TODAVÍA no comienza y ya sabemos que comenzará mal; HUGO AGUILAR, el “flamante” oaxaqueño presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de los “guindas claudistas”, antes de iniciar, ya está evadiendo el tema de la violación de derechos humanos que representa el actual amplio listado de delitos de ameritan prisión preventiva oficiosa; “hay que tomar en cuenta el contexto”, dijo a guisa de justificar su aplicación.
TANTO EL OBRADORISMO como el claudismo, son impulsores y partidarios de la prisión preventiva oficiosa, más por su alta rentabilidad política –al usarla como una herramienta de intimidación contra detractores del régimen– que, por la inhibición del crimen organizado, que ha sido nula.
POR LO TANTO, vemos que AGUILAR está dejando entrever su apego a la línea presidencial ¿Y la autonomía?
HAY DOS sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contra el estado mexicano y que obligan a éste a modificar su Constitución y sus ordenamientos legales, con la finalidad de que se suprimiera la oficiosidad de la prisión preventiva, al menos, en asuntos de carácter penal, por ser contraria a tratados internacionales y a la propia Convención Interamericana en materia de derechos humanos, es decir, hay presiones para que el tema sea abordado. Los integrantes de la Corte saliente evadieron el tema y será a los entrantes a los que les tocará asumirlo, pero todo parece indicar que, con AGUILAR, buscarán la forma de postergarlo.
EL PASADO 1 de septiembre de 2022, decíamos ESCAPARATE POLÍTICO que “LA PRISIÓN preventiva oficiosa, de origen, tenía un carácter excepcional y se dictaba de acuerdo con un reducido catálogo de delitos. Surgió en 2008 con FELIPE CALDERÓN, que en su “lucha” contra el narcotráfico, aplicó esta medida que ha sido señalada como violatoria de derechos humanos y por ende se le ha dado el carácter de INCONVENCIONAL (organismos internacionales así lo califican).
“LA PRISIÓN preventiva (la NO oficiosa) se describe en el artículo 19 constitucional y refiere que “el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”.
“¿En qué momento se vuelve oficiosa? Cuando por la naturaleza del delito –el catálogo de delitos, antes mencionado, que ameritan esta medida creció de manera exponencial en el actual sexenio (el de LÓPEZ OBRADOR); uso de programas sociales con fines electorales; corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, etcétera– una persona se lleva a prisión, con la sola petición por parte del Ministerio Público o del Juez, sin una justificación sólida, con el simple hecho de señalarle un delito y dictar la medida al imputado.
“EN la prisión preventiva, a diferencia de la prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público o el juez, tienen que RAZONAR y presentar PRUEBAS mínimas al menos, que ameriten la detención de la persona. En el segundo caso esto ya no es necesario, ya no hay “necesidad” de una investigación a fondo de la culpabilidad del detenido, ya no se le da celeridad al caso.
LO MÁS importante del debate sobre este tema es que, ampliar los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa NO PACIFICÓ en nada al país; el supuesto efecto del combate al crimen organizado no se respira en el ambiente.
SI LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, hubiera vuelto a México un país donde la seguridad pública imperara, claro que la medida sería bienvenida, incluso si pasara por encima de los derechos humanos (En EL Salvador, un estado de excepción pausó los derechos humanos en aquel país, pero hizo de éste –de ser el país más violento del mundo–, uno de los más seguros del orbe.
EL PROBLEMA aquí es que la prisión preventiva oficiosa solo es usada como arma contra adversarios políticos de la 4T, NO con el fin de volvernos un país menos violento e inseguro. El gobierno mexicano ni respeta los derechos humanos, ni nos da seguridad, he ahí el problema.
MIENTRAS TANTO
TRAS IMPONERSE Sheinbaum en la SCJN a través de HUGO AGUILAR, “exiliados” políticos oaxaqueños arropan en la CDMX, al futuro presidente de la Corte.
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