Un ciudadano denunció públicamente un presunto abuso de autoridad por parte de elementos de la policía vial en la jurisdicción de Santa Cruz Amilpas, luego de que su vehículo fuera enviado al corralón por una infracción administrativa menor, mientras que los agentes presuntamente actuaron fuera del marco legal.
Los hechos ocurrieron sobre la avenida Ferrocarril, donde el conductor circulaba en un vehículo con licencia vigente. La única falta que presentaba, según relata, era una tarjeta de circulación vencida.
A pesar de ello, dos mujeres oficiales a bordo de una motocicleta sin placas de circulación le indicaron que su vehículo sería remitido al encierro correspondiente. Al cuestionar la legalidad de dicha acción, el afectado consultó con un comandante de la Policía Vial Estatal, quien le aseguró que esa falta no amerita encierro y que ningún reglamento vial municipal puede estar por encima del estatal.
NEGATIVA A IDENTIFICARSE Y PRESUNTA ACTITUD PREPOTENTE
Según el testimonio, al pedirles su identificación oficial, las agentes se negaron a proporcionarla, y cuando se les preguntó por qué conducían una motocicleta sin placas, respondieron que eso “no era asunto suyo”. En un tono burlón, una de las oficiales habría expresado que “ni los mejores abogados podían contra ellas”.
Acto seguido, arrojaron las llaves del vehículo al suelo, y pocos minutos después arribó una grúa con plataforma para llevarse el automóvil. El ciudadano procedió a marcar al 911 para reportar los hechos.
RECOMIENDAN PRESENTAR DENUNCIA ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES
Abogados y asesores legales recomendaron al afectado interponer una queja formal ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Oaxaca, adjuntando las pruebas fotográficas y documentación correspondiente.
La Fiscalía Anticorrupción se encuentra ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Díaz”, en el Edificio Álvaro Carrillo, segundo nivel, en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.
ACUSAN INTERESES ECONÓMICOS DETRÁS DE LAS INFRACCIONES
El denunciante señala que se le cobraron $3,400 pesos por la infracción y $2,800 por el servicio de grúa, lo que calificó como parte de un “jugoso negocio” en el que estarían involucrados los elementos viales, las empresas de grúas y autoridades municipales.
Finalmente, se hace mención de que, según dichos de las mismas agentes, su único jefe inmediato sería el presidente municipal Christian Baruch Castellanos Rodríguez (2025–2027), y que no existe un encargado directo de la seguridad pública municipal, lo cual genera preocupación sobre la falta de supervisión y control interno dentro del cuerpo de vialidad.
