Obras inconclusas, policías inconformes y el cierre del basurero, herencia con las que tendrá que lidiar el ahora gobernador electo, Salomón Jara Cruz para los próximos seis años.
Una vez fracasado el “milagro oaxaqueño”, el nacido en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, recibirá una herencia de obras inconclusas, policías inconformes y el conflicto por el control del basurero municipal de la Villa de Zaachila, que un día se abre y horas después se cierra y que podrían generar nubarrones de turbulencias al inicio de su administración, el próximo 1 de diciembre.
A poco menos de cinco meses del cambio de gobierno, los conflictos crecen en los diversos sectores de la sociedad oaxaqueña, esto sin tomar en cuenta la enorme deuda pública que se arrastra desde hace varios sexenios y que el presente gobierno la envío para los siguientes lustros.
Uno de los proyectos inconclusos o a medias que dejará la actual administración es la ampliación de la avenida Símbolos Patrios a ocho carriles, que no se ve para cuándo terminar, con el notorio desinterés de la constructora, ICA, que cuenta con la anuencia federal.
Los turistas que llegan por vía aérea en el Aeropuerto Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán deben lidiar con el enorme caos vial generado por las obras que debieron concluir desde el mes de diciembre del 2021. Eso si no se entrampan con un bloqueo cortesía de alguna de las numerosas “organizaciones sociales” que, para obtener dinero o canonjías, toman de rehén al crucero de esa terminal y, con ello, golpean a las y los oaxaqueños y nuestros visitantes.
Otra herencia que no se ha logrado solucionar en los últimos dos sexenios es la demanda de los elementos de la Policía Estatal que exigen salarios adecuados y una pensión digna, sin contar con la falta de uniformes, de insumos, pertrechos para laborar y hacer frente, de la mejor manera, a la creciente delincuencia que ya ha visto a Oaxaca como una “plaza” fundamental para sus fechorías.
Durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo estalló el primer paro de labores, con la llegada de Alejandro Murat Hinojosa, las protestas han continuado hasta la fecha.
Parece que los gobernantes tienen acuerdos o pactos para heredar estos problemas, pues el tema del basurero se revive en cada sexenio y las promesas siempre son las mismas, la apertura de un nuevo relleno sanitario, pero nadie quiere recibir la basura de otros.
Además, de los numerosos proyectos presentados por diversas instancias, ninguno ha llenado el ojo a quien o quienes toman decisiones y, ni el gobierno estatal ni los municipales han dicho esta boca es mía y tomado el toro por los cuernos. Más aún si consideramos que muchos de los proyectos han sido desechados porque se piden moches o sobreprecios por parte de los funcionarios en turno y prefieren no impulsar una obra ya de urgente necesidad.
Veremos si el próximo gobierno de la Cuarta Transformación logra resolver de fondo estos temas que cada sexenio estallan en Oaxaca, o solamente se continúa administrando, como se ha realizado durante décadas.
El paraíso de los ciberataques
No es asunto menor el de los ciberataques en México. En mayo de 2018 en Oaxaca el Hospital de Especialidades denunció intromisión maligna que afectó su base de datos mediante un programa malicioso que obligó a diferir citas y la atención en diversas áreas; al parecer, el asunto no pasó a mayores, pero era una alerta.
Leemos que México está entre los tres países con mayor cifra de ataques cibernéticos en el mundo, el crimen organizado internacional ha tomado a nuestro país como plataforma de sus delitos ante la ineficacia oficial, ambigüedad, desconocimiento o, de plano, complicidad oficial.
Varias cifras asustan: México sufrió 80 mil millones de intentos de ciberataques en el primer trimestre de 2022, más de la mitad del año anterior completo, cuando se detectaron 156 millones de intentos señala el más reciente reporte de FortiGuard Labs para América Latina y el Caribe. De estos ¿cuántos se registraron o tuvieron a oaxaqueños como objetivos?
Ello debe generar preocupación en nuestras autoridades acostumbradas a llenar formatos a mano, pero que deben hacer uso de medios digitales para brindar servicios, trámites, pero sobre todo, realizar transferencia financieras a entes públicos, municipios, pago a proveedores y múltiples tareas que tienen a las plataformas digitales como medio para agilizar y aligerar el trabajo.
Aquí existe una ciberpolicía a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca que no sabemos las labores preventivas o de inhibición que realiza ni los protocolos que siguen ante estos ataques. Una pregunta básica ¿hay eficiencia o ineficiencia?
Múltiples funcionarios, entre ellos el gobernador Murat han denunciado “hackeo” a sus redes sociales, de por sí grave, pero más grave es un ataque a la administración del gobierno, a secretarias o instituciones. Nos dicen que muchas dependencias oficiales carecen de protocolos para detectar un ataque, mucho menos para contenerlo o, lo que es peor, no contratan o pagan seguros o a empresas para atender ciberataques, por lo que están a la buena de Dios. Se manejan recursos, están nuestros nombres, domicilios, datos sensibles de cada oaxaqueño y, a pesar de la Ley de Protección de Datos personales, el “santo y seña” de cada ciudadano es oro molido para que delincuentes opten por suplantar identidad, saqueen cuentas personales y públicas.
Desde 1999 existe la Policía Cibernética, pero poco o nada puede hacer, ya que lamentablemente en el país no existe legislación para esta modalidad de delito, y por consecuencia no existe un solo detenido. Allá afuera, o aquí dentro, como quiera verlo usted osada lectora-lector, los ciberdelincuentes perpetran mil ataques en México por minuto. ¿Oaxaca está a salvo?
Somos de los tres estados con menor penetración de internet en el país, eso ¿nos da inmunidad? o nos convierte en presa fácil. ¿Qué dicen las autoridades?
