Para los mexicanos no es nuevo que existan personajes políticos con aspiraciones autócratas o dictatoriales, aún en nuestros días. Para éstos, los conceptos de democracia y legalidad les estorban para sus ambiciones personales y políticas. Por ello, con torpeza y cinismo, tratan de “asaltar” el estado de Derecho para imponer sus deseos, sus caprichos, sus fantasías por perpetuarse en el poder político.
Para aquellos que no están familiarizados con la “Ley Bonilla”, se los explico. En Baja California, debido a que fue uno de los últimos Estados en constituirse como tal en nuestra Federación, los ejercicios electorales se encontraban desfasados de los procesos federales. Esto causaba que estuviéramos siendo objeto constantemente de campañas electorales. Por ello, desde hace más de 10 años han existido intentos por “empatar” los procesos electorales federales y estatales, con el objeto de combatir la multiplicidad de elecciones, el abstencionismo y el gasto público en campañas electorales.
Por esta razón, el Congreso del Estado de Baja California, en el 2014, presentó una reforma en materia político-electoral a fin de empatar las elecciones. Para ello, se emitió un decreto en el cual se aprobó un Artículo Octavo Transitorio, en el cual se dispuso que el gobernador electo para el ejercicio 2019, estaría únicamente en funciones por dos años. En otras palabras, sólo gobernaría del 2019 al 2021.
Durante todos esos años ningún partido político o institución protestó, pues se consideraba una reforma necesaria en el Estado. Sin embargo, esto cambió cuando Morena se posicionó como primera fuerza electoral a nivel nacional en el 2018. Al advertir que tenían altas posibilidades de obtener la gubernatura de Baja California en el proceso del 2019, esta reforma ya no les agradó.
En este sentido, durante todo el proceso electoral estatal del 2019, Morena a través de sus militantes y su candidato a la gubernatura, trataron de impugnar esta reforma ante los órganos electorales jurisdiccionales, pero fracasaron en todos sus intentos. Evidentemente esto no los cansó.
Así las cosas, el 8 de julio del 2019, días después de darse a conocer como candidato ganador a la gubernatura del Estado al Sr. Jaime Bonilla Valdés, el Congreso del Estado con mayoría panista, aprobó la modificación al multicitado Artículo Octavo Transitorio. Con esta reforma se consumó el cambio de ejercicio de 2 a 5 años.
A partir de que esta reforma se publicó en el Periódico Oficial del Estado, los partidos políticos del Estado y otras instituciones públicas presentaron diversas acciones de inconstitucionalidad que serán resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo lunes 11 de mayo. En su fallo, en opinión de su servidor, la SCJN deberá de analizar la inconstitucionalidad de esta reforma debido a lo siguiente:
1. Transgrede el principio de certeza contenido en los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal. Ambos artículos disponen la obligación de promulgar y publicar las normas electorales con una anticipación mínima de 90 días antes de la etapa de preparación a las elecciones.
2. Vulnera los derechos humanos de legalidad y certeza jurídica. Lo anterior, debido a que los legisladores al aprobar la reforma omitieron parte del proceso legislativo. Asimismo, debido a que nos encontramos ante un “fraude a la Ley”, pues mediante la reforma se pretende dar legalidad a una ampliación ilegal de mandato.
3. Viola el principio de no-reelección, pues la reforma al Artículo Octavo Transitorio es una reelección disfrazada, pues se le otorga un periodo adicional por 3 años a aquel por el cual fue electo de facto por los electores.
4. Lesiona los derechos humanos de votar y ser votado, dispuestos en el artículo 35 de nuestra Constitución. Lo anterior, debido a que la multicitada reforma violenta los derechos de participación política de los ciudadanos, en virtud de que se les impide participar activa o pasivamente en un proceso electoral, al modificarse el periodo por el cual fue electo el gobernador.
Sabemos que esta decisión de la Suprema Corte no es fácil, pues diversos actores políticos intervienen ante la Corte. Se conoce que la ex Ministra Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, así como “destacados” miembros de Morena, han estado presionando a los actuales ministros para mantener la “Ley Bonilla”.
Si la Corte determina que esta reforma es “constitucional”, entonces la democracia y la legalidad de nuestro país estará en grave riesgo. La “Ley Bonilla” sentará el precedente para que cualquier Congreso Estatal modifique los plazos de gestión de los gobiernos estatales al antojo de los gobernadores en turno.
