La soberanía digital ya no es un concepto abstracto, sino un problema tangible y urgente en América Latina. Los datos que sustentan operaciones gubernamentales, servicios públicos, educación, salud, comercio y seguridad digital viajan y se almacenan fuera del continente. La región, incluyendo México, depende de servidores alojados en centros de datos de empresas como Amazon, Microsoft o Google, la mayoría bajo jurisdicción estadounidense.
Esto no solo plantea un riesgo de seguridad nacional, sino que pone en entredicho la capacidad de los gobiernos para proteger la información de su ciudadanía, regular el acceso y uso de esos datos y desarrollar tecnologías propias.
EN MÉXICO, UNA ESTRATEGIA FRAGMENTADA Y TARDÍA
En 2024, México creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con el objetivo de impulsar soluciones tecnológicas públicas y fortalecer la infraestructura digital del Estado. Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado, sin una estrategia nacional de soberanía digital clara ni legislación específica que regule la ubicación, acceso y control de los datos críticos.
El país carece de un marco legal que limite el uso de servicios extranjeros para gestionar información pública, y sigue sin establecer una política nacional que promueva el desarrollo de centros de datos soberanos, software estatal o redes de telecomunicaciones bajo control nacional.
Mientras tanto, los datos de millones de ciudadanos mexicanos siguen alojados en nubes extranjeras, expuestos a leyes extraterritoriales como el Cloud Act de Estados Unidos, que permite a su gobierno acceder a información almacenada por empresas estadounidenses, sin requerir autorización del país donde se encuentra el servidor.
OAXACA, EN LA RETAGUARDIA TECNOLÓGICA
El caso de Oaxaca ilustra con crudeza las desigualdades digitales dentro del propio México. En un estado con enormes brechas de conectividad, limitado acceso a servicios digitales y escasa infraestructura tecnológica, hablar de soberanía digital parece un lujo distante.
En gran parte del territorio oaxaqueño, la digitalización del gobierno avanza lentamente. Muchas comunidades carecen incluso de conexión estable a internet, mientras que las instituciones públicas utilizan servicios de almacenamiento de datos sin tener claridad sobre dónde se alojan o quién tiene acceso a ellos.
La ausencia de políticas locales para promover la alfabetización digital, el desarrollo de tecnologías comunitarias o la construcción de infraestructura estatal deja a Oaxaca especialmente expuesta al control externo de su información y a la dependencia total de plataformas foráneas.
DESAFÍOS CLAVE PARA MÉXICO Y SUS ESTADOS
Marco Legal Actualizado: México necesita una ley integral de soberanía digital que establezca criterios sobre localización de datos, uso de servicios extranjeros y límites al acceso extraterritorial.
Infraestructura Propia: El desarrollo de centros de datos soberanos, plataformas de nube estatal y software público debe ser una prioridad presupuestaria y estratégica.
Capacidades Técnicas: Se requiere inversión urgente en formación de talento nacional en ciberseguridad, ingeniería de datos, inteligencia artificial y derecho digital.
Descentralización Tecnológica: Estados como Oaxaca deben ser considerados prioritarios en una estrategia nacional de inclusión y justicia digital, con acciones específicas para cerrar brechas y empoderar a las comunidades.
Participación Ciudadana: Sin ciudadanía informada y activa, no habrá presión ni vigilancia social sobre el uso ético, transparente y seguro de los datos.
LO QUE PUEDEN HACER LOS GOBIERNOS Y LA SOCIEDAD
GOBIERNOS:
- Establecer leyes de localización obligatoria para datos sensibles.
- Invertir en tecnologías propias y plataformas digitales seguras.
- Crear alianzas regionales para compartir buenas prácticas y fortalecer la autonomía tecnológica frente a las grandes corporaciones globales.
CIUDADANÍA:
- Exigir transparencia sobre el destino y uso de sus datos personales.
- Participar en procesos de consulta pública sobre políticas digitales.
- Fortalecer su conocimiento sobre derechos digitales, ciberseguridad y el uso consciente de plataformas tecnológicas.
SOBERANÍA DIGITAL O DEPENDENCIA PERMANENTE
México, y particularmente estados como Oaxaca, están ante una encrucijada. Continuar dependiendo de tecnologías ajenas es entregar parte de su soberanía política, económica y social.
Finalmente, la oportunidad está sobre la mesa, pero requiere voluntad política, inversión decidida y una ciudadanía crítica y activa. De lo contrario, el país seguirá siendo usuario, pero no dueño de su futuro digital.
