La crisis de personas desaparecidas en México alcanza niveles alarmantes. El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que la impunidad por este delito supera el 98% en el país, al tiempo que los servicios periciales y fosas comunes acumulan alrededor de 72 mil cuerpos sin identificar, un rezago forense que frena el derecho a la verdad y a la justicia de miles de familias.
Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del Comité, señaló que el incremento en la cifra de víctimas, las deficiencias estructurales en las investigaciones ministeriales y las constantes agresiones contra colectivos de madres buscadoras reflejan la gravedad del problema y los severos riesgos que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos.
AUMENTO DE CIFRAS Y COLAPSO EN LOS SERVICIOS FORENSES
De acuerdo con el balance presentado por el organismo internacional, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha mostrado un crecimiento acelerado en los últimos años:
- Incremento de registros: Durante la visita del Comité a México en noviembre de 2021, la lista oficial contabilizaba poco más de 96 mil personas. Para abril de 2025, la cifra superó los 131 mil registros, lo que representa un aumento superior a las 36 mil personas desaparecidas en dicho periodo.
- Crisis de identificación forense: Los cuerpos sin identificar bajo resguardo de las autoridades pasaron de aproximadamente 52 mil en 2021 a 72 mil a comienzos de 2026, complicando los procesos de restitución digna a sus familiares.
ACTIVACIÓN DEL ARTÍCULO 34 ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU
Ante la persistencia de las fallas institucionales, el Comité de la ONU activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este procedimiento extraordinario se pone en marcha cuando existen indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en un territorio, permitiendo llevar el expediente directamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Asimismo, el Comité manifestó su profunda preocupación por las amenazas, hostigamientos y atentados armados dirigidos hacia familiares de las víctimas y activistas de búsqueda. Frente a este panorama, el organismo urgió al Estado mexicano a fortalecer los protocolos de investigación criminal, acelerar el análisis genético-forense y garantizar medidas eficaces de protección integral.
RESPUESTA DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y SEGUIMIENTO INTERNACIONAL
Por su parte, el Gobierno de México ha rechazado la interpretación del Comité respecto a la existencia de prácticas generalizadas o sistemáticas de desaparición forzada. Las autoridades federales defendieron las acciones implementadas durante la administración, destacando el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la consolidación de fiscalías especializadas y las reformas legislativas en la materia.
El Comité de la ONU aclaró que mantendrá las mesas de diálogo y el seguimiento continuo con las instituciones mexicanas. La remisión del informe a la Asamblea General busca promover mecanismos internacionales de cooperación técnica y apoyo financiero para prevenir, investigar y erradicar este delito en México.
