La continuidad de la minera Don David Gold, dedicada desde hace 17 años a la extracción de oro y plata en San Pedro Totolápam , enfrenta un nuevo conflicto con la comunidad, luego de que la asamblea municipal acordara el cierre de sus operaciones por presuntas irregularidades administrativas, inconformidades sobre el uso de las tierras y posibles daños ambientales.
La decisión se tomó el pasado 18 de octubre, de acuerdo con la información difundida sobre el caso. Entre los principales señalamientos se encuentra la presunta falta de consulta a la población para continuar con las actividades extractivas, así como cuestionamientos al representante legal de la empresa, Óscar Lara, por supuestas irregularidades en la gestión de permisos relacionados con el uso de explosivos.
La determinación coloca en el centro del debate la relación entre la actividad minera, los derechos de la comunidad y las condiciones bajo las cuales se permite la explotación de los recursos naturales en esta localidad de la región de Valles Centrales de Oaxaca.
ASAMBLEA SEÑALA PRESUNTAS IRREGULARIDADES
De acuerdo con los señalamientos comunitarios, la inconformidad no se limita a la continuidad de la explotación minera. También incluye cuestionamientos sobre la actuación de personas vinculadas con la operación de la empresa y la renovación de los acuerdos para utilizar las tierras ejidales.
Durante la asamblea, los habitantes declararon persona no grata a Óscar Lara, a quien responsabilizan de gestionar presuntamente permisos para el uso de explosivos sin contar con la autorización de la comunidad.
Asimismo, los inconformes afirmaron que el representante de la minera habría ofrecido a algunos habitantes impulsar la separación de una parte del territorio para crear otro municipio, con el propósito de favorecer la continuidad de las operaciones. Esta acusación no cuenta, en la información disponible, con una respuesta de la persona señalada.
La asamblea también expresó su rechazo al presunto involucramiento de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), particularmente de Marco Antonio Sánchez, así como a una empresa dirigida por Saúl Molina, a la que los denunciantes vinculan con ese sindicato. Los señalamientos incluyen una supuesta extracción irregular de minerales, aunque no se proporcionaron detalles documentales que permitan establecer el alcance de las acusaciones.
ALERTAN SOBRE POSIBLE CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS
Uno de los puntos de mayor preocupación para la comunidad es el presunto derrame de metales pesados en una zona que, según los denunciantes, abarca más de un kilómetro y podría alcanzar un río cercano.
La advertencia plantea interrogantes sobre los posibles efectos de la actividad minera en el suelo y los recursos hídricos, así como sobre los riesgos para las poblaciones que dependen de ellos.
Sin embargo, la información difundida no precisa qué metales habrían sido detectados, cuáles son sus concentraciones ni si existen análisis de laboratorio o estudios técnicos que acrediten la contaminación señalada. Tampoco se detallan las medidas de contención o remediación que se habrían implementado.
La falta de esos datos impide dimensionar con precisión la magnitud del posible daño ambiental. Por ello, una evaluación técnica independiente y la intervención de las autoridades ambientales serían relevantes para determinar si existe contaminación, identificar sus fuentes y establecer las responsabilidades correspondientes.
EL CONTRATO EJIDAL, OTRO PUNTO DE TENSIÓN
El futuro de Don David Gold también depende de la relación contractual con el ejido de San Pedro Totolápam. Según la información difundida, el contrato de arrendamiento de las tierras concluiría en septiembre de 2026, lo que añade presión a las negociaciones sobre la permanencia de la empresa.
Los inconformes cuestionaron, además, la participación de Francisco Javier Reyes de la Campa, identificado en el texto como director ejecutivo de Gold Group Mining, en las gestiones relacionadas con la renovación de los contratos y la obtención de recursos vinculados con la actividad minera. La comunidad expresó sospechas sobre un posible beneficio particular, pero no se aportaron pruebas que permitan dar por acreditadas esas acusaciones.
La fecha de vencimiento del contrato abre una discusión sobre el futuro de las tierras ejidales, las condiciones para su aprovechamiento y la participación de los habitantes en las decisiones que afectan su territorio.
UNA DECISIÓN COMUNITARIA QUE EXIGE RESPUESTAS
El acuerdo de la asamblea representa una postura colectiva frente a la continuidad de la actividad minera. No obstante, la información disponible no establece si el cierre ya se ejecutó materialmente, cuáles son sus alcances legales ni si las autoridades competentes han iniciado procedimientos para hacer efectiva la determinación.
También permanece pendiente conocer la postura de Don David Gold y de las demás personas señaladas, así como la respuesta de las autoridades responsables de supervisar los permisos mineros, el uso de explosivos y el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
El caso reúne tres asuntos que requieren atención: el respeto a las decisiones comunitarias, la transparencia en los acuerdos sobre tierras ejidales y la verificación de los posibles daños ambientales.
Mientras no se esclarezcan los señalamientos mediante documentación y evaluaciones técnicas, el conflicto seguirá marcado por acusaciones que requieren investigación. Para la comunidad, el desafío inmediato es que su decisión sea atendida y que las dudas sobre el impacto de la minería en su territorio reciban respuestas verificables.
