Los beneficiarios de los Créditos a la Palabra y Tandas del Bienestar —programas creados durante el sexenio anterior— están siendo blanco de fraudes y amenazas, advierten la Financiera para el Bienestar (Finabien) y la Secretaría de Economía.
Diversas denuncias ciudadanas han reportado intentos de estafa por parte de supuestos gestores que, haciéndose pasar por funcionarios o empresas autorizadas, exigen pagos inmediatos bajo amenazas de embargo, acciones legales o pérdida de patrimonio.
La mayoría de estas acciones se realizan fuera de los canales oficiales, muchas veces mediante mensajes en WhatsApp, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias y correos falsificados con logotipos gubernamentales.
EL GOLPE DE LA DEUDA: MÁS DE LA MITAD NUNCA PAGÓ
Los programas federales de microcréditos fueron diseñados para ayudar a la población vulnerable, especialmente ante la crisis por la pandemia de COVID-19. Se entregaban hasta 25 mil pesos sin intereses, con la expectativa de reembolso voluntario y progresivo.
Sin embargo, las cifras oficiales revelan una alta morosidad:
De los 851 mil 502 beneficiarios del Crédito a la Palabra, el 83% no reembolsó ni un peso o pagó solo parcialmente.
En el caso de las Tandas del Bienestar, el 67.2% no realizó ningún pago, y solo el 16.3% abonó parcialmente su deuda.
Esta falta de cumplimiento provocó la suspensión indefinida de los programas y generó un vacío administrativo que hoy está siendo aprovechado por estafadores.
“NO HAY GESTORES EXTERNOS”: AUTORIDADES ACLARAN Y PIDEN PRECAUCIÓN
Finabien enfatizó que no utiliza intermediarios, gestores privados ni solicita pagos por medios alternativos. Toda gestión debe hacerse a través de su portal oficial o sucursales autorizadas.
Entre las formas más comunes de fraude detectadas se encuentran:
Envío de documentos apócrifos simulando embargos o requerimientos judiciales.
Visitas domiciliarias con amenazas para obtener pagos.
Perfiles falsos en redes sociales que prometen “acuerdos exprés” o “renovaciones de crédito”.
Solicitudes de depósitos en cuentas personales o pagos en efectivo.
Las autoridades instan a no entregar datos personales, no pagar en efectivo ni confiar en correos electrónicos o mensajes de WhatsApp no verificados.
¿Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO?
Más allá de los intentos de estafa, este caso pone sobre la mesa la debilidad estructural de programas sociales sin mecanismos claros de seguimiento ni recuperación, lo cual ha permitido la proliferación de fraudes que afectan, irónicamente, a las mismas personas en condición de vulnerabilidad.
También surge una pregunta de fondo: ¿debe el Estado judicializar estos adeudos o aceptar que fueron programas sin retorno, a fondo perdido? Y en ese caso, ¿quién se hace responsable del gasto público no recuperado?
LLAMADO A LA SOCIEDAD Y A LOS GOBIERNOS
Mientras tanto, las personas beneficiadas —muchas de ellas con escasa alfabetización financiera y digital— enfrentan un nuevo riesgo: ser víctimas de delincuentes que utilizan la desinformación y la desesperación como herramientas de extorsión.
La solución no solo debe pasar por advertencias. Se necesita transparencia institucional, mecanismos de conciliación, educación financiera real y, sobre todo, una revisión crítica de las políticas asistenciales del pasado que, sin seguimiento, hoy se convierten en un boomerang social.
