Si bien muchos festinaron la liberación de las calles de Armenta y López que desde hacía casi tres años mantenían bloqueada a la circulación los dirigentes del Cártel 22, al permitir que ahí se montara una especie de tianguis y vendimia, lo cierto es que nada hay qué festinar. El gobierno de Alejandro Murat debe escuchar la demanda de la ciudadanía que ha exigido que dicho espacio fuera liberado desde hace mucho. Los negocios que ahí existían quebraron ante la infamia de mantener la calle cerrada, sin más argumento que una cerrazón de los capos del Cártel y secuaces. No es pues una gratuita concesión de estos torpes el haberla liberado. Asimismo, está cuajando ya un movimiento de ciudadanos que exigen al gobierno que los pasillos del Palacio de Gobierno y las calles aledañas al mismo, como son Bustamante y Flores Magón, queden ya liberadas de la presencia de indígenas triquis, que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo ha de desconocer a ciencia cierta la naturaleza de aquellos a los que protege, pues lo único que hacen las cauteladas es desafiar la autoridad del Estado y vivir como parásitos del erario público.
Con motivo de los festejos del “Grito de la Independencia” y el desfile conmemorativo, funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), acudieron a convencer a las mujeres triquis que estaban prácticamente posesionadas de ese pasaje público. Sin embargo, existe la certeza de que no tardan en volver. Ya conocemos cómo operan y cómo actúan. No hay un grupo indígena de gente tan vividora como el triqui. Viven extendiendo la mano con el falaz argumento de que son indígenas. Donde quiera que van generan problemas. Y no se trata de una visión racista ni, mucho menos discriminatoria. Es una realidad. Pero lo que está en tela de juicio es su pretensión de hacer suyos los espacios comunes como ya hemos dicho. Sea ante la CNDH o la CIDH, el gobierno debe exigir la liberación de los espacios públicos como lo exige la ciudadanía. No hay argumentos legales ni siquiera la famosa libertad de expresión para que nuestro Centro Histórico, el corazón de nuestra capital, Patrimonio Cultural de la Humanidad, siga secuestrado por farsantes vestidos de indígenas. El desalojo de dichos espacios debe ser una prioridad para este gobierno, pues dejar las cosas tal cual, será darles la potestad de seguir lucrando con los mismos.
A un año del otro sismo
Un día como hoy, pero de 1985, la ciudad de México se estremeció con un mega sismo que devastó por completo partes de la capital, pero además, dejó una cantidad no estimada de muertos. Cifras conservadoras hablan de más de diez mil y otra cantidad de heridos y desaparecidos. Las heridas de dicha tragedia subyacen en el fondo de nuestra conciencia nacional. Sólo nos levantó el orgullo y la solidaridad de todos los mexicanos, la cual rebasó por completo la acción del gobierno de la ciudad y la Federación. Miles y miles de damnificados jamás vieron resarcir sus pérdidas materiales. Hoteles, edificios públicos, casas-habitación, etc., se vinieron abajo por la fuerza del siniestro. Sin embargo, con una precisión casi cronométrica, 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, otro sismo de 7.1 grados en la escala de Richter habría de abrir de nueva cuenta las heridas y crear escenarios de terror, pero también de heroísmo, solidaridad, exhibir las fallas que ha traído consigo la corrupción y los malos gobiernos. Y al filo de la una de la tarde, este temblor nos volvió a golpear a los oaxaqueños que apenas once días antes habíamos padecido uno de los sismos más fuertes de la historia.
Este siniestro no fue letal para la región istmeña sino para algunas poblaciones de la Mixteca, como es el caso de Huajuapan de León y otras. Varios templos de la época colonial resultaron afectados. Fue otro golpe que recibieron los oaxaqueños pues también hubo afectaciones en otras zonas. Lo grave de todo es que la ayuda de la Federación que se había volcado para la zona afectada por el sismo del 7 de septiembre, se desvió hacia la ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México, en donde fueron graves los efectos de dicho movimiento telúrico. Prácticamente los damnificados oaxaqueños quedamos relegados a segundo plano. No obstante la certeza de que Oaxaca es una región altamente sísmica, tal parece que las autoridades siguen sin tomarlo en cuenta y actúan con la inmediatez del momento. Hay que recordar que de 100 sismos fuertes o suaves que ocurren en el país, al menos 90 ocurren en Oaxaca. Esta realidad quedó clara con los más de cinco mil movimientos de tierra que siguieron al mega-sismo de 8.2 grados que devastó el Istmo de Tehuantepec. Es tal la incidencia que a veces los sismos no se perciben, pero se dan.
