VIOLETA VÁZQUEZ-ROJAS
Las lenguas mueren en las fiscalías
Encontraron a Florencia deambulando por la carretera México-Querétaro, maltratada por los días, tal vez semanas, que llevaba viviendo a la intemperie, agotada y hambrienta, sosteniendo en los brazos a un bebé famélico igual que ella.
Sonó el teléfono de María López Guzmán, intérprete tseltal. Le avisan que en el Ministerio Público hay una mujer con evidente trastorno mental, que no habla, que no se quiere comunicar con nadie, y sospechan un daño ocasionado por abuso de drogas. María corre a hacer su trabajo. En cuanto la ve, se da cuenta de que la descripción que le dieron por teléfono no era exacta: lo que tiene esta mujer es otra cosa. Le pregunta, primero, su nombre; después, de dónde es: es de Ayutla, Guerrero. En su siguiente pregunta usa una palabra que más que palabra es una llave: —¿Hablas me’phaa? —Sí, dice Florencia, por primera vez aliviada al reconocer una palabra familiar: el nombre mismo de su idioma. Presurosa, María contacta un intérprete de me’phaa, la lengua otomangue de Guerrero que en español conocemos como tlapaneco. Alguien por fin entiende a Florencia y va a poder ayudarlos a ella y a su hijo.
Tal vez Florencia regresó a su tierra. Tal vez logró escapar de los motivos que la expulsaron de ahí en primer lugar. No sabemos. Lo que sí sabemos es que su derrotero pudo ser uno muy distinto si María López no hubiera sacado a los oficiales de su error: Florencia no tenía ningún trastorno mental, ni actuaba como ausente por efecto de ninguna droga. Su única condición era no hablar español, y hablar en cambio la lengua de una comunidad alejada de donde estaba, que para los agentes de gobierno era imposible de reconocer.
Por casos como este, porque cambian los finales de las historias por uno, si no menos duro, al menos más digno y más justo, es que la labor de los intérpretes como María López, de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (Otigli) es una labor imprescindible en un país como el nuestro, en el que se hablan 68 lenguas además del español, y que son las lenguas maternas de casi 7millones de mexicanos.
Las lenguas que se hablan en el territorio nacional desde antes de la conformación del Estado mexicano tienen el mismo estatus y la misma validez que el español y sus hablantes tienen garantizado el acceso a la justicia y a la no discriminación, según la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas que enfrentan un proceso legal tienen, por tanto, derecho a un intérprete.
La Otigli es una organización que agrupa más de 300 intérpretes y gestores, y una de sus labores más importantes es la de acudir a los Ministerios Públicos y los juzgados para ayudar a las personas que enfrentan algún proceso legal y que tienen por lengua materna alguna lengua originaria. Atienden en promedio 110 intervenciones mensuales y cuentan con intérpretes de más de 56 lenguas, según explica Fausto de Jesús González, presidente del consejo directivo. En Ciudad de México lo más común es que los casos requieran intérpretes de mazateco, mazahua, tsotsil, tseltal, náhuatl, totonaco y mixteco, entre otras. Los intérpretes de la organización se desplazan a donde los llamen, a la hora en que los llamen, con una idea clara: quien enfrenta un proceso, culpable o inocente, tiene derecho a entender lo que le están diciendo, y para eso la figura del intérprete es imprescindible. No es una cuestión romántica, sino práctica: están en juego los derechos de las personas.
La Fiscalía de CdMx, a través de una licitación anual, contrata los servicios de la Otigli, cuyos miembros gustosamente asisten en los procesos de la justicia cotidiana: al que acusaron de robar en un súper, uno que detuvieron por vender en la calle sin permiso, etcétera. Sin embargo, de 2015 a 2018, la entonces Procuraduría incumplió con los pagos a los intérpretes. A la llegada de Ernestina Godoy a esa dependencia, los pagos se regularizaron; sin embargo, el adeudo de administraciones anteriores quedó pendiente, y hasta la fecha, a pesar de la voluntad que le reconocen a la ex fiscal los directivos de la Otigli, no se ha dado respuesta a su demanda de pago. El adeudo asciende a un millón 270 mil pesos. Tampoco las instituciones que deberían tomar en sus manos la legítima demanda de los intérpretes han hecho su trabajo. Les contestan con un oficio y otro, en ese lenguaje leguleyo que estos intérpretes certificados conocen tan bien, que no harán otra cosa que ignorarlos.
Conocedores de los tiempos políticos que corren, y como medida de cautela para que su causa no se manipulara con fines electorales, los miembros de la Otigli han buscado siempre canales institucionales y no recurren a la protesta vistosa. Pero la espera interminable y el ir y venir de oficios sin solución, los desazona. A decir de otro miembro del consejo directivo, el historiador Guillermo Alejo, tienen la certeza oscura de que el motivo por el que su demanda sigue siendo ignorada entre el papeleo simulador es la misma por la que las lenguas que ellos hablan, traducen y defienden están al borde de la extinción: se trata, a pesar de los discursos que pregonan lo contrario, de simple y llana discriminación.
