Una serie de testimonios de ciudadanos oaxaqueños ha puesto nuevamente bajo escrutinio el actuar de agentes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de corporaciones policiales estatales. Esto, luego de que decenas de personas denunciaran presuntos despojos de vehículos, detenciones arbitrarias, extorsiones y abuso de autoridad.
Las acusaciones forman parte de una denuncia colectiva impulsada por afectados que aseguran haber perdido su patrimonio tras operativos en los que, afirman, se les informó que sus unidades contaban con reporte de robo o estaban relacionadas con delitos de alto impacto.
Los relatos coinciden en un patrón: aseguramientos realizados por agentes estatales, supuestas irregularidades en las investigaciones y dificultades para recuperar vehículos que, según los denunciantes, fueron adquiridos legalmente.
“ME ACUSABAN DE SECUESTRO Y ROBOS”
Uno de los afectados relató que fue interceptado por agentes ministeriales mientras conducía su camioneta.
“Me retuvieron mi unidad, me llevaron detenido, donde me estaban acusando de robo, que la camioneta había participado en robo, secuestro y delitos de alto impacto”.
Otro ciudadano denunció que durante la revisión de su vehículo se habría alterado deliberadamente el número de serie.
“Me golpearon y alteró mi número de serie porque le puso un número de más. Después revisaron y el REPUVE mandaba sin reporte de robo; el vehículo estaba bien”.
Las declaraciones forman parte de un conjunto de testimonios en los que las víctimas aseguran haber sido tratadas como presuntos delincuentes pese a contar con documentación que acreditaba la propiedad de sus unidades.
ACUSAN COBROS PARA EVITAR DETENCIONES
Uno de los señalamientos más graves se refiere a presuntas exigencias económicas para recuperar vehículos o evitar procesos penales.
Un afectado aseguró que familiares recibieron una petición de dinero para liberar a una persona detenida.
“Nos pidieron la cantidad de veinte mil pesos para soltarlo”.
Otro testimonio señala que agentes habrían iniciado una negociación mientras mantenían retenido al conductor.
“Me pedían cuarenta mil pesos. Les decía que no tenía dinero. Después uno se subió al vehículo para negociar conmigo y me pidió veinte mil pesos; accedí por miedo a que me llevaran a la cárcel”.
Las acusaciones no han sido acreditadas judicialmente y forman parte de denuncias públicas que, hasta el momento, continúan en distintas etapas de investigación.
VEHÍCULOS ASEGURADOS QUE HABRÍAN REAPARECIDO EN MANOS DE AGENTES
Algunos testimonios sostienen que vehículos asegurados por las autoridades habrían reaparecido posteriormente siendo utilizados por personal oficial.
Uno de los denunciantes aseguró haber identificado su camioneta en una publicación relacionada con un accidente vial.
“Vi una noticia en Facebook y los de la fiscalía van llegando en mi vehículo. Solamente le pusieron el sello de la fiscalía y ellos cargan mi vehículo”.
Otro afectado afirmó que una unidad que le fue asegurada posteriormente era utilizada por un agente fuera de funciones oficiales.
Aunque estas versiones forman parte de denuncias ciudadanas, representan uno de los aspectos que más indignación han generado entre los afectados debido a la posible utilización de bienes asegurados por servidores públicos.
DENUNCIAN FALTA DE RESPUESTA INSTITUCIONAL
Las personas afectadas también cuestionan la lentitud de las investigaciones. Así como la falta de resultados en carpetas que llevan meses o incluso años abiertas.
“No se ha investigado a fondo esta situación”, señaló uno de los denunciantes, quien aseguró haber proporcionado información sobre presuntos integrantes de una red dedicada a estas actividades.
Otro ciudadano afirmó que, pese a presentar documentación original que acredita la propiedad de su vehículo, continúa enfrentando obstáculos administrativos.
“Me dan vueltas y vueltas. Los documentos son originales, no son falsos”.
UN MOVIMIENTO QUE BUSCA PRESIÓN PÚBLICA
El creador de contenido conocido como Mister Blue informó que ha recopilado decenas de expedientes relacionados con estos casos. Además, que dará seguimiento público a las denuncias.
Según explicó, actualmente cuenta con más de 90 reportes documentados y presentará inicialmente 30 expedientes ante las autoridades correspondientes.
“Lo que queremos es que públicamente se les dé seguimiento a estos casos y que se haga justicia”.
El influencer sostuvo que su objetivo no es confrontar a las instituciones, sino impulsar que las investigaciones avancen y que se sancione a quienes eventualmente hayan cometido irregularidades.
“Aquí el tema es que se salgan ya los que están haciendo de las suyas, los que están extorsionando, los que están robándole los vehículos a la gente trabajadora”.
ENTRE LA INDIGNACIÓN Y LA EXIGENCIA DE JUSTICIA
El caso ha abierto un debate sobre los mecanismos de control interno, supervisión y rendición de cuentas dentro de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.
Aunque las acusaciones aún deberán ser esclarecidas por las instancias competentes, la cantidad de testimonios y la similitud de los relatos han incrementado la presión para que las autoridades revisen cada expediente, determinen posibles responsabilidades y garanticen certeza jurídica a quienes aseguran haber sido afectados.
Finalmente, por ahora, las víctimas continúan exigiendo la recuperación de sus vehículos, el avance de sus carpetas de investigación y el esclarecimiento de hechos que, de confirmarse, representarían una grave afectación a la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger el patrimonio y la seguridad de la población.
