La presidenta Claudia Sheinbaum decidió dar intervención a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las causas que provocaron el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que causó 14 muertos y más de 100 heridos. Ante la tragedia fijó tres prioridades: “primero, la atención a las víctimas y sus familiares; segundo, esclarecer con mucho rigor lo que sucedió, para eso está la Fiscalía General de la República y la fiscalía local haciendo todos los peritajes, además de la agencia regulatoria de transporte; y tercero garantizar la seguridad de la infraestructura del tren, garantizar que las vías del tren estén en condiciones para operar nuevamente”. El tren fue construido y era operado por la Marina, en otra decisión muy particular del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue entregarle las grandes obras de infraestructura del país a las fuerzas armadas. De hecho, esta obra en particular recibió objeciones por su costo -superó los 50 mil millones de pesos- y su utilidad real. La propia Marina reconoció que utilizan el tren apenas el 6% de los pasajeros previstos, lo que obligó a reducir la frecuencia de 14 viajes por semana proyectados a apenas cuatro… El secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, explicó que el accidente se registró a las 09:28 horas del domingo 28 de diciembre, cuando se descarriló una de las locomotoras del tren, lo que provocó que los cuatro vagones se salieran de las vías y el primer vagón cayera hasta 6.5 metros de profundidad, mientras que el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros dos vagones resultaron sin daños graves. El Tren Interoceánico, al igual que el Tren Maya, fueron de las obras emblemas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El trayecto afectado que fue la Línea Z, en Oaxaca, fue inaugurado un diciembre hace dos años. El almirante Morales Ángeles fue durante el gobierno de López Obrador el director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y tuvo a su cargo las obras del tren, que recibieron cuestionamientos por la opacidad de las licitaciones y el apresuramiento de la obra, que el expresidente se había empeñado en inaugurar… “Yo no tengo los problemas de mis hermanos porque hace rato deje la política, solo estoy en los negocios, cuando estás en los dos están los problemas”. Fue la frase recurrente de Gonzalo “Bobby” López Beltrán a sus allegados a lo largo de un año marcado por los escándalos de Andy. Pero los problemas alcanzaron también, al hijo menor del primer matrimonio del expresidente López Obrador. Especialmente cuando se descarriló el Tren del Istmo y murieron trece personas. Nombrado supervisor de dicha obra, Gonzalo quedó en la mira por sus nexos con proveedores de balastro, un mineral elemental para evitar que los trenes se descarrilen, pues desde el entorno de “Bobby”, el balastro entregado por Pedro Salazar Beltrán era suficiente y de buena calidad pero el problema de fondo sería que, en la Marina, encargada de la obra civil inaugurada en 2023, se vendió parte del material y el faltante se suplió con elementos de baja calidad, lo cual explica el descarrilamiento. “El balastro ha estado escaseando, en la Marina se dieron cuenta y lo vendieron por otro lado, este problema es de ellos”, explican cerca de Gonzalo, que años atrás solía coordinar las tareas del morenismo en el Edomex.
Es el caso de Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente, quien fungió como proveedor del tren, así como Amílcar Olán, quien no solo fue el proveedor del balasto, sino que audios filtrados revelaron cómo se mofó de la posibilidad de un descarrilamiento debido a la mala calidad de los materiales. Esa “broma” hoy es una realidad fatal… Acusaciones que vuelven a poner en la mira al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina en el sexenio anterior y ahora en las sombras por el escándalo protagonizado por sus sobrinos políticos y una red de huachicol que ha sacudido a la fuerza y le ha quitado su imagen de ajena a las corruptelas más habituales en el Ejército. La pregunta ineludible que circula en el Gobierno por estas horas: ¿De dónde provino el balastro del Tren del Istmo? Porque en el Tren Maya se contrató a la empresa del gobierno cubano como proveedora en 2022, tal como lo señaló el propio López Obrador… La aplicación de la prisión preventiva oficiosa puso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un dilema: acatar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que ordenó desaparecer esta figura por ser violatoria a las garantías individuales, o seguir la tendencia del partido en el poder que lejos de eliminarla, extendió los delitos en que se usa. Desde hace tres años la Corte tiene en sus manos los expedientes para resolver si debe o no continuar en México la aplicación de esa modalidad de prisión, pero al concluir la última sesión del