El día en que “Camila” decidió denunciar la agresión física y psicológica que su esposo ejerció en ella por más de 10 años, sin miedo a detenerse como lo hizo las primeras veces, fue cuando su hija le dijo entre llantos que ya no quería volver a verlo ante los constantes chantajes y violencia emocional de la que era víctima.
En mayo de 2020, en pleno confinamiento por la emergencia sanitaria, la mujer de 37 años de edad decidió acudir nuevamente ante las autoridades de procuración de justicia, para buscar no solo la patria potestad, guarda y custodia de su hija, sino también la pensión alimenticia y garantías de seguridad para ambas.
“Camila”, quien prefirió identificarse con otro nombre por miedo a represalias, decidió contar su historia para hacer un llamado a las autoridades en la atención inmediata de estos casos de violencia, sin demora alguna.
Recuerda que la primera vez que decidió denunciar a su pareja por violencia física hace varios años, antes del nacimiento de su hija, las autoridades le pidieron pruebas porque en ese momento “no presentaba golpes”.
Camila decidió no continuar y regresó con su pareja ante la insistencia de él, quien prometió cambiar y le pidió acompañarlo a otro estado del país donde consiguió trabajo. Sin embargo, el maltrato continuó y al intentar por segunda ocasión denunciarlo ante las autoridades de Guadalajara, se encontró con la misma respuesta.
“Me hacían dar muchas vueltas, entre ir a la delegación y entregar documentos, hasta recibí el mismo trato cuando me decían que no se me veían los golpes”, expresa la mujer, quien de nuevo decidió no continuar con la denuncia.
Lejos de su familia y amigos, Camila decidió continuar con su agresor e ingresó a una universidad de Guadalajara, donde él también se incorporó tiempo después como programador, con la intención de vigilarla.
“Me ha hackeado varias veces, se ha metido en mis chats y ha visto mis conversaciones y las manipula. Siempre ha interferido e insultaba a los que se llevaban conmigo”, señaló la mujer.
Luego de varios años en Guadalajara, ambos decidieron regresar a Oaxaca con su hija para vivir en la casa de su suegra, quien fue testigo de los constantes maltratos físicos y psicológicos.
Señaló que desde hace siete años que regresaron, la situación no cambió y se volvió cada vez más violenta. “Incluso mi suegra tuvo que llamar a la policía una vez para que me ayudaran”.
Después de ese momento, decidieron no convivir más y fijaron obligaciones, como la convivencia del padre con la menor en algunos momentos y el pago de las colegiaturas de la escuela y otros gastos, pero dejó de pagar.
Con el inicio de la pandemia y el confinamiento, Camila escuchó de su hija que el padre la chantajeaba y le hablaba mal de ella, generando malestar y tristeza en la menor, ya no quería verlo.
La mujer relató que a pesar del distanciamiento, quien fuera su pareja por varios años continuaba el acoso, a tal grado que no solo la molestaba en su casa con constantes llamadas telefónicas, sino también en su trabajo.
“Decidí ir a la Fiscalía de Oaxaca en mayo de 2020. La primera vez no me quisieron tomar la declaración porque me dijeron que no era algo tan grave porque no llevaba golpes y la niña estaba conmigo. No me hicieron caso y de nuevo me fui”.
Cansada de los tratos en las dependencias, sobre todo por la respuesta en la Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra la Mujer, Camila buscó en las redes sociales alguna organización civil que pudiera ayudarla y darle acompañamiento en su denuncia.
“Encontré la dirección del GESmujer (Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos”) y acudí con ellas. No solo me apoyaron con ayuda psicológica, sino también legal”, señaló, luego de asegurar que le asignaron una abogada y la acompañaron para interponer la denuncia correspondiente.
“Acudí de nuevo a la Fiscalía con una abogada y por fin me tomaron mi declaración, pero me hablan de vez en cuando. Ha sido muy cansado todo esto y en el juzgado familiar también se han tardado mucho y siempre ponen de pretexto al Covid”, destacó.
A pocos meses de cumplirse el año de interponer la denuncia contra su expareja, Camila afirmó que el proceso va lento y apenas la semana pasada le notificaron a su agresor de la demanda en su contra.
“No sé si a las autoridades les hace falta capacitación o no les interesa mi caso. ¿Qué necesitan?, ¿que me muera para que puedan atender bien el caso?, por eso es que hay tantos feminicidios”, concluyó.
