Los trámites en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO) incrementaron en un 120% del 2020 al 2023 en pleno año de la pandemia, y quien expida el documento es responsable que firme.
Los registros de compra-venta de bienes inmuebles, fueron los más solicitados, seguidos de certificados de libertad de gravamen, reportó la dependencia.
De acuerdo con estadísticas de la dependencia, en el primer trimestre del 2020 fueron 4 mil 507 solicitudes, con un aumento de 81% para el mismo periodo de 2021, cuando fueron 8 mil 166 las solicitudes.
Para 2022 se experimentó un incremento del 10% en cuanto a las solicitudes con 9,001, y para el primer trimestre de este 2023, el incremento fue del 10% al contabilizar 9 mil 945 solicitudes.
La instancia explicó que las búsquedas de propiedad sirven para conocer si una persona física o moral es propietaria de alguno o varios inmuebles o bien también resulta de utilidad cuando se quiere saber específicamente quién es el propietario de un inmueble.
Agregó que el conocer el estatus de un bien inmueble ayuda a brindar certeza jurídica sobre los actos que se generen posteriormente como compraventas, hipotecas o embargos, testamentos, donaciones, entre otros.
Los costos de los servicios van de los mil pesos a los mil 600, no obstante, uno de los trámites más realizados como la expedición de certificado de libertad o existencia de gravámenes de 5 años anteriores, tiene un costo de 523 pesos.
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La instancia agregó que las implicaciones legales del registro son diversas y dependerá del acto a realizar, de forma general existe el Manual de Inducción creado por esta nueva administración que permite dilucidar a grandes rasgos algunos elementos importantes a conocer para el registro.
Mientras tanto, de las responsabilidades, en el artículo 94 del reglamento, refiere que los funcionarios y empleados del Registro Público (IFREO), incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento a las obligaciones que les imponen el Código, el Reglamento y otras disposiciones legales aplicables, las cuales podrán ser:
Civil, consistente en el pago de los daños y perjuicios que se ocasionen a los interesados o al Estado por no inscribir oportunamente los instrumentos; Administrativa, que podrá ser multa, suspensión o destitución del cargo en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, y Penal, en los casos en que se cometa un delito.
Añade que el registrador que haga una inscripción sin cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, será responsable de los daños y perjuicios que cause a los interesados y sufrirá una suspensión de empleo por tres meses.
En el artículo 95, indica que cuando exista una queja en contra de algún funcionario o empleado del Registro Público de manera verbal o por escrito, el Coordinador de la Función Registral iniciará el procedimiento de investigación de la queja interpuesta.
