El pago de pensiones se ha convertido en uno de los principales compromisos financieros del Gobierno federal. A septiembre de 2026, estos recursos absorbieron 24 por ciento del gasto público ejercido, es decir, prácticamente uno de cada cuatro pesos se destinó a cubrir los ingresos de personas jubiladas y los programas de apoyo para adultos mayores y mujeres.
Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que el gasto acumulado en pensiones contributivas, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar alcanzó un billón 742 mil 384.7 millones de pesos durante los primeros nueve meses del año.
El incremento responde, entre otros factores, al envejecimiento de la población mexicana y a la ampliación de los programas de transferencias sociales, una combinación que representa un desafío creciente para las finanzas públicas.
MÁS DE DOS BILLONES DE PESOS PARA PENSIONES EN 2026
Las pensiones contributivas, correspondientes a los trabajadores retirados del IMSS, Pemex, CFE e Issste, acumularon un gasto de un billón 261 mil 276.9 millones de pesos a septiembre, lo que representa un crecimiento real anual de 5 por ciento.
Por su parte, la pensión universal para adultos mayores registró 438 mil 829.7 millones de pesos, con un aumento real de 6.6 por ciento, mientras que Mujeres Bienestar ejerció 42 mil 278.1 millones, un incremento de 204.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.
Para el cierre de 2026, el gasto total previsto en estos tres esquemas asciende a 2 billones 304 mil 341.2 millones de pesos. La cifra refleja la dimensión que han adquirido las obligaciones pensionarias dentro del presupuesto nacional.
Las proyecciones apuntan a que en 2027 el monto aumentará a 2 billones 443 mil 601 millones de pesos, sin incluir las pensiones destinadas a personas con discapacidad permanente.
JUBILADOS DE CFE RECIBEN HASTA 31 VECES MÁS QUE ADULTOS MAYORES
Además del crecimiento del gasto, las pensiones exhiben una marcada desigualdad entre los distintos sistemas de retiro, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.
Las diferencias son considerables: un pensionado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibirá, en promedio, un millón 175 mil 344 pesos anuales del presupuesto, mientras que uno de Pemex tendrá 616 mil 225 pesos.
En contraste, los jubilados del Issste recibirán en promedio 276 mil 880 pesos y los del IMSS, 169 mil 725 pesos.
La distancia también es evidente frente a los programas sociales. Para 2027, cada beneficiario de la pensión universal para adultos mayores recibirá 37 mil 560 pesos anuales, mientras que las mujeres inscritas en Mujeres Bienestar obtendrán 19 mil 268 pesos y las personas con discapacidad, 15 mil 971 pesos.
De esta manera, el ingreso promedio de un pensionado de la CFE será aproximadamente 31 veces superior al apoyo anual destinado a un adulto mayor y siete veces mayor al de un jubilado del IMSS.
EL RETO: PAGAR LAS PENSIONES SIN COMPROMETER OTROS GASTOS
El crecimiento de las obligaciones pensionarias plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, especialmente ante una población que envejece más rápido de lo previsto.
La transición demográfica, advertida desde hace años por especialistas y organismos internacionales, adquirió mayor relevancia tras la publicación de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A esta presión se suma la desigualdad entre los diferentes esquemas de retiro, donde los montos que reciben los jubilados dependen en buena medida del sistema al que pertenecieron durante su vida laboral.
Mientras el Gobierno federal mantiene y amplía los apoyos universales, el desafío financiero consiste en garantizar su continuidad, cubrir las pensiones contributivas y atender las diferencias entre los ingresos de los distintos grupos de retirados.
El problema no se limita a cuánto dinero se destina actualmente, sino a cuánto deberá presupuestarse en los próximos años para responder a una población cada vez más envejecida, sin reducir los recursos disponibles para salud, educación, infraestructura y otros servicios públicos.