año sin que se discutiera, será un asunto que se enlistará hasta 2026… Organizaciones como México Evalúa, el Centro Prodh y el colectivo “Pena Sin Culpa”, integrado por víctimas de encarcelamiento sin sentencia, urgen resolver este tema por el que actualmente más de 50,000 hombres y mujeres pasarán otro año de fiestas decembrinas en prisión por esta modalidad. Se trata de personas que han sido acusadas de haber incurrido en ilícitos, pero que no han sido juzgadas, no se les ha acreditado culpabilidad y por tanto no hay sentencia y aun así podrían pasar años prisioneras… Además del tráfico de influencias, también está el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades financieras y operativas, incluyendo pagos en exceso, falta de planeación y deficiencias en los materiales utilizados para la rehabilitación de las vías en el 2020 y el 2023. Diputados del PAN anticipan que interpondrán denuncias ante la FGR por el descarrilamiento del tren interoceánico, convencidos de que no se trató de un accidente fortuito, sino del desenlace de advertencias ignoradas y decisiones tomadas con prisa y opacidad. Hay quien sostienen que existían alertas sobre fallas de seguridad y material rodante inadecuado, pero todo quedó cubierto bajo el argumento de “seguridad nacional”. La versión que circula apunta a un proyecto sin supervisión real: adjudicaciones directas, nula rendición de cuentas y un muro militar que bloqueó cualquier fiscalización. En San Lázaro, dicen, nunca hubo informes claros ni reuniones de seguimiento, y ahora el gobierno buscaría cerrar el tema con indemnizaciones rápidas, cuidando el costo político. Para la oposición, el escándalo va más allá del tren: es el reflejo de un modelo de obras públicas donde la opacidad termina costando vidas… Tras el ataque sobre Caracas y el arrestó de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en una entrevista en la cadena Fox News que “algo habrá que hacer con México”. “Los cárteles gobiernan México, le he dicho varias veces a Claudia Sheinbaum si quería que nosotros interviniéramos y ha dicho que no, ella está asustada, pero lo cierto es que algo tendremos que hacer”, lanzó el magnate en la TV. El mensaje incrementa la tensión en el gabinete de Sheinbaum donde circula la tesis de que Venezuela es un primer ensayo de Washington para luego realizar operaciones militares en territorio mexicano. Trump insiste con su postura que es rechazada por el Gobierno que busca sostener su discurso de defensa de la soberanía. Mientras el Gobierno de México reiteró su rechazo a la intervención armada y llamó a respetar el derecho internacional, legisladores, dirigentes partidistas y gobernadores expresaron posturas personales a favor y en contra de la acción estadounidense. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum condenó “enérgicamente” la intervención militar y subrayó que se trata de una violación a los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Desde el Senado, el legislador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó el operativo como “gravísimo” y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. En contraste, figuras de la oposición celebraron la captura de Maduro. La senadora del PAN, Lilly Téllez, calificó el hecho como “un gran día para la historia” y sostuvo que el mandatario venezolano es responsable de un amplio sufrimiento social. En el mismo sentido, la diputada federal Margarita Zavala respaldó la intervención estadounidense al considerar que el pueblo venezolano ya había agotado los medios legales y pacíficos para remover al régimen. Otras voces adoptaron posturas intermedias. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo que América Latina debe defender su derecho a la libre autodeterminación, pero subrayó que ello implica también enfrentar a los regímenes autoritarios… San Jacinto Amilpas se ha convertido en un municipio con “foco rojo” por los excesos de su policía municipal. Luego de que hace pocos días fue asesinado al asesor jurídico, presuntamente por los negocios turbios en el operativo alcoholímetro, donde están involucrados la sindica municipal Cresenciana Rojas, el regidor de Hacienda Martin Morales y Fidel Alejandro Diaz presidente municipal, la reciente agresión a una mujer por parte de policías municipales en San Jacinto Amilpas, Oaxaca, expuesta en videos difundidos en redes sociales, representa un claro ejemplo de abuso de autoridad y violencia institucional que vulnera derechos humanos básicos. En las imágenes se observa a agentes de seguridad pública del municipio ejercer fuerza desproporcionada contra jóvenes mujeres, una de ellas detenida sin orden judicial, registrada sin consentimiento y arrinconada contra una pared mientras gritaba pidiendo ayuda. La respuesta oficial de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) que maneja Elizabeth Lara Rodríguez, que abrió