A principios de junio del año en curso, justo cuando se llevaban a cabo las campañas políticas, se dio un hecho deleznable: en Juchitán de Zaragoza fue asesinada la candidata a Síndico Municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pamela Itzamaray Terán, junto con dos de sus cercanos colaboradores: la periodista María del Sol Cruz Jarquín y el primo de la primera, quien hacía las veces de chofer: Adelfo Guerra. La nota dio la vuelta al mundo, habida cuenta de que se había tratado de una vil ejecución. Como es la costumbre en la zona juchiteca, dos de los cadáveres fueron levantados, excepto el de nuestra compañera, quien había sido comisionada de manera ilegal, por el entonces Secretario de Asuntos Indígenas del gobierno estatal, Francisco Montero, para que cubriera la campaña política de su hermano Hageo de los mismos apellidos. Ambos, se sabe, pertenecen a una asociación o rito cristiano. El triple homicidio motivó a que el gobierno de Alejandro Murat pusiera en marcha un operativo de seguridad, en el que participaron las Fuerzas Armadas y corporaciones policiales federales y estatales.
El pasado 28 de agosto, en la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), dieron cumplimiento a la orden judicial y detuvieron a Jehú G. L., como presunto responsable del triple homicidio. Desde ese momento se soltó la presión y el chantaje. Cristianos avecindados en La Ventosa bloquearon la carretera, haciendo vivir un infierno a automovilistas y transportistas, pero además, creando un ambiente de tensión en la región del Istmo. La cuestión es inducir o presionar para desviar la acción de la justicia. Ayer, desde muy temprano, para intimidar a jueces y ministerios públicos en la audiencia constitucional, grupos de personas se apostaron en la Ciudad Judicial con pancartas, para exigir la liberación del detenido. Se trata de un hecho a todas luces criminal, por el que el detenido tiene que responder y, de ser el caso, aportar las pruebas necesarias para exigir su libertad, no a través de mecanismos de presión. La justicia no debe estar sujeta a este tipo de chantaje. Tanto el Poder Judicial del Estado como la Fiscalía General deben sentar un precedente: nadie está por encima de la ley. Tampoco ésta estará a merced de presiones, gritos o sombrerazos.
Un hecho bochornoso
En Oaxaca existe una plaga de organizaciones sociales y dirigentes. La mayoría de los mismos manipulan a campesinos, indígenas, maestros, etc. Buscan en ellos y en los métodos de lucha –tradicionalmente el chantaje a través de los bloqueos y cierre de carreteras- su propio beneficio. Los hay que buscan el arreglo con las autoridades, debajo de la mesa, pero hay otros que encuentran a través del protagonismo y la violencia la dádiva oficial. Es el caso de la cuestionada dirigente de un segmento de supuestos desplazados triquis, Lorena Merino, que desde hace algunos años, se ha convertido no sólo en un azote del gobierno sino de la sociedad en general. La coraza dentro de la cual se encubre la citada dirigente triqui son las medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D.C. Esta organización, en la mayor parte de los casos, es sorprendida por supuestas víctimas de discriminación, persecución o acoso gubernamental, sin reparar e investigar la naturaleza de los hechos. Es decir, sin más, otorga las medidas cautelares poniendo en un brete a los gobiernos nacionales y locales, que tienen que mantener a catervas de parásitos.
El caso de Merino es un caso emblemático de agresión, extorsión y amenaza permanente. El pasado sábado primero de septiembre, justo en el inicio de los festejos del mes de la Patria, irrumpió violentamente en el acto cívico, para arremeter en contra de funcionarios, padres de familia y policías municipales y viales. Hecha una energúmena se fue a golpes en contra de quien salió a su paso. Es importante subrayar que la aludida se hace acompañar a diario de los hermanos: Basilio, Agustín y Virgilio Ramírez García, ninguno de ellos bajo las medidas cautelares a que hacemos referencia. Los tres tienen abierta una averiguación previa por trata de personas, cuya víctima es una menor. Esta situación no es algo menor. Los triquis tienen entre sus usos y costumbres, vender a sus hijas menores de edad, a veces por cajas de cerveza. Es decir, practican la trata sin recibir castigo alguno. Entre otras de sus virtudes es que son uno de los únicos grupos étnicos que se extermina entre sí. Ya son legendarios los ajustes de cuentas entre MULT, MULTI y UBISORT, las tres organizaciones que se disputan el poder en la zona triqui. El caso de Lorena Merino pues, es una acción que debe terminar, por lo que diversas organizaciones han emplazado al gobierno estatal a gestionar ante la CIDH el término de las medidas cautelares.
