El gobierno de Gabino Cué arrastró durante toda su gestión un estigma: la falta de voluntad política y autoridad para designar de manera firme a sus colaboradores. En este mismo espacio editorial siempre cuestionamos la tendencia a dejar en suspenso los nombramientos. Es más, hubo funcionarios que terminaron la gestión del ex gobernador como “encargados del despacho” y no como titulares formalmente designados, tal fue el caso de Héctor González Hernández en la Secretaría de Salud. Sin embargo, nuestra capacidad de asombro va creciendo pues en la actual administración y sin llegar a concluir el segundo año de gestión, hay al menos cinco áreas que no tienen titular: la Secretaría de Administración, Movilidad y Transporte, Cultura, Salud y la cuestionada Secretaría de Asuntos Indígenas. En esta última se desconoce si existe algún “encargado del despacho”, pues la salida del titular fue tan precipitada que en realidad es un misterio su situación. Hay que recordar que la mira de las autoridades, a raíz del asesinato de nuestra compañera María del Sol Cruz Jarquín, está puesta en la SAI y en quienes la enviaron a cubrir una campaña política a sabiendas de que estaban incurriendo en delitos electorales.
Si bien es cierto que trascendió en los corrillos políticos que los ajustes se harían pasando el proceso electoral del primero de julio, posteriormente que después de La Guelaguetza, se desconoce a ciencia cierta si se harán en breve, habida cuenta que sólo el Jefe del Ejecutivo tiene dichas atribuciones y con certeza lo hará tomando su tiempo y circunstancias. De lo que no hay duda es que existen ciertas áreas en las cuales los resultados de los titulares son ciertamente lamentables. Por ejemplo, durante los meses de la jornada electoral, por ley hay que respetar la veda, aunque hay áreas que por su propia naturaleza pueden publicitar sus acciones. Hubo un silencio total en la estructura de gobierno. Nada se supo de las acciones gubernamentales en temas como salud, educación, combate a la pobreza o gobernabilidad. La mayoría de los responsables de las dependencias y entidades simplemente se tiró al piso para esperar. No obstante, a cerca de dos meses de haber concluido el proceso electoral siguen en las mismas, haciendo parecer ante la ciudadanía, a un gobierno que no trabaja o sólo responde a la inmediatez del momento.
Justicia y gracia o ley a secas
La evidente complicidad de ciertas áreas del gobierno estatal con algunos sindicatos del transporte se evidenció el pasado domingo, cuando quienes encabezan el Sindicato Libertad llenaron la entrada a la ciudad por la Carretera Internacional, en un presunto cambio de calcomanías de la CTM al suyo. Es impresionante la forma en la cual se ha solapado a ciertos grupos, no obstante los escándalos y denuncias de negocios ilícitos y desafío a la ley. Ahí hay que encontrar la hebra del comportamiento de los dirigentes de dichos gremios protegidos, al circular por la ciudad y área conurbada con ostentosas escoltas y vehículos blindados. En Oaxaca, en estos tiempos, y lo hemos dicho con algunos ex funcionarios que fueron detenidos, consignados al penal y, posteriormente liberados, prevalece la máxima juarista de: a los amigos justicia y gracia; a los enemigos la ley a secas. Esta situación, al menos en los que se refiere al transporte, ha sido catalogada como el eje de la violencia que se ha incubado en dicho rubro. Nuestra entidad, como lo publicamos el pasado domingo en nuestra nota principal, se ubica ya en el lugar número 12 de inseguridad y homicidios en el país. Pero tal parece que aquí no pasa nada.
Las ejecuciones, degüellos y ajusticiamientos en vivo, son hoy parte del escenario, cuyos actores son principalmente operadores y otros, del transporte concesionado. Las escenas del pasado domingo muestran con meridiana claridad de qué lado están las autoridades y la abierta protección a sindicatos que, en otras circunstancias, son criminales. Está por demás decir que ahí se ha incubado no solamente la impunidad sino un abierto solapamiento a todos los negocios que están detrás, pues no es un secreto que el plus del transporte es el cobro de derecho de piso, la trata de mujeres, el regenteo de bares y cantinas, además del monopolio de contratos de acarreo de materiales pétreos y de todo lo que tenga que ver con la obra pública. Es evidente que muchas de estas acciones se realizan a espaldas del ejecutivo estatal y sin proporcionarle la información necesaria. Lo cierto es que ante los ojos de la ciudadanía, las cosas en materia de seguridad y complicidades van de mal en peor. Y lo peor: hay serias dudas de que esta situación mejore, por el bien y tranquilidad del pueblo oaxaqueño que observa cada vez más, el deterioro de su ancestral tranquilidad
