La violencia en México generó un costo económico de 5.16 billones de pesos durante 2018, que representa 24% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 10% más que en 2017 y otorga, además, una perspectiva del deterioro de la paz en el país.
Este cálculo, elaborado por el Índice de Paz México 2019, toma en cuenta pérdidas en términos de bienestar, por déficit de productividad, ingresos no percibidos, distorsiones en el gasto, así como costos públicos y privados.
El estudio elaborado por el Institute For Economics & Peace, un think tank independiente basado en Sídney, Australia, detalla que el costo per cápita por la violencia en el país asciende a 41,000 pesos anuales.
“La pregunta aquí es: ¿qué podríamos estar haciendo con esos recursos?”, señaló Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz en México.
El índice señala que el año pasado el nivel de paz se deterioró 4.9%, lo que constituye el tercer año a la baja, desde 2012 que se lleva a cabo esta medición.
Dicha disminución se debe en gran medida al aumento de los homicidios hasta en 14%, el aumento de la violencia política y en contra de periodistas.
El homicidio y los delitos con violencia representan 82% del impacto económico de la inseguridad.
Las pérdidas económicas directas por los homicidios ascienden a 228.4 millones de pesos y comprenden el costo que representan los gastos privados de un funeral y la puesta en marcha de una investigación en ese sentido.
En tanto, el costo indirecto se calcula en 2,174.2 millones de pesos debido a las pérdidas económicas de la muerte de una persona en edad productiva que no podrá seguir generando riqueza para el país.
Los delitos con violencia representan un costo directo de 297.2 millones de pesos y las pérdidas económicas indirectas ascienden a 994.8 millones de pesos.
También mide las pérdidas económicas que genera el miedo, es decir, el gasto que no se genera cuando los ciudadanos evitan salir, acudir a un centro turístico e incluso establecer negocios debido a la crisis de violencia; el cual asciendo a 74 millones de pesos en 2018.
En contraste, la inversión en seguridad interna y el sistema judicial por parte del gobierno mexicano es de 0.81% del PIB, que equivale ala mitad del promedio de los países que integran la OCDE.
“México no sólo debe invertir más en justicia y seguridad en fortalecer sus instituciones sino invertir mucho mejor, con mayor estrategia e inteligencia”, señaló el especialista.
