
PRESIÓN Y AMENAZAS PARA QUE DESISTA DEL CASO
Según explicó la madre, fue intimidada para retirar a su abogada defensora, lo que la llevó a desistir de la asistencia legal impuesta por el DIF municipal de La Paz, y reestablecer el vínculo con la organización “Amor y Rabia”. La cual ahora llevará nuevamente el caso, con el activista Alan Girón como nuevo representante legal.
La denuncia pone al descubierto un patrón preocupante de hostigamiento institucional y social, que apunta a un intento por entorpecer el proceso legal y silenciar a una madre que clama justicia. Las amenazas no sólo la forzaron a cambiar de defensa legal, sino que la hicieron temer por su vida y la de su familia.
EL CASO FERNANDITO: UN CRIMEN IMPENSABLE POR UNA DEUDA DE MIL PESOS
El asesinato de Fernandito causó conmoción nacional cuando se conoció que su vida fue arrebatada por una deuda de apenas mil pesos. De acuerdo con las investigaciones, tres personas integrantes de una familia de prestamistas —Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”— secuestraron y asesinaron al niño en un acto brutal de extorsión y violencia.
Actualmente, los tres agresores se encuentran en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, vinculados a proceso. El Poder Judicial del Estado de México fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
UNA FAMILIA ROTA EXIGE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN
Durante la conferencia, los familiares de Fernandito denunciaron que siguen recibiendo amenazas. Por lo que aprovecharon la atención mediática para solicitar formalmente su incorporación al mecanismo de protección del Estado de México.
Según informaron, el gobierno estatal ya ha establecido contacto con la familia y les ofreció apoyo psicológico. Sin embargo, no se ha emitido una respuesta oficial por parte del gobierno municipal de La Paz. El cual, hasta ahora guarda silencio, pese a que el caso ha alcanzado notoriedad nacional.
Cabe destacar que Mario Cristalinas, titular del DIF municipal, presentó su renuncia tras la revelación de los hechos. Pero tampoco ha dado declaraciones públicas sobre el entorno institucional que permitió el mal manejo del caso.
SILENCIO CÓMPLICE E IMPUNIDAD INSTITUCIONAL
El caso de Fernandito no sólo es doloroso por su brutalidad, sino también por lo que revela del entramado institucional que ha fallado en su obligación de proteger a las víctimas. Las amenazas provenientes, presuntamente, de la propia Policía de Género de La Paz, abren interrogantes graves sobre la complicidad o negligencia de autoridades locales.
La remoción de la abogada impuesta por el DIF, el silencio del gobierno municipal y la renuncia de su titular no hacen sino reforzar la percepción de una estructura que protege a los agresores más que a las víctimas.
ENTRE LÍNEAS: UN GRITO QUE NO DEBE SER IGNORADO
El caso de Fernandito es el reflejo más crudo de un país donde la pobreza, la impunidad y la falta de Estado de Derecho se cruzan con la violencia cotidiana. Que una deuda de mil pesos termine en un infanticidio. Y que la madre tenga que huir, callar o cambiar de abogados por miedo, debería escandalizar a todos.
El gobierno del Estado de México y el federal tienen la responsabilidad ineludible de garantizar la seguridad y justicia para Marcelina Noemí y su familia. No es sólo un deber legal, es un imperativo moral.
El clamor de una madre no puede ser sepultado bajo amenazas ni el miedo impuesto por el crimen o la corrupción institucional. Fernandito merece justicia. Y su madre, protección.
