La presidenta Claudia Sheinbaum no ha autorizado, hasta ahora, la extracción de gas mediante nuevas pruebas piloto de fracking. Esa precisión importa: en octubre, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, aclaró que lo autorizado por la mandataria fueron estudios para determinar si hay agua salada profunda disponible, no perforaciones ni fractura hidráulica. Pero la discusión ya dejó de ser hipotética. El Gobierno abrió la posibilidad de explotar yacimientos no convencionales y encargó a un comité técnico evaluar cómo hacerlo con menor impacto. La pregunta política y ambiental, por tanto, sigue en pie: ¿qué significa abrir esa puerta después de haber prometido mantenerla cerrada? En campaña, Sheinbaum fue explícita. Entre sus cien compromisos, en marzo de 2024, dijo: “No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”. Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, había formulado una promesa semejante en el compromiso 75 de su Gobierno: “No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”. En 2019, además, dijo que se suspendería una autorización para explotar un pozo petrolero con esa técnica.
Ahora el argumento presidencial es otro. México importa alrededor de 75 por ciento del gas natural que consume, principalmente de Estados Unidos, y ese combustible es clave para la generación eléctrica y la industria. Sheinbaum sostiene que el país debe reducir esa dependencia y que podrían estudiarse tecnologías distintas al fracking convencional, con agua no potable o salina, reutilización del líquido y productos químicos menos dañinos. Es una preocupación legítima de seguridad energética. Pero presentar la evaluación como una solución sustentable antes de que sus riesgos estén comprobados invierte el orden de la discusión: primero habría que demostrar que el daño puede evitarse, no pedir a las comunidades que confíen en que será menor. La Alianza Mexicana contra el Fracking, que agrupa organizaciones ambientales y sociales, cuestiona que exista un “fracking sustentable” y advierte que el cambio de rumbo profundizaría la dependencia de los combustibles fósiles en vez de acelerar la transición energética. Sus integrantes han señalado riesgos para el agua, emisiones de metano y posibles efectos sobre la salud y las comunidades. También acusan al Gobierno de organizar una deliberación que podría servir para legitimar una decisión ya encaminada. En abril, organizaciones y habitantes de localidades de San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo expresaron su rechazo y dijeron que sus comunidades ya habían discutido el tema.
Para críticos de la 4T, el viraje expone una contradicción entre promesas de campaña y decisiones de Gobierno. La objeción no es únicamente que Sheinbaum cambie de postura; los gobiernos pueden revisar sus políticas ante nuevas necesidades. El problema es que la explicación pública corre el riesgo de convertir “soberanía energética” en una respuesta que desplace preguntas esenciales: ¿quién soportaría los riesgos?, ¿qué comunidades decidirían?, ¿quién vigilaría cada pozo?, ¿cómo se repararían los daños? Y, sobre todo, ¿qué evidencia permitiría concluir que una técnica con riesgos conocidos es aceptable en los territorios donde se pretende aplicar? La propia historia obliga a matizar la narrativa. La fractura hidráulica no empezó con Sheinbaum ni estuvo ausente de México durante el Gobierno de López Obrador: hubo actividades previas y controversias sobre permisos y planes en yacimientos no convencionales. La Conagua sostuvo en 2019 que la administración de AMLO no autorizaba concesiones de aguas nacionales para fracturamiento hidráulico, mientras investigaciones periodísticas documentaron aprobaciones de planes de exploración de hidrocarburos no convencionales. Esa diferencia entre permisos, actividades, planes y extracción efectiva debe exponerse con cuidado. La promesa política de prohibir la práctica coexistió con un panorama regulatorio más complejo.
La formación ambientalista de Sheinbaum vuelve más exigente el escrutinio. Su trayectoria científica no elimina la posibilidad de que cambie de criterio; sí hace razonable pedirle que explique, con datos públicos, qué evidencia nueva justifica ese cambio y cómo se compara el fracking con alternativas menos intensivas en carbono. Si el Gobierno sostiene que existe una técnica de menor impacto, debe demostrarlo mediante estudios independientes y transparentes, no limitarse a afirmar que hay “nuevas tecnologías”. La diferencia entre una promesa ambiental y una política ambiental está en las reglas verificables, la vigilancia y las consecuencias cuando se incumplen. Mi valoración es que el Gobierno tiene razón al tratar la dependencia del gas importado como un problema estratégico, pero de ahí no se desprende que extraer gas no convencional sea la mejor respuesta. Una decisión responsable empezaría por publicar los estudios completos —incluidos los que no favorezcan el proyecto—, identificar acuíferos y zonas de riesgo, y garantizar consulta libre y efectiva a las comunidades antes de cualquier autorización. También tendría que comparar el costo y los impactos del fracking con inversiones en renovables, almacenamiento, eficiencia energética y menor demanda de gas. Si los estudios no pueden descartar daños graves o el agua necesaria compite con el consumo humano y agrícola, la conclusión coherente sería no avanzar. La pregunta para Sheinbaum no es si debe obedecer sin cambios una promesa de campaña. Es si explicará con honestidad por qué la revisa, qué evidencia la convence y qué límites está dispuesta a respetar. Hasta que haya una autorización formal, afirmar que ya permitió la extracción es inexacto. Pero también sería prematuro presentar la apertura de estudios como una decisión ambientalmente inocua. La credibilidad de su Gobierno dependerá de que el comité pueda decir “no”, de que las comunidades tengan poder real para oponerse y de que la soberanía energética no se mida solo por cuánto gas se extrae, sino por la capacidad de garantizar energía sin trasladar costos irreparables al agua, la salud y el clima.