un expediente de queja por estos hechos, es un paso necesario, pero insuficiente si no viene acompañado de medidas concretas para reformar el entrenamiento, supervisión y rendición de cuentas de las policías municipales. Es indispensable que las autoridades competentes mantengan una investigación objetiva e independiente, sancionen a los responsables y, sobre todo, implementen programas de capacitación en derechos humanos para evitar la repetición de estas agresiones. La violencia estatal no sólo daña a las víctimas visibles, sino que socava la confianza de toda la comunidad en las instituciones encargadas de garantizar seguridad y justicia… El estado de Oaxaca enfrenta desde hace años un problema estructural en su infraestructura vial que lejos de resolverse, persiste y se agrava, con consecuencias sociales, económicas y humanas profundas. Las carreteras que conectan comunidades rurales, regiones productivas y centros urbanos —esencial para la movilidad, el comercio y la seguridad— se encuentran en condiciones alarmantes de deterioro. Un análisis reciente reporta que cerca del 37 % de la red federal en Oaxaca está en malas condiciones, con baches, hundimientos y fisuras que dificultan el tránsito y elevan el riesgo de accidentes, mientras que solo una cuarta parte se considera en buen estado. Este abandono no es solo estadística: se traduce en pérdidas económicas para productores y comerciantes, en mayores costos de transporte y desgaste de los vehículos, y en un incremento en accidentes de tránsito que cobran vidas y dejan secuelas en las familias oaxaqueñas… La carretera a la Costa de Oaxaca se ha convertido en un símbolo del abandono institucional y la falta de planeación en infraestructura pública, pues a pesar de ser una vía estratégica para el turismo, el comercio y la movilidad de miles de personas, durante años ha permanecido en condiciones precarias: tramos inconclusos, baches constantes, deslaves en temporada de lluvias y obras que avanzan lentamente o quedan suspendidas sin explicación clara. Este deterioro no solo implica incomodidad, sino riesgos reales para la vida de quienes transitan por ella. Accidentes frecuentes, largos tiempos de traslado y comunidades prácticamente incomunicadas evidencian que la carretera no ha sido tratada como una prioridad, pese a las promesas reiteradas de modernización. Para muchas poblaciones de la Sierra Sur y la Costa, el mal estado del camino limita el acceso a servicios de salud, educación y mercados, profundizando la desigualdad regional… En diversos puntos de la Costa de Oaxaca, la presencia de la Guardia Nacional —anunciada por las autoridades federales como parte de una estrategia de seguridad y de prevención de delitos— ha generado más frustración que tranquilidad entre la población local. Aunque la institución reporta operativos carreteros y acciones de proximidad social con el objetivo de “salvaguardar la integridad de la población”, muchos ciudadanos sienten que esa presencia no se traduce en resultados concretos de seguridad real. La desilusión radica en que, pese a la visibilidad y frecuencias de los patrullajes, las amenazas de violencia vinculadas a crimen organizado y otros delitos de alto impacto persisten en la región. Por ejemplo, recientes operativos coordinados entre Guardia Nacional, Fiscalía y otras fuerzas han detenido a presuntos responsables de delitos graves como secuestro y narcotráfico, pero la sensación de inseguridad no desaparece, y para muchos la Guardia Nacional parece más una presencia militarizada que una fuerza de protección comunitaria… En Oaxaca de Juárez y municipios conurbados como Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Tlalixtac de Cabrera y otros más, la persistencia de asaltos y robos a casas habitación refleja un problema de inseguridad que va más allá de meras cifras: es un fenómeno que erosiona la sensación de tranquilidad y el derecho básico a la propiedad y a la paz dentro del propio hogar. Aunque en ocasiones las autoridades han logrado capturar a ladrones en flagrancia —como la detención de personas sorprendidas robando en domicilios de Xoxo tras el aviso de vecinos—, estos hechos son elocuentes ejemplos de que la delincuencia opera con relativa libertad, aprovechando la ausencia de vigilancia efectiva y la falta de prevención comunitaria. Las denuncias vecinales y las estadísticas de percepción reflejan que el robo con violencia y los hurtos al patrimonio no son raros en la capital oaxaqueña: según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), más del 62 % de las personas sienten que los robos y actos delincuenciales se cometen en sus colonias, alimentando un ambiente de miedo que limita la vida cotidiana. En la capital del estado las colonias más afectadas son la Reforma, y la zona norte como las agencias San Felipe del Agua, Guadalupe Victoria y otras donde la inseguridad