El Instituto Nacional Electoral (INE) relevó a Anayanci Bravo Urquidi de la Subdirección de Información de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, después de más de un año de cuestionamientos sobre su desempeño y de solicitudes para que dejara el cargo, según información publicada por La Silla Rota.
Bravo ingresó al organismo electoral en 2023 y, de acuerdo con fuentes citadas por ese medio, contó con el respaldo de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, para permanecer en la institución pese a que habría dejado de realizar las tareas correspondientes a su área de adscripción.
La funcionaria dejó la plaza a mediados de septiembre de 2026. El día 16 de ese mes, Diego Pinto asumió la Subdirección de Información, confirmó la Coordinación Nacional de Comunicación Social.
El caso abre interrogantes sobre los mecanismos internos de supervisión del personal, la evaluación del desempeño y los criterios utilizados para mantener a funcionarios en puestos públicos cuando existen señalamientos sobre el cumplimiento de sus responsabilidades.
MÁS DE UN AÑO DE CUESTIONAMIENTOS
Según las fuentes consultadas por La Silla Rota, a Bravo se le solicitó por primera vez su renuncia en agosto de 2025, ante presuntas deficiencias en su desempeño y falta de resultados en el área de Comunicación Social.
La funcionaria se habría negado a dejar el puesto y buscado respaldo en la oficina de la presidencia del INE. A partir de entonces, de acuerdo con la publicación, dejó de mantener una relación operativa con el área y fue retirada del chat de prensa institucional, donde participaba en la distribución de información para los medios.
Durante varios meses, habría permanecido en la sala de prensa del organismo, aunque ya no desempeñaba las funciones que originalmente correspondían a su cargo.
En enero de 2026, después de que Sergio Uzeta asumiera la titularidad de Comunicación Social, se le habría solicitado nuevamente que renunciara. Sin embargo, la salida no se concretó sino hasta septiembre de ese año.
La información publicada también señala que, hasta ese mes, el sitio oficial del INE todavía mostraba a Bravo como subdirectora de Información, con una remuneración mensual cercana a los 97 mil pesos.
No obstante, el reporte no incorpora documentación administrativa completa que permita precisar desde qué fecha dejó de ejercer sus funciones, si continuó realizando otras tareas institucionales o qué actividades justificaron el pago de su salario durante ese periodo.
DIEGO PINTO ASUME LA SUBDIRECCIÓN
La Coordinación Nacional de Comunicación Social confirmó que Diego Pinto tomó posesión del cargo el 16 de septiembre de 2026, una vez formalizada la salida de Bravo.
Pinto, originario de Sonora, cuenta con experiencia como reportero en medios de esa entidad y se describe en su perfil profesional como especialista en comunicación, relaciones públicas y gestión de crisis.
Su llegada ocurre en medio de cuestionamientos sobre los procedimientos de selección y nombramiento de funcionarios dentro del INE, particularmente por las facultades que tiene la consejera presidenta para designar a titulares de distintas áreas.
La coincidencia de origen entre Pinto y Taddei ha sido mencionada en la información periodística, pero ese dato, por sí solo, no demuestra favoritismo ni una relación irregular. Para establecerlo sería necesario conocer el procedimiento de selección, los perfiles evaluados y los criterios utilizados para la designación.
SEÑALAMIENTOS POR FALLAS Y RESTRICCIONES A MEDIOS
La publicación también atribuye a Bravo responsabilidad en las fallas del servicio de internet para la cobertura periodística del segundo debate presidencial de 2024, realizado en los Estudios Churubusco.
Asimismo, refiere un incidente ocurrido en junio de 2026, cuando periodistas que acudirían a una conferencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dentro de instalaciones del INE habrían enfrentado restricciones de acceso, pese a presentarse con anticipación.
De acuerdo con los testimonios citados, los representantes de medios tuvieron que esperar afuera hasta poco antes del inicio del evento.
Ambos episodios plantean cuestionamientos sobre la organización de la cobertura periodística y las condiciones de acceso de la prensa a actividades realizadas en instalaciones del organismo electoral. Sin embargo, la información disponible no incluye una resolución administrativa que determine responsabilidades individuales por esos hechos.
Tampoco se detallan las explicaciones de Bravo sobre los señalamientos ni las medidas correctivas que, en su caso, hubiera adoptado el Instituto.
LOS NOMBRAMIENTOS, EN EL CENTRO DEL DEBATE
El caso se suma a una discusión más amplia sobre la estructura de mando del INE y las facultades de su presidencia para designar a funcionarios de áreas estratégicas.
Una modificación al reglamento del organismo, aprobada por la Cámara de Diputados a propuesta del legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna, amplió las atribuciones de la consejera presidenta para realizar nombramientos en direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
Antes de ese cambio, las designaciones se sometían a un procedimiento colegiado en el que participaban los consejeros electorales.
La consejera Carla Humphrey ha cuestionado públicamente el nuevo esquema al considerar que concentra las decisiones en una sola persona y reduce la corresponsabilidad del Consejo General en la selección de funcionarios.
La discusión no se limita a quién ocupa un cargo, sino a los controles institucionales que deben acompañar esas designaciones, especialmente cuando se trata de puestos relacionados con la administración de recursos públicos, la comunicación oficial y la operación electoral.
ANTECEDENTES QUE ALIMENTAN LAS DUDAS
La nota periodística también refiere otros nombramientos realizados durante la presidencia de Taddei que fueron objeto de cuestionamientos.
Uno de ellos fue el de Jesús Octavio García, quien dejó la Dirección Ejecutiva de Administración después de que se difundiera que había sido representante legal de una empresa proveedora del Instituto. La revelación generó señalamientos sobre un posible conflicto de interés.
Asimismo, se mencionan asistencias de funcionarios del INE a reuniones sociales organizadas por Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías que han recibido contratos del organismo. Estos antecedentes han alimentado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y prevenir posibles conflictos de interés.
No obstante, la asistencia a un evento o la existencia de una relación profesional no acredita por sí misma una irregularidad. Cada señalamiento requiere documentación y una evaluación de las autoridades competentes.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LOS PENDIENTES
La salida de Bravo cierra su etapa al frente de la Subdirección de Información, pero deja preguntas sobre la supervisión de sus actividades, el tiempo durante el cual habría permanecido sin funciones en esa área y las razones por las que su relevo tardó más de un año en concretarse.
Para esclarecer el caso, sería relevante conocer los registros de adscripción, las evaluaciones de desempeño, las funciones que tuvo asignadas durante ese periodo y las razones administrativas que sustentaron la continuidad de su remuneración.
También resulta pertinente que el INE precise los criterios con los que seleccionó a su reemplazo y explique qué controles aplica para garantizar que los nombramientos respondan a perfiles profesionales y necesidades institucionales.
En un organismo encargado de organizar elecciones y garantizar condiciones de certeza, imparcialidad y legalidad, la transparencia de sus decisiones internas es parte de la confianza pública que necesita preservar.
