Para quienes presenciamos el proceso electoral del 2006, recordaremos una frase muy reveladora de la personalidad del ahora presidente de México Andrés Manuel López Obrador: “Al diablo con sus instituciones”. Esta frase, inmortalizada por el colectivo social, la pronunció después de sentirse agraviado por los resultados de los comicios de ese mismo año, que lo colocaban, por primera vez, como perdedor en su carrera por la Presidencia de México. El entonces candidato, al pronunciar esta frase, alegaba que el régimen político de entonces no respetó la democracia y, por lo tanto, los tachó de dictadores, de fascistas. Enseguida constituyó su propio Gobierno “Legítimo”.
A partir de entonces y hasta nuestros días, ésta ha sido una constante en el comportamiento de entonces candidato y del ahora Presidente. Lo que no le gusta, lo desecha. Si una institución, sistema, estructura, etcétera, no comparte sus postulados, ideas, objetivos, entonces los enjuicia públicamente, los cataloga como neoliberales, fifís o de derecha y, finalmente, los manda “al diablo”. Gobierna no como un Estadista, sino como un revanchista.
Ahora bien, lo anterior no causaría un problema a nuestro país si esta conducta fuera tan sólo parte de su discurso político, a lo cual los Mexicanos estamos hondamente acostumbrados. Sin embargo, López Obrador ha trasladado su desprecio a las instituciones, a un profundo menosprecio al orden jurídico instituido. Me explico con un breve ejemplo.
El pasado 23 de abril del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto denominado “DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”. Este decreto, enlista 11 “medidas” que ayudarán a disminuir el gasto público, de las cuales 6 no son más que parte de su discurso habitual, las restantes se pueden circunscribir a lo siguiente:
a. Reducir, de forma voluntaria, en un 25% el salario de los “altos funcionarios públicos”.
b. Dejar de ejercer el 75% del presupuesto disponible a determinadas partidas.
c. Cancelar 10 subsecretarías.
d. Cerrar “la mitad” de oficinas de la estructura del Gobierno Federal.
e. Posponer las acciones y gasto de todos los proyectos de gobierno, con excepción de 38 que denomina “prioritarios”.
Si el presidente no lo sabe, sus asesores jurídicos y Secretaría de Gobernación sí. Para que estas medidas sean legales, no basta que estas sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación a modo de una “carta de los deseos”, sino que debe de presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa en la cual se proponga la reforma a diversas leyes. Mediante un simple decreto no pude mutilar la Administración Pública Federal, tampoco puede -a través de estos instrumentos-, decidir si se ejerce o no el presupuesto, posponer el gasto público, o, peor aún, reducir sueldos de los empleados públicos (cuyo tema en sí, ya es violatorio a las Leyes burocráticas).
Al materializarse este Decreto, es evidente que el Presidente no sólo está “mandando al diablo” a las instituciones, a los demás Poderes de la Unión, sino también a las Leyes y la Constitución. Quizá sea necesario que sus asesores le recuerden al presidente que un estado democrático, el cual él se empeñó por defender varios años, no puede subsistir en un régimen en donde no se respete el orden constitucional o jurídico. Es importante que sepa que democracia no únicamente significa el derecho de los ciudadanos por acudir cada 3 años a las urnas, sino también significa que los funcionarios y representantes populares estén obligados a actuar de acuerdo con las Leyes.
Es imperativo que le recuerden que un presidente que menosprecia a las instituciones y a las leyes es, por consecuencia, un gobernante autoritario.
