No lo decimos nosotros. La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha dicho una y otra vez: el gobierno de México ha visto con poca seriedad los efectos de la pandemia de covid-19. De manera recurrente, diversos directivos de dicho organismo multilateral, han insistido en el tema, como es el caso del relajamiento de una supuesta nueva normalidad y el riesgo de rebrotes, entre otras cosas. Dicha amenaza se ha dado incluso en países europeos en donde presuntamente se había superado la pandemia. No es así. Empero, desde el inicio de la contingencia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se cerró a cualquier posibilidad de escuchar otras opiniones o sugerencias, para echar materialmente todos los huevos en una canasta: la del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, que un día ha dicho que el “pico de la pandemia” será en una semana y al estar en ésta dice que será en la otra.
Desde marzo hemos estado escuchando mentiras o verdades a medias; pronósticos errados o vaticinios temerarios. Pero no se ha escuchado otra voz. Hace poco más de una semana, el referido funcionario suspendió la difusión de las estadísticas diarias de contagios y conteos, para amenazar con decirlas cada semana. Es importante subrayar que siempre se negó a la aplicación de pruebas rápidas y, con el ardid de su “modelo centinela”, dejó correr la enfermedad sin proponer alguna alternativa de contención. La realidad hoy mismo es preocupante. Nada ha podido contener la pandemia. Sufrimos una mortalidad superior a la de China. Y el citado funcionario continúa cometiendo tropiezos y barbaridades con la anuencia de quien manda en el país, alentando con ello que cada día más mexicanos y oaxaqueños mueran.
El viernes 10 de julio, el referido López-Gatell apareció con otra barrabasada: luego de que fue él mismo quien puso en marcha el famoso semáforo epidemiológico, ante el reclamo de algunas entidades del país de que fue un desacierto, sobre todo en Oaxaca, dado que cuando cambio de rojo a naranja, fue cuando se dieron más contagios al igual que en otras entidades, simplemente les volvió a echar la bolita a los gobiernos estatales, señalando inconsistencias en la información aportada y otros argumentos. Esto es, en sólo una semana la Federación, a través del referido funcionario, dio marcha atrás con sus medidas sanitarias.
Investigar corruptelas
Desde el inicio de su gestión, el gobernador Alejandro Murat advirtió a sus colaboradores que cualquier indicio de corrupción, tráfico de influencias o conflicto de intereses al interior de su gabinete sería no solamente investigado sino sancionado con todo el peso de la ley. Pese a esta advertencia, han trascendido acciones que dejan mucho qué desear, sobre todo porque en la práctica, los organismos ciudadanos y aún la Fiscalía Especial creada exprofeso para documentar actos de corrupción, no operan. O es por falta de presupuesto o, simplemente, porque no hay voluntad política para actuar en contra de aquellos que, detentando un cargo público, lo han utilizado para sus fines personales. Todos recordamos en abril de 2017, cuando quien fuera Secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés, tuvo que renunciar al cargo cuando se descubrió que una de las aeronaves del gobierno estatal, un helicóptero Augusta, había sido utilizado para trasladar a su familia a Puerto Escondido. Fue el primer caso que el ejecutivo estatal no dejó pasar.
Pero se han dado muchas denuncias más sin que se hayan tomado cartas en el asunto. En los últimos días los medios se han dado vuelo para denunciar a Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), dependencia que habría otorgado obras a empresas que están en la mira de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), por presuntas operaciones fraudulentas, domicilios falsos o acreditaciones que no corresponden al objetivo que dicen cumplir. El mismo caso se ha extendido a la Comisión Estatal de Vivienda (Cevi), en la contratación de empresas del mismo corte. No obstante, lo documentado de las denuncias, las dependencias responsables no han actuado en consecuencia y dado una satisfacción a la sociedad oaxaqueña.
Otras áreas del gobierno estatal, como es el caso de la Secretaría de Economía, tampoco se han salvado de acciones que conllevan el estigma de la corrupción, cuando existen datos sobre conflicto de intereses o de otorgar beneficios a empresas familiares. Sin duda alguna, no es difícil encontrar la hebra de dichas acciones, como es la contratación de empresas recomendadas para eventos, para ferias u otras. Es una demanda ciudadana terminar con este tipo de prácticas, que afectan la imagen y el trabajo de un gobierno. Hay que recordar, asimismo que, durante los sismos de septiembre de 2017, que fustigaron al Istmo de Tehuantepec, algunos de los principales beneficiarios de la remoción de escombro, de traslado del mismo y otras acciones para la reconstrucción, habrían sido funcionarios públicos.
