AH QUE GOBIERNO tan dubitativo el jarista; primero, tomó la decisión de sacudirse a esa clase parasitaria que representa un enorme sector de burócratas que simplemente le facturan al Estado el costo de TODA su vida y luego, se acordó que hay revocación de mandato (a pesar de que nada le iba a pasar al gobernador), prefirió dar marcha atrás.
ERA una medida, que según el ridiculizado Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Geovany Vásquez, que traería bastante beneficio económico (un ahorro de MÁS de 2 MIL 24 MILLONES DE PESOS) y, sobre todo, generaría un cambio de actitud en el servicio que presta esta gente.
HACE CASI UN AÑO (en diciembre de 2024) que los levanta dedos del Congreso Local firmaron el Decreto 24, “ordenado” por el gobernador SALOMÓN JARA con el que se sacudiría el jarismo la nómina de mil 344 “pseudo” trabajadores.
POR AHORRO, por “austeridad republicana”, por quitar a burócratas viejos para suplirlos por la gente de JARA, cualquiera que fuera la razón, no prosperó la intentona y aunque el mentado Jurídico había dicho que era una decisión tomada y no había marcha atrás, que el despido de cada sindicalizado estaba debidamente justificado y documentado, pronto llegó la decepción (ya no habrá burócratas obligados a mejorar su actitud y a desquitar el sueldo bajo el temor de perder “su” plaza.), todos esos poltrones serán reinstalados por órdenes de “arriba”.
RÁPIDAMENTE, tras protestas de los poltrones burócratas, casi la mitad de los corridos (667 empleados) fueron reinstalados en enero pasado. Los demás, se anunció en agosto pasado que también serían reinstalados en sus puestos, aunque claro, el gobierno no lo ha concretado, pero las movilizaciones recientes son recordatorios de que su despido masivo no fue aceptada por Palacio Nacional, hemos vuelto al presidencialismo donde la única voz de mando viene de dicho centro de poder. Algo que los mismos políticos guindas avalaron con su servilismo.
PERO mientras el gobierno se queja de que sostener a tanto burócrata es oneroso, que los jubilados del gobierno estatal (que cada día son más) lo están llevando a una crisis financiera, decide dejar sin efectos el decreto 24 y hasta se gastó 53 MILLONES de pesos en la fiesta del día del empleado, donde esto se “encarece” por la clásica entrega de medallas en reconocimiento a la “ardua” labor que desempeñan estos empleados. Claro, ya sabemos que el costo real de los festejos no fue ni la mitad, pero también sigue el jarismo con la tradición priista de las “factureras”.
MIENTRAS se dilapida el dinero en fiestas anuales y en recontratación de empleados corridos (supuestamente por inútiles), contradictoriamente, no hay dinero para componer los baños en la ciudad administrativa (es más no tienen ni agua, ni papel higiénico, ni nada) no hay dinero para reparar los elevadores, de eso al menos se quejaron los burócratas, argumentando que sus espacios de “trabajo” presentan plagas de cucarachas “por falta de fumigación” (¿0 será porque el personal de limpieza no hace su trabajo y los empleados en lugar de trabajar comen en sus escritorios?)
CLARO el gobierno atribuyó estas quejas sindicales a la negligencia de una empleada a quien supuestamente despidieron, pero qué va, sólo hay dinero para lo que le dé votos a favor (viene la revocación de mandato por eso la recontratación y la millonaria festividad)
SUEÑAN
Y AUNQUE ES prácticamente imposible que le revoquen el mandato a SALOMÓN JARA (los candados del proceso son infalibles) los burócratas se creen determinantes y sueñan con que entre ellos y sus familiares sumen votos suficientes para cobrarle, a SALOMÓN JARA, en la revocación de mandato, la afrenta de haberlos ninguneado, algo que no ha de preocupar en absoluto al mandatario.
LO QUE SÍ debe preocupar al gobernador es que, si los números de participación en el ejercicio de revocación de mandato son muy bajos, y los votos no le son favorables (lo que no quiere decir que se vaya), sí podría demostrar a Palacio Nacional que no tiene el control electoral (ni político) en Oaxaca y entonces sí, que se olvide el jarismo de tener injerencia en la sucesión gubernamental.
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