Pese a que existe un amparo federal relacionado con el conflicto agrario en los Bienes Comunales de Santa María Tonameca, el grupo disidente ha emprendido una campaña de desinformación y manipulación entre los comuneros, al asegurar falsamente que dicha resolución les otorga la razón y deja sin efecto la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, lo cual no corresponde a la realidad jurídica.
El amparo concedido por una jueza federal del Juzgado Séptimo con sede en Salina Cruz no resuelve el fondo del conflicto, ni anula la elección comunal, sino que únicamente ordena al Tribunal Unitario Agrario otorgar derecho de audiencia al grupo inconforme, para que presente pruebas dentro del proceso. Cualquier afirmación contraria es falsa y busca confundir deliberadamente a la comunidad.
Contrario a la narrativa difundida por los disidentes, el Comisariado de Bienes Comunales que encabeza Salomón Castrejón Martínez continúa siendo el único órgano legal, al haber sido electo el 21 de abril de 2024 en Asamblea General de Comuneros —máxima autoridad agraria— con el respaldo de más de 500 votos, y ratificado mediante sentencia del Tribunal Unitario Agrario.
Desde el origen del conflicto en abril de 2021, el grupo disidente ha desconocido resoluciones legales y ha recurrido a prácticas irregulares para intentar imponer una autoridad paralela. Entre estos hechos se documenta la falsificación de actas, convocatorias, firmas de más de 200 comuneros y sellos oficiales de dependencias federales, lo que derivó en la revocación de documentos por parte del Registro Agrario Nacional (RAN) y en un proceso penal federal contra Antonio Merino, quien encabezó inicialmente al grupo inconforme.
A pesar de estos antecedentes, los disidentes convocaron posteriormente a una asamblea clandestina, de la cual surgió un comisariado espurio encabezado por Arnoldo Carmona Ruiz, quien comenzó a usurpar funciones sin respaldo legal ni reconocimiento institucional.
Especialistas en derecho agrario han reiterado que ningún juez federal puede declarar válida o inválida una elección comunal, facultad que corresponde exclusivamente al Tribunal Unitario Agrario. Por ello, la versión difundida por el grupo disidente —en la que aseguran haber “ganado” el juicio— carece de sustento jurídico y solo busca mantener el conflicto, dividir a la comunidad y generar confrontación social.
Autoridades comunales señalaron que el grupo encabezado por Salomón Castrejón Martínez no está usurpando funciones, ya que su legitimidad emana de la Asamblea General y de una sentencia vigente, mientras que el amparo en curso no otorga reconocimiento alguno a los disidentes, sino que representa una etapa procesal más.
Finalmente, se hizo un llamado a los comuneros a no dejarse engañar por versiones falsas y a mantenerse informados a través de los canales legales, recordando que será el Tribunal Unitario Agrario quien determine la situación definitiva una vez valoradas las pruebas, y no campañas de presión ni publicaciones engañosas en redes sociales.