va ganando terreno. Es indudable que la estrategia de seguridad implementada en Oaxaca muestra claros signos de fracaso. Lejos de disminuir la violencia y la percepción de inseguridad, los hechos delictivos continúan afectando a distintas regiones del estado, mientras la ciudadanía enfrenta robos, asaltos y hechos violentos sin una respuesta eficaz por parte de las autoridades, y que pone en evidencia a la pareja de Iván García Álvarez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado y Natalia Karina Barón Ortiz, secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública… Al cumplirse 18 años de la desaparición de Lauro Juárez, organizaciones y colectivos sociales reiteraron su exigencia de presentación con vida, al tiempo que denunciaron la persistencia de la impunidad, la criminalización de la protesta social y la falta de avances sustantivos en la investigación del caso. A través de un pronunciamiento público, integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) recordaron que Lauro Juárez desapareció la noche del 29 de diciembre de 2007, en el contexto de movilizaciones comunitarias en la región chatina, tras un bloqueo carretero en la vía federal Oaxaca–Puerto Escondido, a la altura de Juquila, con el que se exigía el reconocimiento de triunfos electorales comunitarios y el respeto a la voluntad popular. De acuerdo con la organización, el movimiento surgió luego de asambleas comunitarias realizadas en municipios como San Gabriel Mixtepec, Santos Reyes Nopala y Santa María Temaxcaltepec, donde se denunciaron imposiciones políticas y la intervención de actores ligados al priismo… El inicio del proceso de revocación en Oaxaca no puede maquillarse como un triunfo democrático cuando en realidad refleja el uso faccioso de un mecanismo que debería servir al pueblo y no a los intereses de unos cuantos. Lejos de surgir de una exigencia ciudadana legítima, este proceso huele a cálculo político, a ajuste de cuentas y a oportunismo disfrazado de participación del ahí el gran reto del IEEPCO que encabeza Elizabeth Sánchez. En un estado golpeado por la pobreza, la violencia, la falta de servicios y el abandono institucional, resulta inaceptable que se distraigan recursos públicos y energías sociales en un ejercicio diseñado más para generar ruido que para resolver los problemas reales de la gente. Oaxaca no necesita simulaciones democráticas: necesita gobiernos que cumplan, rindan cuentas y respondan a las comunidades. La revocación no puede convertirse en un circo político ni en una herramienta de desgaste permanente. Cuando se activa sin bases sociales claras, se vacía de contenido y se convierte en un arma para desestabilizar, polarizar y confundir a la ciudadanía. Eso no es democracia; es manipulación… La administración de Salomón Jara enfrenta una creciente exigencia ciudadana: contar con colaboradores verdaderamente eficientes y comprometidos con los problemas reales de Oaxaca. A más de tres años de gobierno, persisten rezagos en áreas clave como seguridad, salud, infraestructura y atención social, lo que ha generado la percepción de que algunos funcionarios no están a la altura de la responsabilidad que se les confió. Diversos sectores sociales señalan que no basta con discursos de transformación si en la práctica prevalecen la improvisación, la falta de resultados y el distanciamiento con la ciudadanía. La lealtad política no puede seguir siendo el principal criterio para ocupar cargos estratégicos; Oaxaca requiere perfiles con experiencia, capacidad técnica y sensibilidad social. Hoy se debe escuchar las críticas, evaluar el desempeño de su equipo y realizar ajustes profundos en su gabinete sería una señal de compromiso con el cambio prometido. De lo contrario, la ineficiencia de algunos colaboradores terminará por minar la credibilidad de un gobierno que llegó con altas expectativas y la esperanza de un verdadero bienestar para el estado… Las críticas apuntan a que algunos funcionarios han convertido sus cargos en espacios de confort político, más preocupados por mantener posiciones que por cumplir con las responsabilidades para las que fueron designados. La falta de coordinación, decisiones tardías y respuestas insuficientes ante conflictos sociales y demandas ciudadanas han debilitado la confianza en el gobierno estatal. Tal es el caso de Carlos Vichido, secretario de Infraestructuras, seriamente cuestionado, como también Saymi Pineda Velasco, secretaria de Turismo, cuyo papel ha sido duramente criticado por los prestadores de servicios turísticos. Otro más es el secretario de Salud, Emmanuel Jarquín González, que no ata ni desata ante las lamentables condiciones en que se encuentran centros de salud y hospitales por tan sólo mencionar algunos… Y es todo por hoy. Feliz inicio de semana. Chupes ligeros, botana abundante y no me digan nada, mejor quédense callados.
