Con el primer aniversario del sismo de 8.2 grados que devastó la región del Istmo de Tehuantepec, se agudizaron los reclamos de quienes no han visto aún llegar la normalidad, no obstante los reiterados ofrecimientos de la Federación y del gobierno del estado. En efecto, tal como lo hemos publicado en nuestras páginas en los últimos días, la reconstrucción ha sido una ficción. El avance ha sido más bien modesto. Existen aún miles de damnificados que siguen exigiendo ayuda para sus casas destruídas en su totalidad o parcialmente; de directivos de escuelas de educación básica que no ha podido ser habilitadas; empresarios que perdieron todo y no han podido resarcirse de la crisis por la que atraviesan. Por si ello no fuera suficiente, Juchitán, particularmente, está a merced de grupos criminales que no se han tocado el corazón para acabar con lo poco que queda en pie. Todo ello parece no tocar las fibras sensibles de las autoridades. El pasado viernes estuvo en el homenaje cívico y luctuoso en honor a las víctimas de dicho siniestro, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agraria, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, quien dio cifras alegres que contrastan con una realidad patética.
La información que ha fluido vía diarios impresos, portales electrónicos, radios y redes sociales, dan cuenta de una creciente inconformidad con la lentitud con la que han avanzado las referidas obras de reconstrucción. Hay indignación, molestia, frustración.
Diarios de circulación nacional advierten que fueron más de siete mil millones de pesos los que fluyeron de la Federación para dichas tareas, ello sin importar los recursos del Seguro Catastrófico y empréstitos que se realizaron para tal efecto. Pero tal parece que las cuentas no cuadran con el modesto avance que se ha tenido. Estamos ciertos que los efectos de una tragedia como la que vivimos el año pasado no son superables en el corto plazo, sin embargo, existe la certeza de que los recursos no han sido destinados como se esperaba y es una de lasrazones del rezago. Es necesario pues darle a los istmeños y al resto de damnificados una satisfacción: el gobierno de Alejandro Murat debe darle un nuevo impulso a la reconstrucción, hasta que los recursos aguanten, pero no dejar que la duda siga presente entre los oaxaqueños. Ya no podemos más. Hemos sido saqueados sexenio tras sexenio; gobierno tras gobierno y no se vale.
Aprovechar el viaje
El gobierno de la capital oaxaqueña, que preside José Antonio Hernández Fraguas emprendió tarea en el zócalo de la capital, con el fin de darle otra imagen al corazón de nuestra capital. Con motivo de los festejos patrios, no hay que olvidar que el Centro Histórico ha sido –valga la redundancia, históricamente- el sitio de reunión de las familias locales, de los diversos estratos sociales. Es más, la ceremonia de El Grito de Independencia se disfruta en el centro de la ciudad. Sin embargo, como lo hemos mencionado aquí de manera insistente, no faltan los oportunistas, voraces y vende-patrias que se han posesionado de dicho espacio, para que, con los festejos patrios, los de diciembre o anteriormemte los festejos de julio, puedan negociar con una buena suma de dinero, su salida temporal. Es el caso de los triquis que se han posesionado de los pasillos del Palacio de Gobierno u otras organizaciones como “Antorcha Campesina” y demás lastres. Aprovechado las obras que se llevan a cabo, ha circulado en las redes sociales la petición de que el gobierno citadino puede aprovechar, previo cumplimiento de los protocolos de derechos humanos, para desalojar a los indigentes y alcohólicos que no solamente se han apropiado del zócalo, sino que lo utilizan como excusado.
En efecto, se han hecho virales fotografías y videos de los nuevos inquilinos del zócalo capitalino defecando materialmente y a plena luz del día. La crítica se ha volcado sobre el gobierno de la ciudad, cuyos funcionarios han argumentado que para desalojarlos implica vulnerar sus derechos humanos, por lo que no tardaría la recomendación de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Un caso similar se argumenta en torno a los niños que pululan en las calles de la ciudad pidiendo limosna, los cuales –hay evidencias de ello- son explotados por tratantes provenientes del estado de Chiapas, particularmente indígenas tzeltales y tzotziles. Niñas aun cargando bebés en la espalda que se desplazan peligrosamente entre los vehículos para hacer actos de malabarismo. Tampoco se pueden retirar de las calles porque los organismos defensores de los derechos humanos pondrían el grito en el cielo. En fin, por las dichosas comisiones seguimos en las mismas y sin que se pueda desalojar a los indigentes del zócalo y devolverle su ancestral señorío, como tampoco hacer algo en contra de la explotación infantil.
